El Congreso vuelve a tumbar la senda de déficit pero deja viva la quita de deuda a las CCAA

"El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra". El refrán popular, en este caso, bien podría aplicarse al Gobierno, después de que el Congreso de los Diputados volviese a escenificar este jueves, durante el último pleno del curso político, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que ahora deberá avanzar en la elaboración de los Presupuestos sin el visto bueno del poder legislativo a la senda de estabilidad ni al techo de gasto planteado por el Ministerio de Hacienda. Después de su no inicial el pasado 14 de julio, la Cámara Baja volvió a mostrar su oposición al reparto de los objetivos de déficit y al tope de gasto récord de más de 226.000 millones de euros proyectado por el Ejecutivo para 2027. El resultado de la votación sobre el mismo techo que Hacienda llevó al Congreso el martes de la semana pasada fue, igualmente, el mismo. En contra votaron el Partido Popular, Vox, Junts y UPN; mientras que Podemos se abstuvo a la senda de estabilidad que servirá como base para elaborar el proyecto de unos Presupuestos que, presumiblemente, serán los más expansivos de la historia. El ministro de Hacienda, Arcadi España, volvió a defender la propuesta en el hemiciclo, cargando duramente contra el Partido Popular, al que acusó de "preferir la derrota del Gobierno a contar con más margen fiscal para las comunidades autónomas". Según explicó, la negativa del Congreso resultará en la pérdida de un margen del 0,1% del PIB para las regiones, que ronda los 5.849 millones de euros entre 2027 y 2029. Desde el PP, el diputado José Vicente Marí acusó Hacienda de "hacer perder el tiempo a los españoles" al repetir la misma senda de estabilidad, e instó al Gobierno a convocar elecciones ante el nuevo fracaso de los objetivos de déficit. "Su pretensión es hacer ver que hacen algo además de incumplir la ley", al rechazar presentar una senda alternativa que busque un nuevo acuerdo. Para los populares, la senda de déficit planteada no es correcta, en alusión al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que recientemente señaló lanecesidad de ajustar 10.000 millones de euros este mismo año para cumplir con el Plan Fiscal de Medio Plazo. El portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, también escenificó sus diferencias con el Gobierno, el principal escollo para sacar adelante la senda de déficit. Desde el partido de Carles Puigdemont afirmaron que "realmente no quieren presentar Presupuestos", y reclamaron cumplir con los compromisos adquiridos con las fuerzas independentistas. En el mismo sentido -aunque su voto finalmente ha sido favorable-, el grupo parlamentario republicano consideró que "no somos nosotros quienes impediremos al Gobierno presentar Presupuestos", si bien advirtieron al ministro de Hacienda de que no considere su voto a favor como un aval para las futuras Cuentas Públicas. "Si los Presupuestos Generales no respetan los compromisos adquiridos, no contarán con nuestro apoyo", avanzó Teresa Jordà. El segundo gran punto en el orden del día del denominado pleno escoba previo a las vacaciones políticas era el debate de totalidad al proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, es decir, la quita de 83.252 millones de euros de la deuda de las regiones que puso en marcha hace aproximadamente un año y medio la ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero. En este caso, el Congreso votó a favor de continuar tramitando el texto con los votos de Junts, si bien la formación independentista advirtió de que introducirá sus propias enmiendas al proyecto de ley. El PP volvió a mostrar su disconformidad con una medida que, a su juicio, supone un perjuicio para las comunidades autónomas que han trabajado por mantener sus cuentas saneadas, y beneficia por el contrario a aquellas que presentan más descubierto en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Al respecto, Arcadi España señaló que la mayor parte de la quita de deuda propuesta por Hacienda iría a parar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP -argumento que ya utilizó su predecesora en el cargo-, y que aprobar la condonación supondría un ahorro para las CCAA de alrededor de 6.700 millones en intereses. El proyecto de ley contempla reducciones dispares en función de la región. De los más de 83.200 millones de quita que recoge el texto, Andalucía abarcaría 18.791 millones; seguida por Cataluña, a la que se perdonarían 17.104 millones, Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones), según los cálculos del Ministerio de Hacienda. En el lado opuesto se situarían La Rioja y Cantabria, a las que apenas se condonarían 448 y 809 millones de euros, respectivamente. España defendió que la quita de deuda sirve para reforzar el Estado de las autonomías después la crisis financiera y la pandemia, cuando las regiones tuvieron que endeudarse de forma importante. "Si no estamos de acuerdo, no hay nada que hablar", señaló. Si bien se trata de una medida paralela, el ministro de Hacienda identificó la condonación como "el kilómetro cero" de la reforma de la financiación autonómica que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) votará el próximo miércoles, 29 de julio, y que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Cataluña. A pesar de la importancia del debate sobre la senda de estabilidad, el techo de gasto y la quita de deuda a las CCAA, el pleno arrancó con la discusión sobre el segundo decreto de ayudas por la guerra de Irán, que entre otras medidas incluye una rebaja fiscal a los carburantes que irá decayendo por tramos hasta su desaparición definitiva, en principio, en octubre. Como ocurrió con el primer decreto de marzo, el Congreso convalidó el decreto con la abstención del PP y el apoyo de Junts, desde donde no obstante advirtieron de que el paquete de apoyo es insuficiente a tenor de las últimas alzas de precios.