Mil días sin Presupuestos: los 'parches' superan los 330.000 millones desde 2024

La parálisis presupuestaria generada tras el vencimiento de las Cuentas Públicas de 2023 -las últimas presentadas por el Gobierno- cumple hoy mil días de vigencia. Una cifra histórica, que en este caso sitúa a España como una rara avis en un plano tan importante como negativo: la incapacidad de un gobierno para presentar un proyecto presupuestario en tres años marcados por hitos como la recuperación con los fondos europeos; la saturación de los servicios públicos derivada del crecimiento de la población; la acuciante necesidad de vivienda; o el aumento del gasto en Defensa tras las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo. Todo ello, sumado al mandato constitucional de presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) al menos tres meses antes de que concluyan los del año anterior. Más allá del discutido incumplimiento de la Constitución, el Ejecutivo viene defendiendo desde entonces que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no está siendo un impedimento para continuar gobernando. Ello, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en numerosas ocasiones mientras estaba en la oposición que un gobierno sin Cuentas Públicas "es un gobierno que no gobierna nada, que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa". La realidad es que el Gobierno de la coalición PSOE-Sumar ha tenido que redirigir en todos los años de ausencia presupuestaria una cantidad cada vez mayor de recursos de unos ministerios a otros, así como aprobar ampliaciones y modificaciones de crédito para hacer frente a la realidad de la economía española y a los cambios políticos. Entre enero y julio de este año -los últimos datos recogidos por la Intervención de la Administración General del Estado-, estos parches ascendieron a un total de cerca de 118.000 millones de euros, lo que supone igualar la cifra registrada en el cómputo de todo el año pasado y superar la de 2024, el primer año de prórroga presupuestaria. En total, estas modificaciones y traspasos superan los 330.000 millones durante los 1.000 días de ausencia de Cuentas Públicas. Además de mediante deuda pública, el Estado ha podido hacer frente a la ausencia de Presupuestos en los últimos tres ejercicios gracias, por un lado, al aumento de los ingresos fiscales. En este sentido, la Agencia Tributaria recaudó el año pasado más de 325.000 millones de euros, frente a los cerca de 272.000 millones de 2023; o, lo que es lo mismo, unos 53.000 millones de euros más. El incremento podría ser incluso superior este año, habida cuenta de que las arcas públicas habían ingresado entre enero y julio -últimos datos disponibles- más de 200.000 millones de euros por la vía de los impuestos, un 10,1% más que durante el mismo periodo del año pasado. En paralelo, la inyección que han supuesto los fondos europeos también ha servido para remendar diferentes partidas presupuestarias ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas detectó que, ya en 2024, el Gobierno había utilizado fondos europeos "sobrantes" para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros. Si bien poco después su presidenta, Enriqueta Chicano, afirmó que no se habían cometido actos ilegales, el Congreso de los Diputados decidió tumbar hace unas semanas la Cuenta General del Estado ante las "irregularidades presupuestarias" en la gestión de los fondos Next Generation EU, cuyo último pago deberá valorar la Comisión Europea a partir de octubre antes de abonarlo hasta el 31 de diciembre. Pese a haber sobrevivido a la orfandad presupuestaria, el Estado ya se ha quedado sin margen para continuar sin Cuentas Públicas. Prueba de ello es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió en julio de la necesidad de realizar un ajuste de 10.000 millones este mismo año para poder alcanzar las metas fiscales comprometidas con la Unión Europea, ante un crecimiento en el gasto primario neto del 6,4%, frente al 3,5% que el Gobierno acordó con Bruselas. Todo, en un marco donde el Gobierno cuenta con poca holgura para realizar ajustes, teniendo en cuenta que las medidas aprobadas en respuesta al conflicto de Oriente Próximo han costado, según los cálculos del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, precisamente 10.000 millones de euros; y que el Consejo de Ministros aprobará el martes un nuevo paquete para hacer frente al aumento de costes derivado de la guerra de Irán. Por ello, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha puesto de manifiesto en los últimos días la importancia de que Hacienda cumpla este año con su promesa y presente un proyecto de Cuentas Públicas para 2027. En su opinión, "no se puede abusar de la prórroga presupuestaria, por lo que "la mera presentación ya tiene valor en sí misma, se aprueben o no se aprueben"; algo que parece complicado, a tenor de la debilidad del Gobierno en el Congreso de los Diputados.