El Gobierno asegura que la regularización masiva no afectará a Europa: "Es un permiso de residencia y trabajo solo en España"

El Ministerio de Migraciones está preparando, junto a la Abogacía del Estado, sus alegaciones para defender ante el Tribunal Supremo que la regularización generalizada de inmigrantes, que finaliza hoy, es "compatible con el derecho comunitario". Así lo han trasladado fuentes ministeriales tras conocerse que el Alto Tribunal plantea paralizar la regularización masiva de inmigrantes por "colisionar contra la Unión Europea". El Supremo hizo una providencia el pasado 24 de junio con la que abre un trámite de audiencia para que se puedan formular "alegaciones" sobre "la procedencia de formular ante el Tribunal de la UE (TJUE) cuestión prejudicial interpretativa" sobre esta medida. De elevarse, el Alto Tribunal probablemente paralizaría la regularización mientras se dirime el encaje del decreto español en la normativa europea. Desde el Ministerio que pilota Elma Saiz aseguran que "la norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario" y subrayan que "la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español". De esta manera, tratan de alejar los temores de Europa de que muchas de las personas que obtendrán los papeles en España podrán después instalarse en otros países de la UE, aprovechando la libre circulación de personas. El Gobierno asegura que esta "cuestión prejudicial interpretativa serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión", y fecha como plazo límite para pronunciarse el viernes 3 de julio. Además, el Ejecutivo recuerda que el pasado mes de mayo el TS "ya desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad". En ese momento, y también cuando se aprobó el decreto de regularización en el Consejo de Ministros, el Pacto de Migración y Asilo ya estaba en vigor, aunque no fue aplicable hasta el 12 de junio. La Sala Tercera del Supremo menciona seis bloques de posibles incompatibilidades y este reglamento conforma el primero de ellos. Adicionalmente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enfatizado que bajo la "investigación" de este proceso, el Alto Tribunal escuchará al Gobierno y a la Abogacía del Estado. También ha recordado que el proceso se intentó paralizar con medidas cautelares y el TS "le dio un varapalo a la Comunidad de Madrid, a Vox y a asociaciones que están en contra de las personas". Sumar insiste en ampliar el plazo Desde el socio minoritario del Gobierno se hace un cierre de filas total con la regularización y se defiende su encaje legal dentro de la Unión Europea. El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado que es "clarísimo" que el proceso emprendido por España "ni interfiere ni es contrario a ninguna medida del derecho comunitario". "Si fuera contrario", ha advertido, "lo que tendrían que haber hecho las instituciones europeas es ejercer las acciones legales correspondientes, cosas que no se ha hecho". El también portavoz parlamentario de IU ha recalcado que el pacto de migración y asilo no tiene "ninguna medida que impida garantizar derechos a ciudadanos extranjeros que ya están en nuestro país". De igual modo, el diputado de Sumar y Comunes Gerardo Pisarello ha subrayado también que no hay "contradicción" con el derecho de la UE. En un tono más duro, el diputado de Compromís dentro del grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha alertado de un intento de "golpe" por parte del Tribunal Supremo "para cargarse los derechos de nuestros vecinos". Por eso ha advertido de que la respuesta del Gobierno "ante el nuevo golpe que urden togados y peperos" debe ser ampliar el plazo de regularización para que nadie se quede fuera. En su crítica, el diputado valenciano recrimina al Supremo que "nunca cuestionó las Golden Visa" que era "regalar el permiso de residencia a cambio de invertir 500.000 euros". Para la líder de Podemos, Ione Belarra, no hay caso porque cada país de la UE es "soberano" para aplicar la política migratoria que considere "más efectiva". En todo caso, ha recalcado que la regularización es "una medida de justicia social que hay que defender ahora y siempre ante la Comisión Europea, las institucioens europeas y quien sea necesario" porque "defender los derechos humanos" coloca a España "en el lado correcto de la historia".