Page reclama a Sánchez el "coraje" de convocar una conferencia de Presidentes antes de seguir con "el atropello" de la financiación autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, lanza una ofensiva para intentar frenar el nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta imponer este mismo mes al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras anunciar su voto en contra del Gobierno de su partido, García-Page ha dado un paso más este miércoles. Reclama a Sánchez que no continúe con este plan pactado con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, sin convocar antes una conferencia de presidentes -el foro de los dirigentes autonómicos- y tener al menos aprobado el proyecto de Presupuestos para 2027. "Quiero pedir al Gobierno de España dos cosas: que por respeto a las autonomías, antes de avanzar en el modelo de financiación autonómica, que es resultado del chantaje de los independentistas, tengan el coraje de convocar una conferencia de presidentes, para que a la cara podamos discutir", ha manifestado García-Page. Y ha proseguido: "Lo segundo, es que no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta, si no hay un presupuesto General del Estado aprobado". Por tanto, reclama a Sánchez "que primero vaya el Presupuesto, para que sepamos si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio". El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha excluido del calendario de aprobación del nuevo modelo convocar a los presidentes autonómicos. Su "cronograma" es enviar el borrador del acuerdo esta semana, someterlo a una reunión "técnica" el próximo día 14 con representantes de las CCAA y, finalmente, aprobarlo el próximo día 29 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este organismo multilateral le basta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña para sacarlo adelante. Sin embargo, como ha publicado este diario, catorce de quince comunidades autónomas de régimen común afectadas rechazan el nuevo sistema. Eso provoca un intento de imposición sin precedentes por parte del Gobierno en la historia de la financiación autonómica. Nunca se ha intentado modificar un sistema que reparte 225.000 millones con el 94% de los afectados en contra.