Magdalena, al borde del desahucio a los 70 años: “Me venden el piso, pero no me lo quieren alquilar”

Magdalena Cortés espera sentada en una silla de comedor, a pie de calle, la llegada de la comitiva judicial que debe desalojarla del piso en el que vive desde hace 48 años, en el barrio de Sant Roc de Badalona, uno de los más pobres de Cataluña. “Era de un hombre que se fue y lo dejó abandonado… Hasta que mi cuñado entró con una patada en la puerta”. La vivienda está en una quinta planta sin ascensor. Con muletas y las piernas hinchadas (en unos días pasará por quirófano), a Magdalena, que ahora tiene 70 años, le ha costado horrores bajar las escaleras y dejar la vivienda: 50 metros cuadrados donde viven otras ocho personas —cuatro hijos, una nuera, un yerno y dos nietos, uno de ellos un bebé de pocos días— y dos perros. El desahucio por impago ha sido solicitado al juzgado por Promontoria Real State Coliseum, una inmobiliaria vinculada a un fondo de inversión que es propietario de un buen puñado de pisos en esta zona degradada de Badalona, según Carles Sagués, una de las caras visibles de la plataforma que casi a diario trata de frenar desahucios en el barrio. Como es martes, la cosa pinta bien: las unidades de orden público de los Mossos suelen reservar el jueves para los desahucios que, sí o sí, van a ejecutarse. Sagués explica a las funcionarias la situación de Magdalena y de su familia, y la comitiva accede a aplazar la ejecución del lanzamiento hasta finales de junio. La mujer ha ganado tiempo, un mes, para que los servicios municipales le ofrezcan alguna alternativa o “al menos presionen a la propietaria para buscar algún acuerdo”, cuenta Sagués. Magdalena tenía claro lo que iba a hacer, o lo que hará, en caso de que el desahucio se haga efectivo. “Si me echan, me vuelvo a meter, no me da vergüenza decirlo. Ya pueden poner alarma o lo que sea. El piso no es de nadie. Si hubiera un dueño que lo necesitara, sería distinto, pero aquí la única dueña soy yo”. El piso es, en puridad, propiedad de la empresa, que según su relato le ofreció comprar la casa donde ha vivido medio siglo. Esa es la salida que los fondos de inversión inmobiliaria, según las plataformas de apoyo vecinales, ofrecen a los residentes de pisos que o bien viven como ocupas o bien no pueden hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca. Según esas plataformas, Magdalena había llegado a abonar mensualidades a la entidad bancaria que, anteriormente, era propietaria del inmueble. La mujer cuenta que la inmobiliaria le propuso comprar el piso por 49.000 euros, cifra que después rebajó hasta los 30.000. Percibe una pensión y dice que no puede pagarlo. “El problema es que ellos quieren el dinero de golpe. Y si no tenemos para comer, no sé cómo vamos a pagar eso”, tercia uno de los hijos, Antonio, de 47 años, que coincide con su madre en que la propietaria ha rechazado negociar el pago de un alquiler. “Yo podría pagar 200 o 250 euros al mes. Me venden el piso, pero no me lo quieren alquilar de ninguna manera”, dice Magdalena. El caso de Magdalena no es aislado, sino la tónica general en Sant Roc, explica otro de los voluntarios jubilados que ha acudido este martes frente al bloque de viviendas. Extrabajador de banca, cuenta por qué los fondos, que han sustituido en parte a los bancos como grandes tenedores, no quieren cederlos para alquiler. “Se gastarían más en arreglar el piso de lo que vale y no quieren. La salida que ofrecen es comprar el piso porque quieren quitárselos de encima. Ya hicieron negocio con los inmuebles que se podían vender, estos no tienen salida más allá de sus propios vecinos. Si yo estoy consiguiendo que vendan pisos por 35 o 40.000 euros, qué no se conseguiría con la presión de las administraciones”, reflexiona. Le secunda Sagués, quien critica que la actitud de los grupos inversores es “más dura y beligerante” que la de la banca. “Acceden a negociaciones de compraventa y, aunque son cantidades pequeñas, para personas como Magdalena son difíciles de asumir. Eso sí, se niegan rotundamente a la posibilidad del alquiler”, que les obligaría a llevar a cabo una inversión para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad, agrega. Sagués insiste en que las administraciones deben implicarse y “presionar” a los grandes tenedores para que sean más flexibles y abran sus paquetes de viviendas, también, al alquiler.