El Gobierno suaviza las exigencias de renovables a los centros de datos

El Gobierno ha enviado al Consejo de Estado una nueva versión de su borrador de decreto para regular los centros de datos, que ha decepcionado al sector, que esperaba que incluyera una suavización real de las medidas más polémicas que había propuesto, sobre todo el Ministerio de Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen. Sin embargo, la nueva versión, aunque tiene cambios que aparentemente suavizan las exigencias, sigue conservando las medidas más polémicas del borrador inicial, lo que puede hacer inviable el desarrollo de los centros de datos en España en el futuro. Según Spain DC, la patronal de empresas promotoras de centros de datos, entre 2026 y 2030 había hasta ahora inversiones comprometidas de hasta 67.000 millones. Y si se aplicase este decreto, hasta el 90% de esas inversiones estaría en riesgo de deslocalización a otros países como Portugal o Francia. Aunque los responsables del sector todavía no han tenido tiempo de estudiar en profundidad el nuevo texto, que se conoció en la noche de ayer, en una primera aproximación algunos de los principales responsables de promotoras de centros de datos en España consideran que mantiene los requisitos más difíciles y caros de cumplir. El principal problema es la correlación horaria por el que se debe alimentar con energía renovable hasta el 80% del consumo de cada centro de datos, pero acreditándolo hora a hora. Es esa medida -el que tenga que acreditarse cada una de las 24 horas del día- la que lo hace más difícil de cumplir, porque por la noche no hay energía solar. Eso implica que hay que sobredimensionar la alimentación renovable e instalar baterías que se alimenten de esas renovables para asegurar el suministro de este tipo de energía en todo momento, disparando los costes de cada proyecto y haciéndolos inviables en muchos casos. Ahora, la nueva versión del borrador de decreto establece la posibilidad de evitar de inicio esa exigencia del 80% y pasar a un periodo transitorio de cinco años en el que inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2028, la exigencia sería del 60% de energía renovable y del 70% durante 2029, 2030 y 2031. El problema, según el sector, es que se sigue exigiendo la correlación hora a hora, lo que, aunque el porcentaje sea menor, sigue exigiendo al promotor del centro de datos sobredimensionar su alimentación eléctrica y diseñarla para que cubra la peor hora, es decir, por la noche. Además, para acogerse a este supuesto, los centros de datos tienen que entrar obligatoriamente en un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), de forma que el operador del sistema les desconecte automáticamente en caso de necesidad. Este tipo de interrumpibilidad, que se está haciendo más y más frecuente por los problemas de la red eléctrica, implicaría la contradicción de que los centros de datos tendrían que estar arrancando a menudo sus grupos electrógenos con motores diesel, que no sólo emiten CO2, sino que son muy ruidosos, algo que puede ser un problema para los centros que están en zonas urbanas rodeados de viviendas. La decisión de enviar el texto al Consejo de Estado pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de cumplir su anuncio de que el decreto se aprobará antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, como señaló hace unas semanas el Ministro para la Transformación Digital, Óscar López, aunque no existe una situación en el desarrollo de los centros de datos en España ni en su regulación que exija esa vía de urgencia. Entre los cambios que suavizan las exigencias del borrador de decreto -aunque de forma insuficiente, según los promotores de centros de datos- figura el hecho de que ahora se aplica a centros de datos a partir de 10 MW de consumo, mientras que inicialmente se aplicaba a centros desde 1 MW de consumo, lo que hace que aquellos más pequeños y que trabajan principalmente para pymes, puedan quedar exentos de esta regulación tan restrictiva. Igualmente, también se ha modificado el plazo de tiempo de antigüedad de las plantas de renovables que deben alimentar estos centros. Para obligar a que se crease generación renovable nueva y adicional, inicialmente se obligaba a que las plantas renovables no tuvieran una antigüedad mayor de 18 meses. Ahora se amplía a 36 meses. Los promotores señalan que no tiene sentido no poder aprovechar la energía de plantas de mayor antigüedad, más allá de los 36 meses, que en muchos casos están tirando la energía renovable por falta de demanda.