Recta final de un mandato perdido

Tres años después de la constitución de las Cortes, la XV legislatura encara su recta final marcada por una improductividad legislativa epítome del bloqueo de un mandato perdido. Pedro Sánchez preside un Gobierno en minoría, sin una mayoría parlamentaria estable y sin Presupuestos Generales del Estado. La aritmética que permitió su investidura se ha demostrado incapaz no ya de sostener una agenda legislativa ambiciosa, sino mínimamente consistente, lo que ha abocado a esta legislatura a un permanente estado de puente muerto. La falta de una mayoría parlamentaria clara, la ruptura de Junts con el Gobierno, los vetos cruzados entre los socios del frente Frankenstein y el bloqueo impuesto por el Ejecutivo, con la ayuda de la Mesa del Congreso, a las iniciativas que llegan desde el Senado han hecho inviable salir del desbloqueo. Tanto es así que la legislatura se da en el Parlamento prácticamente como concluida. Y los diferentes grupos, pese a la insistencia del Ejecutivo, se muestran radicalmente escépticas ante la posibilidad de articular acuerdos. Tal como informamos hoy, nunca antes se habían aprobado tan pocas leyes en el primer trienio de legislatura. Las 32 normas de máximo rango que han salido adelante en este trienio son menos que las que se aprobaron en los primeros tres años de cualquier legislatura. A ello se suma que Sánchez es el jefe del Ejecutivo que más abusa del decreto, superando con mucho a sus precedesores. Desde 2018 ha aprobado 168 decretos, frente a los 107 de Mariano Rajoy, los 108 de José Luis Rodríguez Zapatero, los 127 de José María Aznar o los 130 de Felipe González en 14 años de mandato. El líder del PSOE es también el presidente al que más decretos le han tumbado. Y ni siquiera la tramitación de los decretos como proyecto de ley, un procedimiento que usa el Gobierno para acallar las protestas de los grupos por no participar en la redacción de las normas, le ha garantizado estabilidad a Moncloa. Más de 30 proyectos de ley remitidos por el Consejo de Ministros a la Cámara se mantienen en fase de ponencia o de enmiendas. Y el Congreso sólo está tramitando un texto procedente del Senado, en un veto claro a la cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. En conjunto, hasta 170 normas siguen en espera. En este contexto, la presentación del proyecto de Presupuestos, aún a sabiendas de que no saldrá adelante, constituye un compromiso que, de cumplirse, empantanaría aún más la situación en la Cámara Baja. Estos números revelan el atasco de un mandato exangüe. Una democracia parlamentaria necesita que el Parlamento legisle y controle al Gobierno. Cuando no existe una mayoría y el Ejecutivo tampoco puede legislar con el ritmo que requiere el país, el normal funcionamiento del poder legislativo se ve amputado. El colapso de esta legislatura ya parece incorregible. Prolongarlo no sólo no lo resolverá, sino que hará más evidente que el país necesita devolver cuanto antes la palabra a los ciudadanos.