La crisis de Holaluz atrapa al Estado con el ICO como su gran avalista

El Estado, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), es el principal avalista financiero de Holaluz, la comercializadora eléctrica sobre la que el Gobierno ha iniciado trámites para su inhabilitación comercial. Se da así la paradoja de que el Estado tira piedras sobre su propio tejado. Holaluz es uno de los emblemas de las nuevas comercializadoras que surgieron con la liberalización eléctrica para competir con los grandes grupos: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Su inhabilitación ahora la sume en una situación incierta. Ayer, BME Growth -el mercado bursátil español para pymes- suspendió la cotización de las acciones de la compañía ante las noticias ocurridas este fin de semana sobre la retirada de la licencia para vender luz (tal como adelantó la edición online de EXPANSIÓN del pasado sábado ). El director de supervisión de BME Growth, Álvaro Castro, ha informado de la suspensión "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Antes de la suspensión, Holaluz valía 27 millones. Según recogía el BOE, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento administrativo para extinguir la habilitación de Holaluz como comercializadora de energía eléctrica. En paralelo, se inicia, "el procedimiento de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia" [Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy]. Este procedimiento de retirada de licencia se aplica legalmente cuando una empresa comercializadora de electricidad no cumple con sus obligaciones de pago a los proveedores de la energía que luego usa para revender a clientes, y/o con los compromisos de pago de los peajes eléctricos para cubrir costes de la red de distribución de luz. Holaluz, el mayor caso Según la Comisión de Competencia (CNMC), en España se han retirado ya 40 licencias por ese motivo a otras tantas empresas, que han dejado un agujero de unos 300 millones. Por clientes, y deuda, si no se resuelve el caso de Holaluz sería el mayor ejemplo hasta ahora en esa lista. Holaluz salió ayer al paso con un comunicado al BME Growth diciendo que el procedimiento iniciado por el ministerio es "un trámite administrativo puntual dentro del marco regulatorio del sector, que la compañía está gestionando conforme a los procedimientos habituales". Por otra parte, añadió que "se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos". Además, "la actividad comercial de la compañía continúa desarrollándose con total normalidad". Y "el suministro eléctrico a todos los clientes está plenamente garantizado y no se ve afectado por este proceso". Las dudas, en cualquier caso, se ciernen sobre la empresa, que lleva dos años intentando remontar una crisis financiera. No es la primera vez que Holaluz (uno de los grupos más agresivos y conocidos entre los nuevos comercializadores de luz) se aproxima a la inhabilitación. En otras ocasiones se consiguió evitar en el último minuto. La crisis empezó con el desbarajuste de precios eléctricos tras la guerra en Ucrania. Al borde del colapso En 2024, Holaluz se vio al borde del colapso, pero consiguió evitarlo con un plan de salvamento que supuso el respaldo del ICO, entidad dependiente del Ministerio de Economía. Según los últimos datos presentados por Holaluz, el 70% de la deuda corporativa del grupo está respaldada por el ICO. El plan de rescate dio lugar a la entrada del fondo Icosium, vinculado al empresario franco-argelino Lotfi Bellahcene. Controla el 33%. El fondo español Axon Partnerse tiene el 11%. Los socios fundadores Oriol Vila, Ferrán Nogué y Carlota Pi tienen casi el 10% cada uno. Salvedad de EY La inhabilitación sorprende a la compañía en mejor situación que en 2024, pero con graves problemas sin resolver. EY, el auditor, emitió un informe con salvedades el pasado año. Señalaba que el grupo había generado pérdidas de 22 millones en 2025, siendo el fondo de maniobra negativo. El cumplimiento de sus obligaciones de pago, decía, dependía del de su plan de negocio y de las previsiones de tesorería. Todo ello llevaba a la "existencia de una incertidumbre [...] sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento". A diciembre de 2025, Holaluz tenía deudas con entidades de crédito por 29,8 millones de euros. De esa cantidad, 10,3 millones son "principalmente créditos" ICO a raíz del Covid, y 19,5 millones, pólizas de crédito, también con el ICO. Redeia, eléctricas y el 'pool', en la lista de afectadosEl problema de Holaluz, como el de otras comercializadoras independientes de luz, es que normalmente tienen que comprar previamente la electricidad a los generadores para luego poderla revender. Todo ello a través de unas redes que no son suyas, por lo cual tienen que pagar unos "peajes". Si la luz la compran más barata de lo que luego la venden, todo va bien. Si no, todo se tuerce.Esto último es lo que ocurre en momentos de máxima volatilidad de precios eléctricos, como el actual. Para curarse en salud, la normativa exige que las comercializadoras pongan avales tanto de la electricidad que compran a renovables o en el mercado mayorista (pool), como de los peajes que tienen que pagar, a Red Eléctrica (REE, del grupo Redeia), o Iberdrola, Endesa y Naturgy. Según la Comisión de Competencia (CNMC), la norma debería exigir más garantías para evitar que el problema financiero de impagos (300 millones hasta ahora para todo el sector) engorde y termine sacudiendo a otras empresas. Ya se han iniciado inhabilitaciones a 40 firmas por impagos. En 2025, Holaluz tenía 64 millones en garantías frente a REE, Omie (pool) y otros grupos. Y facturas por liquidar por valor de 15 millones.