Juan Bravo: "El PP derogará toda la intervención del Gobierno sobre la vivienda"

En plena precampaña electoral marcada por las crisis residencial y de infraestructuras, y la sostenibilidad del sistema de pensiones como ejes principales, Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) es uno de los hombres nucleares en el plano económico para la candidatura con la que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aspira a alcanzar el Palacio de la Moncloa. Vicesecretario de Vivienda, Hacienda e Infraestructuras del Partido Popular y número uno en la lista del partido al Congreso de los Diputados por Sevilla, recibe a EXPANSIÓN para desgranar parte de la propuesta económica de los populares, especialmente en materia fiscal y de pensiones, así como su plan para recuperar el prestigio perdido en la alta velocidad española y solucionar la crisis de vivienda, un ramo que “tendrá una vicepresidencia” si el PP gobierna tras las elecciones del 29-N. Bravo explica que la apuesta del PP en vivienda pasa por solucionar la crisis de oferta que atraviesa el mercado residencial mediante la “construcción de un millón de viviendas durante la legislatura”. Para ello, la principal medida pasa por aprobar una Ley del Suelo “que permita agilizar y unificar trámites y reducir los plazos”, así como que se acepte el “silencio positivo”, esto es, que las empresas puedan iniciar nuevas promociones ante la tardanza de la Administración en resolver expendientes de obra nueva. El PP plantea el uso de suelo dotacional, la conversión de locales comerciales en vivienda, “mejorar la capacidad en altura siempre que se cumpla una serie de requisitos” y reducir el tamaño de las nuevas promociones. “Si las casas hoy en día tienen una media de 2,4 personas, lo lógico es hacer casas más pequeñas”. Bravo promete “una agilización máxima” de los expedientes de partición de viviendas más grandes para poder sacar los nuevos inmuebles. Con esta estrategia, el PP espera sumar hasta 50.000 viviendas adicionales durante la legislatura. La construcción de ese millón de viviendas sólo será posible, a juicio del vicesecretario del PP, mediante la contratación de aproximadamente “700.000 personas que harían falta en el sector de la construcción”. La segunda gran pata en el proyecto del PP sobre vivienda pasa por una reducción de impuestos “orientada a rebajar el precio de la vivienda”. Bravo explica que el PP rebajaría el IVA del 10% al 4% y permitiría que el impuesto “se pueda pagar al ritmo de la hipoteca”. Además, promete una línea de avales sobre el 20% de las nuevas hipotecas para que los compradores puedan financiar la totalidad de los préstamos. “En un principio”, señala, “teníamos previsto hasta 40 años, pero el problema se ha acrecentado tanto, porque la gente se compra la primera vivienda con 41,8 años, que en el plan final irá hasta los 50 en determinados supuestos”. El PP también plantea la creación de una hucha joven para “permitir ahorrar de los 18 a los 40 años y poder tener la capacidad presupuestaria para comprar vivienda”. En alquiler, el PP apuesta por eliminar las prórrogas forzosas “que hemos visto que no funcionan” y cambiarlas por un sistema de incentivos: “Aquel que tenga una vivienda alquilada, si prorroga tres años con incrementos por debajo del IPC, tendrá una deducción para que tenga compensada la pérdida. También estableceremos una deducción para que el inquilino pueda soportar los incrementos”. El objetivo en materia de arrendamientos es “recuperar entre 300.000 y 400.000 viviendas que han desaparecido del mercado por la inseguridad” que sufre el propietario. Feijóo promete modificar la ley para permitir desalojar a los okupas en 48 horas, una medida sobre la que espera contar con el consenso del Pleno del Congreso que resultará de los comicios del 29-N. “Junts, PNV y Vox están alineados con el plan para sacar adelante las iniciativas en materia de vivienda”, dice Bravo. La vista está puesta en derogar “todo lo que sea intervencionismo” en las sucesivas medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado en esta materia, como la Ley de Vivienda o los recientes decretos, que deberán someterse a convalidación parlamentaria antes de las elecciones y los cuales, en opinión de Bravo, “son una enmienda a la totalidad a los ocho años de Sánchez, porque ahí lo dice claro: hay que construir vivienda y hay que reducir plazos. Y eso no lo han hecho en ninguna de sus leyes, porque la del Suelo la retiraron, la de Vivienda no lleva nada de eso y los reales decretos solo llevaban intervencionismo”. Uno de los grandes temas que han marcado este periplo preelectoral -la campaña comenzará oficialmente el 13 de noviembre- es la sostenibilidad de las pensiones, en un momento donde las transferencias del Estado a la Seguridad Social para hacer frente al pago de las prestaciones rozaron el año pasado los 60.000 millones de euros. Bravo es tajante: “La subida de las pensiones públicas conforme al IPC está garantizada”, afirma. Además, destaca que “a los jóvenes hay que asegurarles que este sistema les va a llegar para no generarles ninguna inquietud y ninguna distancia con el sistema. Si nosotros hacemos las cosas bien, generamos actividad, recaudamos impuestos, las cosas funcionan, no hay problema”. Partiendo de esta base, ¿es sostenible un sistema tan generoso con el pensionista como el actual? Bravo afirma que hay margen de maniobra y que “todo lo que sea mejorar, hay que tomarlo”. Por ejemplo, en lo respectivo al fomento del ahorro privado para la jubilación en paralelo a las prestaciones públicas. “El Gobierno de Sánchez redujo al máximo y hoy en día solamente se pueden ahorrar 1.500 euros para los planes de pensiones para complementar tu pensión pública, para que el día de mañana no dependas solamente de la pensión pública, sino de tu ahorro. Eso lo han reducido, y nosotros planteamos incrementarlo” hasta el entorno de los “4.000 o los 5.000 euros”. Además, no descarta incorporar otras fórmulas al sistema. “¿Podemos copiar otras fórmulas como por ejemplo hacen en Suecia y que mi aportación no solamente sea un plan de pensiones, sino que yo pueda crear como una cesta en la que yo pueda hacer mi aportación a un plan de pensiones, pero también mi compra de acciones? Sí. ¿Podemos mejorar el sistema? Claro. ¿Tenemos que incentivarlo? Por supuesto”, reflexiona, si bien añade que “no pongamos dudas para no generar ansiedad a nadie. Eso lo han convertido algunos [por Sánchez] en un elemento de ‘que viene, que viene la derecha’ y genera miedo”. Por ello, insiste en que “vamos a garantizar las subidas al IPC y vamos a eliminar que se puedan bajar pensiones o que se puedan subir cotizaciones”. Otra de las banderas del programa económico con el que el PP concurre el 29 de noviembre es la protección al colectivo de autónomos. Un asunto en el que, pese a que los populares descartan modificar el grueso del sistema de cotización por ingresos reales aprobado por el actual Ejecutivo, prometen “volver a sentarse en la mesa para analizar punto por punto y ver realmente dónde están aquellas cuestiones que el colectivo pide y que todo el mundo compartimos”. Bravo señala que “los autónomos cumplieron con su parte al aceptar el sistema de cotización, pero el Gobierno no les ha dado una red de seguridad”. El PP promete mantener la actual tarifa plana, “pero no de 80 euros, sino de cero euros para que no paguen cuota a la Seguridad Social durante el primer año de su actividad”. Asimismo, y tras las quejas del colectivo de trabajadores por cuenta propia, que apunta a que “dedican algo más de 200 horas al año a trámites administrativos, lo cual está cuantificado en 13.000 millones de coste”, Bravo avanza que “en vez de tener que presentar declaraciones trimestrales, las podrán presentar semestralmente, reduciendo el trámite a la mitad”. Además, “planteamos que un nuevo autónomo no tendrá que presentar declaraciones hasta el año siguiente, y ya en el ejercicio siguiente regularizar todo”. Respecto a los impuestos, el PP insiste en poner en marcha el régimen de franquicia de IVA que, según sus cálculos, “permitirá que 1,4 millones de autónomos no tengan que presentar declaraciones [tampoco podrían deducir el IVA de sus gastos si se acogen al sistema], lo que aliviará la carga administrativa y mejorará la liquidez” . Bravo también apunta a que los planes del PP para el colectivo pasan por que “las cotizaciones sociales tengan claro lo que les corresponde. Por ejemplo, si un trabajador suyo al día siguiente de ponerse enfermo tiene toda la cobertura, lo que no tiene sentido es que el empresario, el autónomo, durante los primeros 60 días tenga que pagar cotizaciones; que si ser autónomo ya es una heroicidad, tener un hijo ya la multiplica por lo que los dos años siguientes a tener un hijo tendrán una cuota cero fija”. En total, el plan del PP para aliviar e incentivar el trabajo por cuenta propia está formado por “medio centenar de medidas que intentan dar respuesta a cosas sencillas que no tienen gran coste” en las cuentas públicas, según Bravo. Tras los graves accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, Juan Bravo subraya que el problema no se ha encontrado en la liberalización de la red. “La competencia ha funcionado para el usuario”, afirma. A su juicio, “lo que ha fallado es la gestión de la infraestructura”, ya que “más trenes exigen más mantenimiento”, algo que el Gobierno “no adaptó” a las nuevas necesidades de la red de alta velocidad. Por ello, el vicesecretario de Vivienda, Hacienda e Infraestructuras del PP avanza que si Feijóo es investido presidente aprobará un “plan de choque” en los primeros cien días, el cual empezaría con una “auditoría de las infraestructuras críticas”, ya que “antes de comprometer cada euro hay que conocer el estado real de la red”. Dependiendo del resultado de este examen “se invertirá lo necesario para garantizar la seguridad de los españoles cuando se suben a un tren”, algo que en su opinión no ha ocurrido en los últimos años de “nula ejecución y falta de capacidad para mantener lo construido” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.