El Gobierno denuncia una conspiración para derribarlo “con métodos no democráticos”

El Gobierno ha decidido salir al contrataque frente al goteo de casos que le afectan con la denuncia de una supuesta conspiración para derribarlo “con métodos no democráticos”, según ha explicado en los pasillos del Congreso Óscar Puente, que ha comparecido como una especie de portavoz oficioso del Ejecutivo para dar explicaciones sobre el contenido del auto del juez Santiago Pedraz, que el miércoles envió a la Guardia Civil a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. El magistrado buscaba documentos para una causa, que mantiene secreta, sobre una supuesta trama, dirigida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Diez para torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Y en el mismo día de este contraataque, después de muchas horas en silencio, el presidente, Pedro Sánchez, también pidió comparecer ante el Congreso después del próximo Consejo Europeo del 18 de junio “para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas” y también hablar de la cumbre en Bruselas. Sánchez intervendría así en la Cámara baja después de que declare, también ante la Audiencia Nacional, pero en este caso ante el juez José Luis Calama, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por supuesto tráfico de influencias en el rescate con 53 millones de fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra en 2020. El año pasado, cuando estalló la crisis del caso Cerdán también en mayo-junio, Sánchez compareció a mediados de julio y anunció un paquete anticorrupción que sigue bloqueado en el Congreso. Esa comparecencia sirvió para tomar aire político, porque se vio que conservaba una cierta mayoría, y para llegar al verano y después retomar en septiembre con más fuerza con la masacre de Israel en Gaza como gran asunto de debate. El Ejecutivo intenta ahora una estrategia similar aunque la debilidad es mayor, los casos se acumulan, Junts ya no está en la mayoría y el PNV está pidiendo elecciones. Sánchez se quita así presión de los socios, que también estaban registrando peticiones de comparecencia, y de Sumar, que está muy molesto y ha negociado con el sector socialista del Gobierno este anuncio de explicaciones del presidente. El mensaje de Puente, que ejercía de portavoz oficioso, ha sido especialmente rotundo. Aunque el ministro no ha querido apuntar directamente a la justicia o a la UCO o a la UDEF, que investigan los casos más relevantes, y se ha lanzado más bien contra el PP; el ministro ha dejado sospechas sobre todos. “Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos, y eso es inmoral. No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos no democráticos”, ha lanzado. Esta idea está tan instalada en el mundo socialista que incluso el habitualmente moderado presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuado claramente que observa intencionalidad política en la acumulación de causas judiciales en contra del principal partido del Gobierno, informa Angels Piñol. Tras recalcar que “respeta a la justicia”, Illa ha puntualizado: “No nos doblegarán (...) Ser socialista no es ser ingenuo. Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es”. Puente también ha dicho que hay que dejar trabajar a la justicia, pero a la vez ha unido todos los casos, incluido el de Zapatero, el del hermano de Pedro Sánchez o su mujer, el del ex fiscal general, para concluir: “Tengo muy claro lo que está sucediendo. Parece que los tiempos de la justicia y la política se acompasan de manera sorprendente. ¿Qué probabilidades hay de que coincidan un caso que llevaba años y estas investigaciones?”, ha dicho sobre el juicio a la operación Kitchen y los últimos escándalos. A diferencia de Puente, un peso pesado del Gobierno y la dirección federal, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, no ha esgrimido esa teoría de la persecución. La número tres de los socialistas ha asegurado en un mensaje en redes sociales que la formación “no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto” del juez Pedraz por el que han sido imputados, entre otros, su predecesor Santos Cerdán, la fontanera Leire Díez y la actual gerente de Ferraz, Ana María Fuentes. Según Pedraz, el exsecretario de Organización ordenó que Díez fuese remunerada con 4.000 euros al mes “con cargo a los fondos del partido” mediante un sistema de facturación “falaz” en el que habría participado la gerente. Fuentes de Ferraz niegan que se pagara con facturas falsas a Díez y que, de confirmarse el modus operandi, era “indetectable” para la auditoría externa que se realizó el año pasado de las cuentas del PSOE. “Las facturas no son falsas, son verdaderas, y por eso [esos pagos a Díez] son indetectables. Otra cosa es a qué se destinaban en realidad”, explican las fuentes consultadas. El ministro de Transportes, por su parte, también ha dudado de lo que señala el auto del juez Pedraz, basado en informes de la UCO, porque, según ha explicado, al menos dos personas supuestamente chantajeadas según ese auto ya han salido a decir que no fue así. Se refiere, por un lado, a Leticia de la Hoz, abogada que llevó la defensa de Koldo García en el caso mascarillas. El juez Pedraz señala en su auto que la trama liderada por Cerdán ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que negase haber llevado 90.000 euros a Ferraz a través de la letrada, que negó este miércoles en un comunicado haber ofrecido ninguna cantidad de dinero a la empresaria, imputada en múltiples estafas. El otro ejemplo al que ha aludido Puente es el de José Grinda. El auto judicial sostiene que el entonces fiscal anticorrupción habría sido objeto de un intento de soborno de 300.000 euros para que ofreciera información sobre el fiscal jefe, Alejandro Luzón. Sin embargo, el entorno de Grinda aseguró este miércoles a la Cadena SER que jamás recibió un soborno, ni siquiera un intento de ofrecimiento de pagos a él o su entorno. Puente insiste en que la militancia socialista “está indignada” con esta sucesión de hechos, que él “no cree en las casualidades”, y ha recordado que un medio de comunicación (El Confidencial) adelantó que la UCO iba a entrar en la sede del PSOE y nadie investiga esa revelación de secretos mientras el fiscal general cayó por otra que, según él, no se demostró. “Hay causas judiciales que en otros casos no se producen. Hoy vemos cómo el secretario de Estado de Interior con el PP declara en un juicio en el que se ha dicho que se sacó el nombre de Rajoy de varios informes porque obligaron al policía que lo llevaba a hacerlo. Se juzga al hermano de Sánchez por trabajar de músico, lo que es, cuando la hermana de Moreno Bonilla logró una plaza con una candidata que tenía 11 puntos más y no pasa nada”, ha denunciado Puente. María Dolores Moreno Bonilla logró el 14 de junio de 2019 la plaza de nueva directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Consiguió el puesto a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro. Según un informe reservado de la Inspección educativa obtuvo en el concurso 38,20 puntos sobre 50 posibles. Frente a ella, Esperanza Utrera, otra competidora por la misma plaza, obtuvo 49,50 puntos. La Fiscalía de Málaga archivó en febrero de 2020 las diligencias abiertas para investigar el procedimiento por el que se designó a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía. El ministerio público concluyó que su designación se realizó “cumpliendo lo establecido en la norma”. Puente también ha puesto en cuestión el caso Zapatero. “Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que otros expresidentes en España y en el mundo. Y, sin embargo, al presidente Zapatero se le somete a una investigación en la que parece prescindirse de una circunstancia que para mí es vital desde el punto de vista jurídico, y es que este señor desde el año 2011, parafraseando a la señora Díaz Ayuso, es un ciudadano particular, no es un cargo público. Por tanto, no está sometido a las obligaciones que tiene un cargo público. Y este es un elemento esencial que parece estarse obviando no solo en la propia actuación judicial, sino también en el análisis que se hace de ella. Es algo asombroso”, ha insistido. “Estoy en muchos grupos con muchos militantes socialistas, lo que hay es una profunda indignación. Esto va a tener el efecto contrario. Hay hartazgo por las filtraciones, por las coincidencias. Ayer se publicó algo falso, que había un registro en Ferraz por financiación ilegal, justo antes de la sesión de control. No creo en las casualidades y no me chupo el dedo”, ha rematado.