La Fiscalía carga contra el “descaro” de Ignacio González al “enriquecer” a sus familiares “a costa de fondos públicos”

La fiscal Ana Cuenca ha defendido este jueves en su informe de conclusiones en el juicio del caso Lezo que hay una “prueba abrumadora” para condenar a Ignacio González en su primer proceso por corrupción. La representante del Ministerio Público ha acusado al expresidente de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía el Canal de Isabel II, de actuar de forma “preordenada” para “permitir enriquecerse” a sus familiares “a cambio de hacer nada” y “a costa de los fondos públicos del Canal”. La Fiscalía, que ha pedido al tribunal que dicte “una sentencia ejemplar”, ha reducido de seis a cinco años de cárcel la pena de prisión para González y el resto de acusados dado que han pasado cinco años a la espera de juicio. Durante su exposición, la representante de Anticorrupción ha dejado caer la posibilidad de querellarse contra la mujer de González, Lourdes Cavero, por “mentir descaradamente” sobre la vinculación de Dragados con las obras del jardín de la casa de ambos.  González, que estuvo seis meses en prisión provisional tras ser detenido en 2017, está acusado de dos delitos de cohecho por presuntas irregularidades en sendas adjudicaciones de Canal de Isabel II para beneficiar supuestamente a su hermano y su cuñado en 2004 y 2006, cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía dicho ente público. Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En abril de 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Un año después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió hacer un “cambio de uso” en la zona y levantar un campo de golf tras copiar la idea en un viaje que hizo a Japón.  Esa variación en el contrato, aunque era muy relevante, se hizo sin una nueva licitación. El Canal le adjudicó directamente el modificado a Dragados, que subcontrató a TCT, vinculada al hermano y al cuñado de González. Una empresa que “no tenía personal, ni experiencia, ni solvencia técnica, ni económica”, ha detallado la fiscal. Y que, a su vez, tuvo que recurrir a otras sociedades —Onlygolf y Fieldturf— para hacer los trabajos. A ambas le impusieron una mordida del 8%.  “Qué curioso que una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT para buscar a alguien que haga unos trabajos que parece que no podía hacer. Y qué curioso que se avenga a perder un 8% de sus ganancias. Y qué curioso también que quienes reciben ese 8% sean los familiares del responsable del órgano de contratación”, ha expuesto la fiscal. Un plan “preordenado” Durante su informe, la representante de Anticorrupción ha detallado la secuencia temporal que, a su juicio, evidencia que todo fue un plan “preordenado” para beneficiar a los familiares de González. Ha explicado que hay documentos de los meses de junio y julio de 2004 que muestran que “ya se había cerrado” ese proyecto de modificado a pesar de que “no vio la luz hasta octubre de 2005” y de que la adjudicación definitiva en el Consejo de Administración del Canal no tuvo lugar hasta el 19 de julio de 2006.  A este respecto, la fiscal ha subrayado que, en junio, un mes antes de que se hiciera esa adjudicación definitiva, Dragados ya había cerrado con TCT su contratación. Y esta, a su vez, la subcontratación a OnlyGolf. “Fue tal el descaro y la seguridad con que actuaron los acusados que no se preocuparon en evitar dejar un rastro documental que se incautó gracias a las entradas y registros ordenadas por el instructor (...). No en vano detrás estaba quien estaba”, ha dicho la fiscal Ana Cuenca.  Como ejemplo de lo “descaradamente preordenada” que estaba la adjudicación, la representante de Anticorrupción ha aludido a un viaje a Nueva York sufragado por OnlyGolf en mayo de 2006. A ese viaje fueron varios miembros del Canal para visitar un campo de golf urbano como el que se acabó construyendo en Madrid. El viaje se realizó en mayo de 2006, dos meses antes de la adjudicación. “Todavía no habíamos adjudicado definitivamente el modificado y ya estábamos ejecutando estos trabajos”, ha explicado la fiscal. La representante de Anticorrupción ha afirmado que Dragados también "ganó" con ese contrato del modificado de 16 millones de euros. No obstante, ha admitido que durante los instrucción no se pudo llegar a los "responsables últimos" de la compañía y que algunos "incluso ya estaban fallecidos", por lo que nunca se llegó a actuar contra ellos. Además, los hechos son previos a reforma que, a partir de 2010, incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El jardín de la casa de González La fiscal también se ha referido a la reforma del jardín de la casa de González después de que se adjudicara el contrato del Canal. Así, ha asegurado que fue Dragados quien "negoció" esa reforma con Lucía Serredi, la paisajista que los llevó a cabo. "Fue Dragados quien llegó a determinar con la paisajista que finalmente le pagarían 9.000 euros". Ese dinero fue abonado en metálico por la mujer de González "en un momento en el que se estaban recibiendo, también en metálico, las cantidades que cobraba TCT", ha dicho la fiscal. Este miércoles, González negó que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de golf. “Yo jamás he hablado con nadie de Dragados, jamás le he pedido a Dragados nada, ni en esto, ni en el golf, ni en ninguna cosa”, respondió cuando la fiscal le dijo si podía dar una “explicación lógica” al hallazgo en su domicilio en 2017 de dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada su casa. “Yo esos documentos no los reconozco (...). Dragados no intervino absolutamente para nada en el jardín de mi casa”, dijo, por su parte, Lourdes Cavero, cuando la fiscal le exhibió esas facturas en otra de las sesiones del juicio. La mujer de González compareció como testigo y, por tanto, con la obligación de verdad. La fiscal considera que mintió "descaradamente”, por lo que ha anunciado que valora querellarse contra ella por falso testimonio. La defensa de Ignacio González dice que no hay "ni una prueba" En su informe, el abogado de Ignacio González, Esteban Mestre, ha dicho que no hay "ni una prueba" contra él y ha pedido su absolución. El letrado ha cargado contra las acusaciones por basarse en "insinuaciones" sustentadas en el cargo que ocupaba su cliente en el Canal de Isabel II y su relación de parentesco. "Hay muchos controles, hay muchas personas que intervienen, hay muchas instancias que podrían estar corruptas, pero que me digan cuál. Ni una sola de las personas que han venido a testificar, ni los peritos han respaldado ni esa corrupción, ni esa trama, ni la intervención de don Ignacio González en los hechos sujetos de enjuiciamiento", ha defendido. "En el derecho penal moderno la responsabilidad penal es personal. No se condena a familias, como en otros tiempos, ni a pueblos, ni a razas", ha defenido el letrado, quien ha destacado que las adjudicaciones fueron adoptadas por unanimidad por un Consejo de Administración de 15 personas "de las cuales solo dos figuran aquí como acusados".