La Cámara de Cuentas andaluza podrá investigar al consejero del PSOE que asesoró en secreto a Begoña Gómez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la decisión de la Cámara de Cuentas autonómica de investigar a su consejero nombrado a propuesta del PSOE, Antonio Manuel López Hernández, por prestar asesoramiento legal a Begoña Gómez y realizar otros trabajos ... externos a espaldas de la institución que paga su sueldo público. En un auto del pasado 24 de julio al que ha tenido acceso ABC, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla rechaza el recurso que interpuso el vocal socialista, quien intentó frenar las pesquisas internas alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. El órgano fiscalizador se enteró por los medios de comunicación de que había redactado un informe técnico para la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa que instruyó el juez Juan Carlos Peinado, mientras percibía una retribución superior a los 83.000 euros al año bajo un régimen de «dedicación absoluta».En la resolución judicial, los magistrados desestiman la pretensión de López Hernández de anular la apertura de «un expediente sancionador» cuyo objeto es determinar «la presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes» a su alta función como miembro de un órgano encargado de velar por la limpieza del gasto en la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Apelando a la doctrina asentada por el Tribunal Supremo, la Sala rebate que «la Cámara de Cuentas dispone de potestades de control sobre el régimen aplicable a los consejeros de la misma en materia de incompatibilidades y actividades profesionales». Por tanto, zanjan los jueces, «no podemos en principio negar categóricamente que la Cámara de Cuentas sí tenga potestad de intervención sobre las actuaciones de los miembros del pleno de la misma».El alto cargo del PSOE alegó que el expediente abierto quebrantó sus derechos de defensa y de «participación política»En su escrito de demanda, López Hernández había esgrimido que la tramitación del expediente interno por parte del ente fiscalizador había vulnerado de forma flagrante su « derecho de participación política y pública», el derecho de defensa, así como el principio de legalidad sancionadora, previstos todos ellos en los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución Española. El alto cargo argumentó también que el Pleno de esta institución dependiente del Parlamento andaluz, que acordó incoar la investigación interna el pasado 28 de mayo, carece de «competencia alguna para sancionar ni procedimiento para su ejercicio», con el objetivo de invalidar cualquier actuación fiscalizadora sobre su persona.El TSJA lo contradice de plano y desmonta las objeciones planteadas por López, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Granada. El auto concluye que «la omisión de una previsión normativa sobre el cauce o procedimiento a seguir, no supone lesión de derecho fundamental alguno». Los magistrados sostienen que la resolución aprobada en mayo se trata, en realidad, de un mero «acuerdo de inicio» de una vía disciplinaria que, lejos de imponer medidas limitativas al demandante, se erige en el procedimiento que le «ofrece mayor garantías» para defenderse con sus correspondientes alegaciones.El auto precisa que «de lo que se trata es de aplicar las previsiones en materia de incapacidades o inhabilitaciones previstas para sus consejeros » ante la posible infracción de la normativa. Por ello, lo que acuerde el ente autonómico en esta fase inicial «por ahora no es fiscalizable» en los tribunales, toda vez que el expediente aún no está concluido.Pidió sin éxito la suspensión cautelarEn un auto previo, del pasado 15 de julio, el propio TSJA ya había rechazado la suspensión cautelar de la investigación interna de la Cámara solicitada por López, al entender que resultaba «cuanto menos prematuro» dejar en suspenso un proceso administrativo que ni siquiera había llegado a su término. Contra la primera resolución, cabía interponer un recurso de reposición en el plazo ordinario de cinco días.El origen del expediente radica en el choque frontal entre el pluriempleo opaco del consejero y el estatuto de exclusividad que exige su cargo. El consejero del PSOE cobra una retribución anual superior a los 83.000 euros que lleva aparejado el requisito legal de dedicación absoluta . Compatibilizó sus responsabilidades públicas con labores de asesoramiento legal para la esposa del presidente del Gobierno y con actividades docentes privadas en diversos másteres universitarios.López exculpaba a Gómez de las irregularidadesEn su faceta de asesor técnico, el alto cargo andaluz, trató de legitimar con un informe pericial la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por la que estaba siendo investigada. López Hernández argumentaba en su peritaje de parte que no apreciaba «anomalía» alguna en la gestión ni en la tramitación institucional del máster, e incluso llegaba a calificar la dirección de dichos programas universitarios por parte de Gómez como una actividad «sustancialmente altruista». Su auxilio técnico no impidió que un jurado popular vaya a juzgar a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.En los registros oficiales de la Cámara no consta ninguna solicitud previa de compatibilidad, un trámite imperativo y previo a cualquier actividad privada o docente. Hasta el punto de que el Pleno de la institución se enteró por la prensa de que el consejero del PSOE había firmado un documento técnico incorporado al sumario judicial.Si la Cámara de Cuentas confirma en el expediente en curso que el jurista infringió de forma grave su régimen de incompatibilidades, el pluriempleo clandestino del consejero del PSOE puede costarle el puesto. La destitución, en última instancia, correspondería al Parlamento andaluz . El mismo órgano legislativo que aprobó su nombramiento en su día a propuesta del Grupo Socialista deberá decidir sobre su futuro si la investigación corrobora que incumplió a exclusividad exigida a los 'guardianes' del dinero público.