El Consejo de Estado pide a Yolanda Díaz que abandone su registro horario, que costará al menos 867 millones a las pymes

El Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre el real decreto por el que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz quiere reforzar el sistema de registro horario en España, para hacerlo digital, accesible por parte de la Inspección y no manipulable, y ha concluido que "no procede" su aprobación y que el Gobierno debería reconsiderarlo. "A la vista de las observaciones esenciales formuladas (...) no procede aprobar el Real Decreto proyectado", señala el Consejo de Estado en un dictamen de 106 páginas, al que ha tenido acceso este medio. "La norma proyectada debe ser reconsiderada en su conjunto", insisten. En primer lugar, este órgano considera que no se cumplen las circunstancias para que la norma se tramite por la vía de urgencia. En segundo lugar, afean la utilización del desarrollo reglamentario, por no ajustarse a la ley. Y, en tercer lugar, sobre el contenido del nuevo registro horario, aseguran que, a diferencia de lo que expone el Ministerio en su memoria económica, tendrá un coste extra para las pymes de al menos 867 millones de euros. "El Consejo de Estado estima que la declaración de urgencia en este expediente no está adecuadamente justificada (...) se trata de imponer un registro digital de modelo único para todas las empresas de España, es decir, 1.349.396, según los datos que ofrece el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, requiere una más amplia tramitación", señalan. En cuanto al tipo de norma, recuerdan que "la potestad reglamentaria requiere la existencia previa de una ley que sirva de cabecera a la regulación que se pretende aplicar, ley que opera como cobertura y habilitación, de modo que procede analizar si las habilitaciones en las que pretende basarse el proyecto de Real Decreto enviado en consulta son suficientes para un desarrollo reglamentario que establezca la obligación de poner en marcha un registro digital en las empresas (...) Entiende el Consejo de Estado que la imposición, por una disposición reglamentaria autónoma, de un registro digital para el control de la jornada supone una innovación, en sentido técnico jurídico, sobre la regulación hasta ahora vigente en los preceptos de rango legal que la norma sometida a consulta dice desarrollar. No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria". "Tampoco merece una valoración favorable el periodo de transición", denuncian, ya que "los veinte días previstos serán de difícil aplicación en algunos sectores, ya sea por sus capacidades técnicas, ya sea por su propia complejidad". "Entiende el informe que es necesario establecer especialidades sectoriales y dispensas justificadas, como en el caso del empleo del hogar, en los sectores sujetos al Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales, el trabajo en el campo, el transporte o la construcción, donde las características de la actividad -desplazamientos, trabajo itinerante, falta de conectividad o imprevisibilidad horaria- hacen más complejo el uso de sistemas digitales convencionales". Finalmente, en cuanto al contenido de la norma, el Consejo se centra en el coste que supondrá para las empresas y apunta que "se trata, no se olvide, de que todas las empresas, sea cual sea su tamaño o el sector en el que operen, pongan en marcha un sistema digital de control de jornada, de manera que afirmar que no supone una carga para las 1.349.396 empresas registradas resulta poco realista (...) Pero, en todo caso, el problema de evaluación de las cargas es aún mayor en las pequeñas y medianas empresas, sostén fundamental del tejido productivo español. La memoria estima que el impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas que tendrán que adaptarse al registro digital supone un gasto de "4,62 euros al mes, lo que supone 55,4 euros de coste por trabajador al año", de lo que se desprende que este coste se asumirá para el 94,07 % de los 16.652.031 trabajadores, que están empleados en empresas medianas y pequeñas. El impacto inicial supone 55,4 euros por 15.664.571 trabajadores, lo que arroja la cifra de 867.817.244,8 euros, en una aproximación que da por buena la cifra ofrecida por el ministerio relacionada con el coste del programa (aunque los participantes en el trámite de audiencia entienden que el coste es muy superior) sin tener en cuenta la implementación, la formación de los trabajadores y el mantenimiento". Por ello, el Consejo entiende que el impacto real para las empresas "no ha sido valorado por la memoria de impacto normativo en el modo en que ha de serlo para la correcta tramitación de la norma". Detectan, además, un "problema técnico" acerca de la posibilidad real de que los sistemas digitales puedan procesar toda la información que recabará el registro día a día y ofrecerla de forma instantánea y con acceso remoto a la Inspección. Protección de datos El proyecto de real decreto ha sido también informado por la Agencia Española de Protección de Datos, que ha emitido un informe desfavorable, en cuanto estima que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia". El informe, de 18 de diciembre de 2025, entre otras cosas manifiesta sus dudas acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros a los asientos del registro, ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos y entiende que "la reserva de ley en la materia no permite un desarrollo como el previsto para una posterior disposición, en el sentido en que el proyectado artículo 9 dispone que las empresas deberán adoptar un sistema de registro que cumpla con los requisitos técnicos que se establezcan en las disposiciones de desarrollo". "En consecuencia, la ausencia en este proyecto normativo del análisis de riesgos (artículo 24 y 25 RGPD) y evaluación de impacto en materia de datos personales (artículo 35 RGPD), junto con la falta de regulación de los 'desarrollos específicos concretos' referidos en el citado artículo 6.3 RGPD, tales como, a título meramente ejemplificativo, las concretas condiciones de licitud de los tratamientos, los tipos de datos que serán objeto del tratamiento, los plazos de conservación de los datos, o las operaciones y procedimientos del tratamiento, determinan que el contenido de este proyecto normativo no pueda considerarse suficiente a efectos de considerar colmada la reserva legal existente", apuntan. Reacción sindical CCOO y UGT han manifestado su preocupación este martes y rechazo ante el dictamen emitido por el Consejo de Estado, porque consideran que "introduce serias dudas y obstáculos" en un ámbito donde lo urgente es garantizar el cumplimiento de la ley. En un comunicado conjunto remitido este martes, ambos sindicatos recuerdan que el fraude en materia de tiempo de trabajo es "estructural" y supone un "auténtico hurto a las personas", pero también a la caja de la Seguridad Social y a la Hacienda pública. Sin embargo, creen que el Consejo de Estado parece desviar el foco de lo esencial, centrándose en "el instrumento" utilizado para ello, en lugar de asegurar el cumplimiento de la ley, algo que ven "incomprensible", porque puede amparar "zonas de impunidad". "El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable", piden ambos sindicatos, instando a continuar adelante con la reforma del registro de jornada. Incluso aunque el ministerio de Trabajo quiera seguir adelante con la norma pese a estos dos informes desfavorables, el proyecto tendrá que pasar en última instancia, antes de ir al Consejo de Ministros, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que preside Carlos Cuerpo, y por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que encabeza el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. El primero de los trámites será clave, ya que el ministro de Economía ya ha mostrado su rechazo ante esta medida por el coste que supondrá para las compañías, algo que llevó a Díaz a llamarle "mala persona" por dificultar su tramitación. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este mismo martes, Cuerpo ha asegurado que comparten "la importancia del objetivo que persigue la medida, que el registro horario sea un pilar esencial para conseguir una reducción efectiva de la jornada hacia delante", pero ha señalado que se debe mantener esa ambiación para conquistar esos derechos al tiempo que se trabaja "en paralelo" para lograr una "tramitación equilibrada", en particular para las pymes.