La amnistía a Puigdemont y la legislatura de la impunidad

El hecho de que la amnistía, la ley fundacional de la legislatura, llegue al final de su recorrido judicial justo cuando Pedro Sánchez ha convocado las próximas elecciones generales encierra el simbolismo de una etapa condicionada por el afán de supervivencia política del presidente.Después de que la mayoría progubernamental del Tribunal Constitucional (TC) ampare a los líderes del procés, el mandato iniciado en 2023 acaba con el desenlace de su fundación: la aplicación del canje de borrado penal por poder. Es el último capítulo de una etapa basada en la mayor corrupción moral. Una ley divisiva que resume como ninguna otra -también la propuesta de financiación autonómica- la ruptura del PSOE con su proyecto como partido sistémico y central, la quiebra del interés general y la abdicación en la defensa de la nación común. La sentencia del TC por siete votos frente a cinco que ampara aplicar la amnistía por el delito de malversación a la ex consellera Dolors Bassa allana el camino al regreso de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española desde 2017. El ex presidente catalán, al que el juez Pablo Llarena ha levantado la orden de detención, podría volver a España en plena campaña gracias a un fallo del que ha sido ponente el propio Cándido Conde-Pumpido. Tal como subrayan en su sólido voto particular los cinco magistrados discrepantes, el presidente del TC lleva al órgano de garantías a suplantar una vez más la labor del Tribunal Supremo. Este empeño rompe la arquitectura constitucional que atribuye al Supremo el carácter de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Este deterioro institucional se suma al engaño de Sánchez con una amnistía que el PSOE y él mismo habían rechazado hasta que Junts la impuso como condición para facilitar la investidura de hace tres años. Alumbrada desde la arbitrariedad, la amnistía no obedeció a una pretendida «reconciliación» -Puigdemont reiteró ayer su defensa de la unilateralidad-, sino a una motivación espuria. Para hacerla posible, a la vocación de doblegar al poder judicial, incluida la Sala de lo Penal del Supremo, se ha sumado el probado servilismo de Conde-Pumpido. Todo ello en nombre de una "normalización" de Cataluña que ha convertido al PSC en heredero de los materiales del pujolismo y que las encuestas desmienten, con el fulgurante ascenso de un independentismo aún más radical y xenófobo. Desde el reconocimiento a los jueces y los fiscales del Supremo que a lo largo de los últimos nueve años han demostrado ante los ciudadanos que el Estado funciona, este periódico mantiene que la norma habilitante de la legislatura que ahora expira supone un intercambio inaceptable de impunidad por poder. Ninguna instancia puede borrar este hecho.