El PSOE enchufó en la Junta de Andalucía por su «experiencia laboral» a afines sin un día cotizado

Sin un solo día cotizado en su vida laboral, Isabel R. M. entró a trabajar en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) al ser considerada por el órgano que la seleccionó como la candidata con mayor «experiencia laboral» y competencias ... para el puesto. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez José Ignacio Vilaplana, avanzado por ABC, detalla cómo la entidad de la Junta de Andalucía dedicada a dar cursos a desempleados diseñó un proceso a medida para justificar su fichaje. De los 23 aspirantes iniciales para un determinado puesto, solo la investigada fue citada a la entrevista personal después de lanzar una oferta interna que requería la titulación en Arquitectura Técnica para desempeñar, en realidad, tareas administrativas como hacer inventarios o gestionar reservas de salas. Este procedimiento selectivo, calificado por los investigadores como una vía para «facilitar una contratación discrecional », funcionó como un puente para su posterior recolocación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde en 2024 adquirió la condición de personal laboral fijo. En el atestado entregado el pasado 29 de julio al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el enchufismo y el fraude con dinero público en los ocho años que estuvo funcionando la Faffe (2003-2011), el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Guardia Civil pone la lupa sobre una decena de contrataciones bajo sospecha. Algunas de ellas correspondían a familiares directos y allegados a dirigentes autonómicos socialistas que fueron empleados a través de correos electrónicos en los que antiguos altos mandos de la Faffe daban instrucciones precisas sobre a quiénes había que incorporar, detallando su parentesco con responsables políticos.Por orden del juez Vilaplana —quien a principios de 2025 imputó a 21 personas por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos—, la UCO analizó diez de los expedientes de selección. La conclusión a la que llega es que los beneficiarios no solo accedieron a la entidad pública sin competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes, sino que tras la extinción de la Faffe en 2011 bajo el mandato de José Antonio Griñán (PSOE), fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde hoy disfrutan de la condición de personal laboral fijo.Una entrevista personal fue la única pruebaEn su análisis de los documento, los agentes descubrieron cómo se justificó la contratación de personas que jamás habían cotizado a la Seguridad Social escudándose en su amplia trayectoria profesional. La UCO califica de «llamativo» este modus operandi, que permitió el acceso a un empleo público de la investigada Isabel R. M. Le bastó una entrevista personal para acceder a la Faffe como técnico de nivel F. En el expediente aportado por el SAE, el comité seleccionador evaluó positivamente su «experiencia en las funciones descritas para el puesto» y su «alta disponibilidad». La valoración chocaba con el Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, según el cual «la investigada no contaría con experiencia laboral previa a su contratación por Faffe», advierte el informe de 231 páginas entregado al juzgado.El atestado pone la lupa en la contratación «arbitraria» de diez personas que están investigadas por supuestos delitos de prevaricación y malversaciónLa ausencia total de cotización no supuso freno alguno. El 16 de julio de 2009, la fundación formalizó con Isabel R. M. un contrato temporal por obra y servicio orientado a «la realización de labores de apoyo técnico para homologaciones de centros gestionados por la Fundación». En su dictamen, la UCO no oculta el asombro ante la resolución de los evaluadores: «Resulta llamativo el hecho de que Isabel R., a pesar de no contar con experiencia laboral previa, fuese considerada la mejor candidata, pues según el órgano seleccionador 'posee las competencias técnicas y genéricas para desempeñar el puesto descrito con eficiencia y efectividad'».Titulación universitaria para un puesto administrativoIgual de «contradictorio» resultó a la Policía Judicial que el requisito académico exigido fuera «estar en posesión de la diplomatura de Arquitectura Técnica», cuando en la práctica las tareas asignadas se correspondían «más bien con un perfil administrativo». En concreto, su cometido consistía en « inventariar recursos materiales , gestionar nuevas adquisiciones, traslados y etiquetados de activos fijos de la Dirección General Técnica y de las Gerencias, gestionar peticiones de material, de los archivos y gestión de reservas de salas».Pese a que la búsqueda inicial arrojó 23 aspirantes, la Faffe citó únicamente a la investigada para la fase de entrevista. Sin rivales, Isabel R. M. obtuvo 28 de los 30 puntos posibles en la baremación final. Su relación laboral con la Faffe perduró hasta mayo de 2011 y, tras su disolución, ingresó de forma automática en el SAE, donde « actualmente continúa prestando servicios » como fija tras adjudicarse un concurso de méritos resuelto en octubre de 2024. Entre 2009 y 2025, esta trabajadora ha percibido un total acumulado de 366.476 euros en retribuciones brutas del erario público.Para la UCO, la conclusión de este apartado resulta tajante: «Las incoherencias señaladas y la falta de pruebas de selección objetivas, además de incumplir con los principios normativos de igualdad de oportunidades , mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público, podrían responder a la necesidad de adecuar el puesto al perfil de Isabel R. a una vacante y facilitar una contratación discrecional».Trabajadora de un proveedor de la FaffeEl caso de Isabel R. M. no representa una anomalía aislada dentro de la estructura. Los investigadores definen como «un proceso de selección totalmente opaco» el fichaje de María Araceli G. E. el 27 de septiembre de 2010. La contratación se consumó apenas dos meses después de que el Gobierno andaluz aprobara el decreto para disolver la Faffe y traspasar a sus 1.600 empleados al SAE, organismo en el que la investigada continúa cobrando nómina a día de hoy. Conforme a los datos de la Vida Laboral, antes de ingresar en la fundación prestó servicios en Proyempleo, «sociedad adjudicataria de numerosos contratos procedentes de Faffe y que figura como investigada en diversas causas judiciales de las que también tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla».Aunque el objeto oficial de su contrato estipulaba «realizar labores técnicas dentro de las acciones para la mejora de la cualificación profesional de las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la Comunidad Autónoma Andaluza», la Guardia Civil se topó con un expediente vacío de documentos. «No se ha hallado evidencia documental alguna que justifique la publicidad de la convocatoria, ni la celebración de un proceso selectivo, ni que la candidata hubiese realizado algún tipo de prueba objetiva y/o entrevista personal encaminada a valorar la adecuación de su perfil profesional al puesto ofertado», subraya el informe policial.Ocho contratos y 600.000 euros cobradosIgual de intrincado es el periplo de Ramón H. R., quien encadenó hasta ocho contratos temporales alternando categorías dentro de la escala técnica. Firmó la última prórroga cinco días después de comunicarse públicamente el cierre definitivo de la Faffe. Licenciado en Psicología, «desde el año 2004 a 2007, Ramón H. R. desempeñó en la Faffe funciones vinculadas a la implementación y evaluación de acciones comprendidas en proyectos de biodiversidad, asistencia técnica a la Consejería de Medio Ambiente, tareas de implementación y coordinación de un proyecto de cultura biosostenible y otro proyecto relacionado con el desarrollo ecoético». No fue sino a partir de 2007 cuando comenzó a asumir competencias ligadas a la formación para el empleo.Sin embargo, los agentes advierten de que en la actualidad «se desconoce» si el profesional reunía la capacitación académica o las competencias técnicas exigidas para el puesto. La razón es que «no consta ningún tipo de documentación » más allá de «sus contratos laborales, y no todos», manifiesta la UCO en el balance tras constatar que entre 2004 y 2025 percibió 616.029 euros públicos en salarios brutos.A la vista de las «numerosas irregularidades» descritas en el informe, el magistrado tendrá que decidir ahora si encarga nuevas pesquisas para seguir desenredando la maraña de supuesto nepotismo instalado en la Faffe.