El sector inmobiliario dicta sentencia contra los decretos: "Falta oferta y prorrogar los contratos no pone en el mercado ni una sola casa"

Los dos decretos aprobados este martes por el Gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda y a la presión social que ha generado el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid plantean una duda esencial: ¿Son medidas eficientes para abordar la crisis de habitabilidad o son medidas eficientes para lanzar un mensaje político de cara a las urnas? A decir del sector inmobiliario, desde propietarios hasta inquilinos, desde constructores hasta fiscalistas, las normas tienen una elevada carga política pero no abordan el problema radical de falta de vivienda que se da en el país y, a mayores, inciden en la inestabilidad regulatoria que pone en riesgo la escasa oferta existente. El primero de los decretos incorpora, entre otras medidas, la ampliación de la protección frente a los desahucios hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Además, limita durante varios años la compra de vivienda por parte de fondos y empresas con fines especulativos, establece un IVA del 10% para los pisos turísticos, reduce al 4% el IVA de la construcción de vivienda pública y protegida, "reordena" la fiscalidad de las socimis para que orienten su inversión a la vivienda asequible y crea un nuevo instrumento -en la línea del Help to buy británico- llamado Tu Casa por el que el propio Estado se convierte en prestamista de la familias en alquiler para facilitarles financiación a 'tipo 0' con la que dar la entrada de acceso a una hipoteca (hasta un 20% del valor de la vivienda con un máximo de 50.000 euros y con la gestión a través del ICO). Igualmente, se han aprobado incentivos fiscales a los caseros y bonificaciones fiscales graduales a los inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros anuales, de manera que se pueden llegar a ahorrar hasta un mes de alquiler y con la idea de alcanzar hasta 1,6 millones de hogares. El segundo decreto recoge la renovación automática de determinados contratos de alquiler, una de las principales reivindicaciones incorporadas durante la negociación y probablemente una de las iniciativas que más reacciones en contra ha generado. "La esencia del problema es muy anterior a la actualización o la duración de los contratos y tiene que ver con la inmensa falta de vivienda disponible en el mercado. Prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas no pone en el mercado ni una sola casa, sino todo lo contrario. Ya lo vimos con la renta antigua, que destrozó el tejido del alquiler al dejar a los propietarios sin ninguna motivación para actualizar o mantener sus viviendas, en una suerte de expropiación en la que perdieron sus derechos sobre sus viviendas", apunta Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. "Todas las políticas y medidas que no vayan encaminadas a hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler serán fallidas y ahondaran más en la crisis en la que estamos inmersos", apuntala. También Ferran Font, de Pisos.com, camina en esa línea y resalta que la protección al inquilino debe ir acompañada de medidas que preserven y amplíen la oferta de alquiler. "Las medidas de protección a los hogares vulnerables y las modificaciones sobre la duración de los contratos deben ir acompañadas de un marco que ofrezca seguridad y previsibilidad a los propietarios, especialmente a los pequeños arrendadores. El objetivo debe ser proteger a quienes lo necesitan sin generar un aumento de la percepción de riesgo que pueda llevar a parte de la oferta a salir del mercado del alquiler residencia", explica el portavoz del portal. La patronal de la construcción CNC valora positivamente que la vivienda centre el debate político y subraya la complejidad de abordar la crisis actual en España. Ahora bien, cree que el paquete aprobado ayer por el Consejo de Ministros se queda corto. "Resulta urgente desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y agilizar la disponibilidad de suelo finalista" para afrontar el déficit de al menos 750.000 viviendas que estima el Banco de España. Su propuesta pasa por "avanzar en una estrategia integral que combine la movilización de suelo, la agilización administrativa, una fiscalidad adecuada, la revisión de los mecanismos de actualización de precios en la contratación y un plan de choque para afrontar el déficit de trabajadores". Bajando a la letra pequeña del texto, la patronal liderada por Pedro Fernández Alén valora "positivamente" la aplicación del tipo superreducido del 4% a la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida, pero entiende que esta medida debe formar parte de un paquete fiscal más amplio, "especialmente teniendo en cuenta que la fiscalidad puede representar más del 25% del precio final de una vivienda". También la asociación de Promotores y Constructores APCEspaña valora para bien la mejora fiscal para desarrollar VPO pero critica que el paquete aprobado no aporta ninguna medida para incrementar la oferta, ni suelo, ni agilidad administrativa, ni seguridad jurídica para quien tiene que construir. Otras fuentes del sector también críticas advierten de que este nuevo paquete de normas es "la misma cantinela que llevamos escuchando desde hace un año" y no incide en la oferta. "Hay que construir más y para ello es necesario agilizar la modificación de la Ley del Suelo. No valen parches, hay que actuar. Además, la protección de las familias vulnerables debe recaer en las administraciones públicas que son las responsables de las políticas públicas en materia de asuntos sociales y no en los propietarios de las viviendas", aseguran. Desde la asociación de usuarios financieros Asufin celebran la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta final de 2030 y las ayudas a la compra de primera vivienda, sin embargo, consideran "insuficiente la prohibición de la compra especulativa de vivienda por parte de los fondos buitres hasta, igualmente, 2028".