Madrid redobla sus ataques al cirujano que denunció las listas de espera: “Las manipuló para trabajar menos”

La Comunidad de Madrid ha aprovechado este miércoles la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno para atacar de frente al cirujano que ha denunciado la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal. “Este caso es muy sencillo: el mismo denunciante es el que manipuló las listas de espera. Es un trabajador del hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos. Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera”, ha declarado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que ha comparecido expresamente por este escándalo. A la denuncia de este cirujano se unieron las de otros tres especialistas con los que habló este periódico, que avalaron sus quejas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso promueve “la ley del silencio” para beneficiar a la sanidad privada. Por el momento, Madrid quiere reducir el caso desvelado por EL PAÍS a un conflicto entre el cirujano y su jefe de servicio. De hecho, la presidenta ha difundido en redes la comparecencia de la consejera con un mensaje muy contundente: “El bulo del día contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No encontrarán la verdad en RTVE. Habrá que acostumbrarse hasta las elecciones”. Matute anunció el martes que va a investigar si los responsables de ese hospital rebajaron la prioridad de las cirugías a pacientes en lista de espera a espaldas de los médicos que habían valorado a esos enfermos. Pero esa investigación viene condicionada de origen porque la propia Matute cuestionó la credibilidad del denunciante, el cirujano Luis Alberto Martos, y adelantó el desenlace: todo es correcto, según dijo. Ahora, ha ido a más, mucho más. Matute ha destacado que el cirujano ha sido acusado de “rajar las ruedas y de rayar el coche de su jefe de servicio”. Martos ha asegurado a este periódico que ese incidente se investigó y se cerró por falta de pruebas y que esa causa se abrió contra él con “fines difamatorios”. Pero la ministra García ha salido en su defensa y ha alertado de que Madrid no va a investigar “las malas prácticas”, sino a “ellos”, a los que denuncian. “Hay una especie de ley del silencio, de omertá, en la que estamos inmersos. Lo que tenía que investigar la señora Matute no lo va a hacer porque parte del interés tiene que ver con maquillar las listas de espera, parte de los incentivos que vienen de la Consejería de Sanidad, de la propia consejera”, ha señalado García este miércoles al término de la presentación de un informe. García ha recalcado también que parte del afán en manipular las listas de espera es para beneficiar a la sanidad privada. “Hay interés en que no se conozca la realidad para que esas listas de espera sirvan de alimento para ir a la privada, ya sea Quirón o hacerse un seguro privado. Esto no es nuevo, hay que preguntarse por qué desde que gobierna Ayuso las listas de espera se han duplicado”, ha añadido. Los hechos denunciados ocurrieron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, cuando 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (180). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr el resultado esperado: que los pacientes fueran operados en plazo. EL PAÍS ha accedido a documentos y correos que muestran que la alteración fue orden de estos dos responsables y ha hablado con cuatro médicos del servicio que aseguran que no se les consultó. El cirujano que ha facilitado estas pruebas denunció lo ocurrido a la gerencia sin lograr una respuesta. Semanas después, el hospital abrió un expediente disciplinario contra Martos. La manipulación de las listas de espera es una sospecha generalizada en la sanidad española porque existen incentivos electorales (las administraciones publican esta métrica mensualmente en internet) y también económicos (los médicos con responsabilidades cobran bonos de productividad si cumplen objetivos). En Madrid es conocido el caso que en 2005 llevó a la región a ser expulsada durante 10 años del sistema nacional de cómputo de listas quirúrgicas cuando se supo que la demora para una operación era contabilizada desde la visita al anestesista, en lugar del momento anterior en que el médico prescribe la operación. Es decir, el cronómetro se activaba después de lo debido para mejorar las cifras. Las acusaciones de la consejera sobre las motivaciones del cirujano para denunciar este caso no se han quedado ahí. Aunque otros tres especialistas corroboraron lo dicho por Martos, Matute apela a “una relación de parentesco” de una de las especialistas para restarle credibilidad. En efecto, se trata de su pareja, pero siguen existiendo otros dos testimonios. La consejera evita hablar de eso y se escuda en “un intento de volver a fabricar una mentira para atacar a este Gobierno”. Para Matute, el cirujano se encuentra detrás de la misma manipulación que denuncia, y lo reduce a 57 expedientes. Sin embargo, los emails y las capturas de pantalla publicadas por este periódico dejan claro que los cambios se hicieron por orden del jefe de servicio y de la dirección médica. La Comunidad de Madrid sostiene que es una mentira que la ministra García intenta vender como “un caso generalizado”. “La peor ministra de Sanidad de la historia no soporta el éxito de esta sanidad madrileña. Su principal misión es boicotear la sanidad madrileña y ha encontrado la excusa perfecta para no hablar de su pésima gestión en Ceuta o de cómo tiene abandonados a los médicos de toda España con la peor huelga de la historia, que sí va a aumentar las listas de espera”, ha insistido. La guerra entre Madrid y Sanidad es total. La ministra ha insistido en que lo que pasa en la Comunidad de Madrid es solo la punta del iceberg y ha reiterado la necesidad de modificar el real decreto de las listas para obligar a los territorios a entregar información mensualmente y no solo dos veces al año. “En diciembre y en junio ocurre la magia de la ingeniería estadística en las listas de espera. Los datos nos los tienen que dar mensualmente, es más fácil tapar a los pacientes dos veces al año que hacerlo todos los meses del año. Por eso necesitamos que el PP y las comunidades aprueben un decreto que lleva obsoleto desde 2003, que lo único que pone es luz, transparencia y trazabilidad, que no se pueden hacer estas trampas o lo que yo puedo considerar un fraude”, ha propuesto. Además de obligar a las autonomías a entregar datos mensualmente, la modificación que propone el ministerio permitirá que los cirujanos sean los únicos habilitados para determinar que un paciente necesita estar en una lista de espera para acceder a una intervención médica. “Sabemos que a día de hoy esto no es así. Desde que un cirujano indica una cirugía, hay una lista limbo en la que los pacientes no saben si están o no en una lista de espera, esto es parte de la manipulación”, ha concluido.