El Gobierno acelera para aprobar la subida del salario mínimo a más de 1.270 euros al mes

Los tres escenarios que el Gobierno contempla en este momento sobre el porcentaje de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) implican una revalorización que llevarían la cifra por encima de los 1.270 euros al mes en catorce pagas. Todo dependerá de si el comité de expertos que debe de elaborar el informe con la horquilla de recomendación de la revalorización toma como referencia la media anual del IPC de 2026, que las últimas previsiones sitúan en el 3,7% (la última en este sentido la publicó esta misma semana BBVA Research -mientras que el Banco de España mantiene la suya por el momento en el 3,6%-); si se toma como referencia el registro del último mes (que será el dato adelantado de octubre -que podría ser sensiblemente mayor del 3,7% teniendo en cuenta que en septiembre escaló al 4,9%); o si se opta por un valor intermedio. Partiendo de los 1.221 euros actuales, si el salario mínimo se incrementara un 3,7% se situaría en 1.266 euros al mes (45 euros más); en caso de aplicar una subida del 4%, alcanzaría casi los 1.270 euros mensuales (un aumento de casi 49 euros); y si finalmente acerca un alza del 5%, ascendería hasta los 1.282 euros al mes, lo que supondría un incremento de 61 euros. La clave está en qué elemento de los que deben configurar la revalorización del salario mínimo tiene más peso para el comité de expertos. En las anteriores revalorizaciones el componente que más impulsaba la subida era la premisa de cumplir con el precepto de la Carta Social Europea que insta situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio. Bajo este supuesto, por ejemplo, la subida aplicada el pasado ejercicio fue del 3,1%, mientras que la inflación había cerrado el año en el 2,7%. Sin embargo, tal y como explicó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación de los trabajos de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI en este caso el mandato es garantizar que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo. Es decir, acomodarlo al alza del IPC. Cabe recordar que con el 4,9% de septiembre la inflación ya ha abierto una brecha con el aumento general de los salarios (los pactados por convenio suben de media un 3% y un 3,7% en los firmados en 2026), por lo que será el monitoreo del avance de precios lo que decante la balanza de los expertos. En este punto, Díaz señaló que uno de los nuevos mandatos que tiene el comité de expertos para este año es evaluar el impacto que tiene el salario mínimo sobre la renta de los hogares más vulnerables -es decir, teniendo en cuenta la crisis de precios, en particular por los costes de energía, transporte y vivienda-. Un elemento que abriría la puerta a que la subida planteada se acerque más al IPC de cierre de año que al de la media de los doce meses -hasta septiembre es del 3,4%-. Caso aparte es la cuestión de los tiempos y del acelerón premeditado que ha imprimido el departamento de Yolanda Díaz apremiado por el adelanto de las elecciones. Tal y como admitió la vicepresidenta, la fecha límite que se ha impuesto al comité de expertos para finalizar los trabajos es el 31 de octubre o, a más tardar, después del día de Todos los Santos. De este modo, el Gobierno se asegura contar con una cifra de revalorización antes de la celebración de las elecciones del 29 de noviembre. En cuanto se conozca la propuesta del comité de expertos, Trabajo convocará la mesa de diálogo social con patronales y sindicatos para buscar un consenso en torno la subida -un paso meramente protocolario que viene dando el Gobierno, ya que la subida del salario mínimo es prerrogativa del Ejecutivo y además se aprueba por real decreto, es decir, sin necesidad de convalidación por parte del Congreso-. Con estos plazos, el Gobierno contaría con dos opciones al alcance: aprobar la subida del salario mínimo a pocos días de la celebración de las elecciones generales, o bien presentar la cifra propuesta a expensas del resultado de los comicios y la formación de un nuevo Ejecutivo -o la continuidad del actual-. De hecho, aunque Díaz se esforzó durante su comparecencia en defender que tanto el encargo de los trabajos al comité de expertos como una eventual aprobación antes de las elecciones supondrían mantener la normalidad del calendario de revalorización del salario mínimo, lo cierto es que en los últimos años el Ministerio de Trabajo ha llevado el decreto a Consejo de Ministros ya entrado el año -aprobándose con carácter retroactivo-. Sin ir más lejos, en 2026 se dio el visto bueno definitivo el 16 de febrero. De hecho, la coordinadora de la Comisión Asesora, Begoña Cueto, admitió en su intervención inicial que los trabajos se realizan con premura, si bien recalcó que la experiencia de los últimos informes facilita la elaboración de los cálculos con velocidad y rigor. Lo que el departamento de Yolanda Díaz sí dejó en el aire es la posibilidad de legislar paralelamente la prohibición de la absorción de la subida mediante los pluses salariales. Una medida que habían comprometido con los sindicatos para 2026 y que al insertarse en la norma que transpone la Directiva europea de salarios mínimos se ha ido demorando a lo largo del año. Como estaba previsto aprobarse por real decreto, no necesitaría pasar por la Diputación Permanente.