La Moncloa recrudece los ataques a los jueces, a los que llama «lobos solitarios» y «salvapatrias»

El Gobierno, cercado por la judicialización de la política, ha decidido abonarse a la politización de la justicia como ariete electoral para tratar de desactivar el efecto perverso que las investigaciones tienen en la desafección de sus votantes. Con una multiplicidad de frentes en los ... tribunales, que van desde las causas de familiares —la mujer y el hermano del presidente del Gobierno—, a los casos de corrupción —trama de las cloacas, financiación o Zapatero, entre otros— pasando por la fiscalización a la propia gestión gubernamental —'ley de nietos' o la entrada masiva en Ceuta—, en Moncloa han dado orden a ministros y cargos socialistas de recrudecer sus ataques a los jueces para tratar de generar una sensación de indefensión que espolee a un electorado potencialmente desmovilizado. La proclama es básica y tendente a la repetición: un sector de la judicatura ha decidido alinearse con los intereses de la derecha y la ultraderecha para tratar de desestabilizar al Ejecutivo y contribuir a su caída. La música no es nueva y ya suena a la vieja cantinela victimista de la persecución, pero la letra ha escalado considerablemente en el tono y los decibelios. La decisión que ha activado la retórica encendida ha sido la decisión del Tribunal Supremo de suspender el censo de la 'ley de nietos' , que consideró un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de próximos comicios las condiciones en las que se estaban produciendo las actuales inscripciones. El posicionamiento del Alto Tribunal supone un nuevo choque que el Ejecutivo ha buscado amplificar. En Moncloa ubican la ruptura con el Supremo en la ley de amnistía, algo que piensan «algunos no les han perdonado» y cuyo peaje han ido pagando en decisiones como la condena al fiscal general del Estado o el aviso, que finalmente quedó en nada, de la regularización masiva de inmigrantes. Quien salió a marcar la posición —la línea dura— fue el titular para la Transformación Digital y Función Pública. Integrante del núcleo duro de Pedro Sánchez, otrora jefe de Gabinete hasta que ascendió a ministro, tildó la resolución sobre la 'ley de nietos' de «salvajada» al afectar a los derechos fundamentales y acusó al tribunal de «alimentar a la ultraderecha» en sus tesis sobre un pucherazo electoral.Óscar López no se quedó ahí y pasó a definir a este sector de la judicatura como «'salvapatrias' que hacen lo posible para derrocar a este Gobierno», deslizando de nuevo el tipo delictivo de la prevaricación. «Hay sectores, lobos solitarios, que atienden a la llamada de Aznar», aseguró en una entrevista en TVE, en referencia a la frase del expresidente del Gobierno que impelía a que «quien pueda hacer que haga». Fue el propio presidente del Gobierno quien abrió fuego con esta estrategia hace un año, también en una entrevista en la cadena pública, en la que acusó a «algunos jueces» de hacer política. En los meses que separan ambas declaraciones la escalada verbal ha sido evidente, pues ahora, desde el Ejecutivo se sostiene que «hay jueces que no están aplicando correctamente la justicia» para reiterar que estarían «empeñados en que todo vale para derrocar a este gobierno».Más allá de la imputación verbal de prevaricar, que es ya recurrente, desde el Gobierno solo han emprendido acciones judiciales en una ocasión por este tipo delictivo. Fue la Abogacía del Estado —en nombre del presidente Sánchez— contra el juez Juan Carlos Peinado, en la causa de Begoña Gómez. No tuvo recorrido judicial. Este magistrado también ha provocado otra de las recientes invectivas gubernamentales contra el Poder Judicial de las últimas horas, por boca del propio ministro de Justicia. Félix Bolaños ha acusado al CGPJ de «corporativismo» y «conservadurismo» por no dar curso a sus quejas contra el instructor. Bolaños ha recurrido el archivo y ha considerado que su decisión «difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general», apuntando que «las irregularidades denunciadas protagonizadas por el magistrado instructor, muchas de ellas ampliamente conocidas por la opinión pública, han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia». De nada sirvió que en la pasada apertura del año judicial, la presidenta del Poder Judicial reprendiera al Gobierno por la «extrema gravedad» de sus acusaciones a jueces de adoptar «decisiones por razones políticas y no jurídicas». En Moncloa asumen que no pueden revertir el devenir de las causas judiciales que les son adversas y ante la imposibilidad de dar la vuelta al marcador han decidido culpabilizar al árbitro de la derrota.