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Antonia, alcaldesa del PSOE y hermana de Gertrudis, será juzgada por prevaricación

Resumen

Antonia Alcázar (PSOE) tiene dos litigios judiciales en su entorno. Por un lado, la imputación contra su hermana Gertrudis , la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y mano derecha del dirigente socialista desde hace más de 25 años; por otro, uno ... que la afecta a ella misma: deberá sentarse a partir de este miércoles en el banquillo acusada de prevaricación urbanística y medioambiental en su mandato como alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio (14.500 habitantes). La Audiencia Provincial de Madrid acogerá la vista oral contra Alcázar, en el cargo desde 2015; el concejal de Vivienda, Joaquín Panadero; una exedil de Medio Ambiente, y un técnico de Urbanismo por presuntamente hacer caso omiso a las numerosas denuncias vecinales por el ruido y horario de un restaurante de la localidad.

Antonia Alcázar (PSOE) tiene dos litigios judiciales en su entorno. Por un lado, la imputación contra su hermana Gertrudis , la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y mano derecha del dirigente socialista desde hace más de 25 años; por otro, uno ... que la afecta a ella misma: deberá sentarse a partir de este miércoles en el banquillo acusada de prevaricación urbanística y medioambiental en su mandato como alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio (14.500 habitantes). La Audiencia Provincial de Madrid acogerá la vista oral contra Alcázar, en el cargo desde 2015; el concejal de Vivienda, Joaquín Panadero; una exedil de Medio Ambiente, y un técnico de Urbanismo por presuntamente hacer caso omiso a las numerosas denuncias vecinales por el ruido y horario de un restaurante de la localidad. Se enfrentan a peticiones de tres años de prisión por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Según el escrito de acusación preliminar de la Fiscalía, Alcázar y su equipo desoyeron las reclamaciones en contra del establecimiento El Casón de la Quinta de San Antonio; es decir, que «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos». El negocio contaba con licencia de actividad de restaurante desde 2006, pero no así para desempeñarla en el exterior. Y ahí venían los principales problemas, porque es donde se celebraban bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos.Noticia relacionada general No No Los técnicos de Hacienda proponen prohibir los lobbies a ex políticos tras el estallido del caso Zapatero Joan GuiradoEsto, aseguran los querellantes, ocasionaba graves molestias a quienes residen en las casas colindantes, «a pocos metros de los jardines del restaurante, por la concurrencia de un tumulto de personas, y el empleo de pirotecnia y equipos de música de alta potencia».No todo era el ruido. Es que, además, se saltaba el horario de cierre, estipulado a las dos de la madrugada de domingo a jueves; y a las 2.30 30 viernes, sábados y vísperas de festivos. Se extendían los saraos hasta las 5 y las 6 de la madrugada. Algo que, dice el fiscal, «conocían los acusados por las denuncias de los vecinos».Se detallan una docena de denuncias entre 2019 y 2025, «entre otras», además de «múltiples intervenciones de la Policía Local» por ello. De ellas, dimanaron apenas cuatro expedientes (dos en 2022 y otros tantos en 2023) sancionadores del Ayuntamiento de Velilla. Todos fueron paralizados y sin resolución definitiva. Los acusados no adoptaron «ninguna medida cautelar ni decisión de restablecimiento de la legalidad urbanística», lo que vulnera la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid .Los tres denunciantes y sus familias, insiste la Fiscalía, «vivieron durante esos años en las inmediaciones del establecimiento, padeciendo en primera persona las molestias provocadas, y no recibiendo ningún tipo de respuesta de los acusados, como responsables en el Ayuntamiento de la tramitación de las quejas y denuncias». Los peores momentos ocurrían en primavera y verano, por la mayor concentración de eventos y porque se tienen las ventanas abiertas por el calor. La acusación pública reclama indemnizaciones de por los perjuicios sufridos durante esos años de 4.000 euros, además de los tres años de cárcel, multas de veinte meses con cuota diaria de 15 euros; e inhabilitación especial durante doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.