Admitida una querella contra la hermana de Óscar Puente por prevaricar en la ley

El Juzgado Número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por Hazte Oír contra la hermana del ministro Óscar Puente, Sofía Puente, por un presunto delito de prevaricación en relación a la 'ley de nietos' cuando ocupaba el cargo de Directora General ... del Ministerio de Justicia.En un auto, recogido por ABC, la magistrada Inmaculada Lova asegura que los hechos descritos por la asociación «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa». La jueza admite tanto la querella como las cuatro ampliaciones presentadas, y tiene por querellada a Sofía Puente. La magistrada ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid, que este mismo mes se opuso en un escrito a que Sofía Puente fuese investigada por estos hechos al sostener que concurre «la excepción de cosa juzgada». En concreto, el Ministerio Público considera que Puente ya fue objeto de otra querella interpuesta por hechos similares en 2022 en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid que finalmente fue archivada.La Fiscalía, tras analizar la querella interpuesta por Asociación por la Reconciliación Histórica en 2022 y la que presentó Hazte Oír en julio, explicó que «los hechos objeto de la querella actual son coincidentes con los que fueron objeto del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid». Hazte Oír dice que la instrucción firmada por Puente equipara a emigrantes por cuestiones de todo tipo con los exiliados por razones políticasFue el pasado mes de julio cuando la magistrada abrió diligencias previas contra Sofía Puente y pidió a la Fiscalía que se pronunciase tras recibir la querella de Hazte Oír. La asociación acusa a la hermana del ministro de firmar una instrucción que ampliaba el derecho concedido por la Ley de Memoria Democrática a todos los exiliados que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.La asociación en el escrito presentado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, defiende que la ampliación en la condición de exiliado no figuraba en el texto original de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022.Hazte Oír asegura que la instrucción firmada por Sofía Puente equipara, sin necesidad de acreditación material alguna, las personas que emigraron de España por cuestiones económicas, familiares o de cualquier otra naturaleza —ajenas a las expuesta en la disposición adicional octava antes citada— a las personas que se marcharon al exilio por razones políticas.Además, sostiene que la instrucción ha provocado un resultado «materialmente injusto» que ha desembocado en nacionalizaciones masivas en fraude de ley. Por ende, según Hazte Oír, los consulados de la red diplomática española han tramitado y resuelto favorablemente centenares de miles de expedientes de adquisición de la nacionalidad española de descendientes de emigrantes que, en ninguno de los casos, acreditaron que su exilio se hubiese producido por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.Hazte Oír acusa de prevaricación administrativa a Sofía Puente como responsable de un órgano con potestad a dictar instrucciones vinculantes para todos los Registros Civiles de España y para la red consular. Una condición que permitió a la hermana del ministro de Transportes dictar la instrucción que la asociación denuncia.Presidencia habla de «utilización de las instituciones»Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han lamentado lo que consideran una «utilización de las instituciones» por parte de asociaciones como Hazte Oír «para perseguir política, social y judicial contra cargos públicos».En línea con lo sostenido por la Fiscalía, el Ministerio que dirige Félix Bolaños afirma que «es una querella idéntica a otra que ya fue rechazada en junio de 2024 con un sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones». «Por lo tanto, es evidente el verdadero objetivo de la ultraderecha con este tipo actuaciones torticeras es minar la confianza en nuestro sistema, recortar masivamente derechos constitucionales e intimidar a las personas comprometidas con valores progresistas y democráticos», critica.