El Gobierno exige 10.000 millones de fianza a los 'data center' por la luz

Todos los proyectos de centros de datos (CPD, o data center) que pidan enganches a la red eléctrica, o los que ya los tengan concedidos pero aun no los estén usando, deberán pagar sumas multimillonarias en concepto de fianza para asegurarse ese punto de conexión. Las cifras que maneja el Gobierno se mueven en una media de 160 euros por cada kilovatio (kW) -160.000 euros por megavatio- de fianza, si el proyecto se demora cinco años en la construcción -como está ocurriendo ahora en una inmensa mayoría de los casos-. Lo normal es que los centros de datos de tamaño medio sean de unos 50 MW. Es decir, una instalación tipo terminaría pagando unos ocho millones de euros en concepto de fianza durante esos cinco años. Ese dinero, que deberá ser desembolsado en cuotas mensuales, se devolvería una vez que la instalación esté conectada a la red, en forma de descuento progresivo de los peajes que se tengan que pagar por esa conexión. El objetivo del Gobierno es que la fianza actúe como barrera disuasoria para aquellos proyectos que realmente no tienen vocación de permanencia y que, en realidad, son pura especulación. En estos momentos, de saturación de la red eléctrica en España, las licencias de enganche son el activo más valioso en la construcción de un data center o cualquier otro proyecto de gran consumo de energía. La avalancha de data center ha alcanzado niveles delirantes. Además, hay un caos añadido: una cosa son las licencias de enganche que ya se han concedido, pero que no se están usando, y otra las solicitudes que se agolpan para conseguir un punto de conexión. La suma de ambas cifras es descabellada y crece como un suflé. A finales de 2024 había 70.000 MW, solo en proyectos para conexión a la red de alta tensión (transporte), que gestiona Redeia,y en proyectos para líneas de baja y media tensión (distribución), que gestionan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Tomando como referencia esta cifra -modesta para algunos-, las fianzas solicitadas por el Gobierno se elevarían a más de 10.000 millones de euros. En la carrera por el acceso a la red eléctrica los data center compiten con otros proyectos, lo que multiplica el problema exponencialmente. Cani Fernández, presidenta de la Comisión de Competencia, explicaba hace unos días en su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados que existen más de 90.000 MW con permisos de acceso concedidos que no se está utilizando de una manera eficaz. Datos internos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que suman licencias concedidas y solicitudes, elevan los megavatios fantasma a 170.000, más que toda la capacidad de generación eléctrica existente en la actualidad en España. El objetivo del Gobierno es hacer una doble criba. Por un lado, quiere identificar cuales de esos 170.000 MW son para data center, y cuales para otros usos -planes urbanísticos, polígonos industriales e infraestructuras de uso compartido entre varios consumidores-. Una vez identificados, quiere cribar a los proyectos de data center dudosos. La fianza solo se aplicará a data center -no a otros proyectos-. Y será creciente si pasa el tiempo y no se conectan a la red. La introducción de esta fianza surgió hace un mes, en el decreto de medidas anticrisis. Además de rebajas fiscales para reducir el impacto del alza de los carburantes por la guerra del Golfo, el Gobierno usó el decreto para hacer una auténtica reforma eléctrica encubierta, sobre todo en accesos a la red. El decreto parece diseñado ad hoc para frenar el boom de data center, proyectos por los que el Ejecutivo no siente especial simpatía. La exposición de motivos del decreto era una declaración de guerra."Cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma", decía. Por eso, el decreto obligaba a pagar "una prestación por reserva de capacidad de acceso, exigible desde la obtención de los permisos de demanda para puntos de conexión de tensión igual o superior a 1 kW hasta el inicio de la actividad". Es decir, una fianza a todos. Además, no solo a proyectos a los que se otorgue licencia desde ahora. También a los que ya tengan, pero que no la hayan usado. Los pagos son mensuales y se aplican hasta que el proyecto esté construido y conectado a la red.