La policía se persona en el canal en el que trabaja Vito Quiles para arrestarlo

La policía ha acudido en la mañana de este miércoles a la sede del canal online en el que trabaja el conocido agitador Vito Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles, para detenerlo. Los agentes se han personado con una orden de búsqueda y captura en la sede de EDA TV, canal de YouTube, en la madrileña calle de Lagasca, pero Quiles no se encontraba allí en ese momento porque la mayor parte de su labor se desarrolla en la calle y no en la redacción, señalan fuentes conocedoras de la situación del investigado. Se desconoce de cuál de las causas abiertas contra Quiles deriva la orden judicial del arresto. El agitador ha asegurado horas después: “No pienso entregarme al Gobierno de Sánchez”. El propio Quiles ha sido el primero en anunciar en redes la orden de detención, aunque sin especificar en relación con qué proceso judicial de los que hay abiertos. “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, reza el mensaje en X. Después, se ha mofado de la medida en otro tuit: “He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos”. Y, ya en la noche de este miércoles, ha vuelto a recurrir a las redes para difundir un vídeo en el que asegura que no se va a entregar a la policía y se lamenta: “No me han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las que me quieren arrestar. Lo único que sé es que ya han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo”. El agitador atribuye al Gobierno la decisión, que ha ordenado un juez como el propio Quiles ha asegurado antes en redes, y desliza entre varias aseveraciones falsas —como que no se investiga el caso de las joyas del expresidente Zapatero o que el PSOE tiene más imputados que diputados—, que la decisión deriva de su encontronazo con Begoña Gómez, quien lo denunció por agresión en mayo. Y esto a pesar de que esa causa ha sido archivada. “El Gobierno quiere la foto de mi arresto y evidentemente no se la vamos a dar. ¡Que sigan buscando!“, concluye Quiles. Juan Gonzalo Ospina, abogado del agitador, ha confirmado a EL PAÍS la orden de busca y captura, que ha calificado de ser “una medida desproporcionada”. “Es un despropósito porque podían habérselo comunicado a él o al procurador, o acudir al domicilio particular, no el de la empresa”, asegura el letrado penalista, que ha asegurado desconocer de cuál de las “cinco causas” abiertas por la justicia contra el agitador deriva la medida. El pasado mes de mayo, Renfe emprendió acciones legales contra Quiles por un presunto delito de estafa, basándose en tres hechos: que el agitador había recorrido de forma reiterada trayectos completos a pesar de que había adquirido billetes solo para una parte del recorrido, por utilizar salas VIP a las que no tenía acceso autorizado y por causar un daño reputacional a la compañía ferroviaria. La causa la instruye un juzgado de Alicante. Quiles está encausado, además, por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo durante cinco años. El agitador también está procesado por un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble, días después del gran apagón del 28 de abril de 2025. El caso lo instruye el Juzgado de Instrucción Número 23 de Madrid (denominado ahora Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia), ante el que el agitador compareció el 7 de abril para prestar declaración. Además, está encausado en un proceso que instruye la plaza 18 del Tribunal de Instancia de Sevilla, cuya titular decidió investigarlo por un presunto delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez. La acusación particular pide nueve años de prisión para el agitador por tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico. La acusación señala que esas calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por los que reclama un total de 60.000 euros de indemnización (20 euros diarios durante 20 meses) y que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al ejercicio del periodismo durante ese período, además de que publique un vídeo en sus redes sociales y en el EDATV ―en el que difundió parte de esos mensajes presuntamente injuriosos―, dando lectura del fallo. El querellante, Rubén Sánchez, ha señalado en X que la supuesta orden de busca y captura no deriva de este caso. El agitador ha sido protagonista también de otras causas, que han resultado archivadas. El 21 de mayo un juez de Majadahonda (Madrid) archivó la denuncia presentada por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un acoso cuando Gómez se encontraba en un restaurante. “El visionado que ha sido aportado a este tribunal no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo”, apostilla la resolución, a la que accedió EL PAÍS. El PP, que había contado con Quiles en su acto de cierre de campaña electoral en Aragón, salió a defenderlo asegurando que el agredido era él, “un periodista”. El PSOE denunció que Quiles usó un despacho del PP para grabar un vídeo contra Gómez. Días antes de la denuncia de Begoña Gómez, el 8 de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción Número 23 de Madrid archivó otra la causa abierta por presunto acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado el 2 de marzo. El PSOE había denunciado en una comisaría de Madrid a Quiles tras el “hostigamiento” y “acoso” a varias senadoras y Santaolalla tras un acto sobre igualdad en la Cámara alta. La instructora adoptó la decisión de archivar la causa después de analizar las “imágenes completas grabadas por las cámaras de seguridad del Senado” en las que se recoge la “secuencia completa” desde que Santaolalla sale del edificio hasta que sube al coche. Y concluyó que “en las mismas no se aprecia agresión alguna por parte del investigado”. También terminó en archivo otra denuncia contra el agitador interpuesta tras publicar en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la operación estadounidense que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero. “Estimado Presidente Donald Trump, el nuestro duerme aquí”, publicó Quiles junto a una fotografía aérea del Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, con una flecha que apuntaba a la ubicación del complejo presidencial. La Fiscalía de Elche-Orihuela la archivó el pasado 24 de abril al considerar que no se habían cometido delitos de traición, contra el orden institucional, detención ilegal ni contra las instituciones del Estado que la querella le atribuía. El Congreso le retiró a Quiles el pasado mayo y durante tres meses la acreditación de prensa, tras haber grabado con su móvil y luego emitido imágenes el pasado diciembre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona de la Cámara no permitida para ello, aunque acumula otras denuncias. El órgano de gobierno del Congreso, con el apoyo de la mayoría de PSOE y Sumar, ya había suspendido cautelarmente el pasado 13 de mayo su credencial y la del también agitador Bertrand Ndongo, aplicándoles la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas por la sucesión de altercados que han protagonizado en los últimos meses.