El mapa de la financiación autonómica: Murcia, la región más castigada; Madrid, la que más aporta

El encaje de la financiación autonómica es cada vez más complicado, como pone de manifiesto la dificultad para llegar a un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y el aplazamiento de las reuniones a septiembre. Aunque la subida de precios de los últimos años y la creación de empleo han aumentado los ingresos fiscales, el progresivo envejecimiento demográfico y el aumento del gasto social están sobrecargando las cuentas de las comunidades autónomas, lo que dificulta cerrar un pacto en torno a esta materia. A ello hay que sumar la enorme disparidad en el sistema, en el que hay comunidades infrafinanciadas que están reivindicando un aumento de su dotación, como es el caso de Murcia y Comunidad Valenciana, mientras que otras piden reducir la cuota de solidaridad hacia el resto de las regiones, como Madrid. De acuerdo con un análisis publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en base a los datos publicados recientemente por Hacienda, Cantabria es la región que cuenta con una mayor financiación efectiva por habitante, mientras que la Comunidad Valenciana y Murcia son las más castigadas. En concreto, cuando se mira la financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado (esto es, una vez corregido el dato bruto por las distintas funciones asumidas por los ejecutivos refiones y se consideran algunas variables que encarecen el coste de prestación de los servicios públicos, como la dispersión demográfica) Cantabria dispone de una financiación per cápita un 18,6% superior a la media de las comunidades autónomas de régimen común, seguida de La Rioja (un 12,2% más) y Extremadura (10,6%), mientras que Murcia es la colista, un 8% por debajo de la media, junto con Comunidad Valenciana (un 7,2% menos), Andalucía y Castilla-La Mancha (un 4,3% menos). Al mismo tiempo, hay otro elemento que tensiona las negociaciones: el escaso número de comunidades que aportan fondos a la solidaridad interautonómica. Según las cifras de Fedea, Madrid lidera la solidad interautonómica, seguida a mucha distancia de Cataluña y Baleares, y son las únicas tres regiones cuya aportación neta de fondos al sistema es positiva. La Comunidad de Madrid aportó 8.681 millones de euros al Sistema de Financiación Autonómica en 2024, último año para el que hay datos disponibles, el 25,88% de sus ingresos tributarios, seguida de Cataluña (2.315 millones, el 7,28% de sus ingresos por impuestos) y Baleares (413 millones, el 7,85%). Estos datos completan los 11.409 millones que aportan las comunidades autónomas y que posteriormente, sumados a los 13.238 que aporta el Estado, se distribuyen al resto de las regiones de régimen común. Entre ellas, Andalucía es la mayor receptora de fondos (6.114 millones de euros), seguida de Canarias (4.439 millones), Galicia (2.844 millones) y Castilla y León (2.323 millones), si bien es Canarias la región que sale más beneficiada en relación a sus ingresos tributarios, al captar del sistema de reparto autonómico el equivalente al 96,6% de estos, seguida de Extremadura (72,11%), Castilla - La Mancha (36,38%), Cantabria (35,29%) y Galicia (35,27%). Complicado encaje Todo ello genera una triple tensión sobre el sistema. En primer lugar, existe la tensión entre las comunidades cuyos servicios públicos están claramente infrafinanciados y aquellas que no quieren renunciar a la sobrefinanciación. En segundo lugar, la tensión entre las regiones que aspiran a mejorar la llegada de sus fondos y las escasas comunidades que aportan fondos al sistema. Especialmente, Madrid, que utiliza uno de cada cuatro euros que ingresa por impuestos para financiar los servicios públicos del resto de comunidades y que aporta más de tres tres cuartas partes de los fondos provenientes de las comunidades autónomas, al tiempo que Cataluña reclama reducir su aportación neta. Y, finalmente, la tensión provocada por el hecho de que dos de las tres comunidades con un mayor PIB per cápita, País Vasco y Navarra, no solo no estén incluidas dentro del sistema de financiación autonómica sino que incluso realicen una aportación insuficente a las arcas del Estado, ya Fedea ha denunciado en numerosas ocasiones que el cálculo del cupo y el convenio es opaco y no recoge adecuadamente el coste de la prestación de los servicios públicos no asumidos por las comunidades autónomas. Todo ello deja una única solución: el incremento de las transferencias por parte del Estado. Sin embargo, esta vía supone una "mala idea" para el director ejecutivo Fedea, Ángel de la Fuente, que considera que no es el momento para hacer "regalos del calibre" de los 21.000 millones de euros extra proyectados por el Gobierno para el próximo ejercicio, ya que es el Estado el que tiene que hacer frente al mayor aumento de los gastos en los próximos años, en materia de defensa y Seguridad Social, y ya tienen un elevado déficit. Además, desde las comunidades autónomas critican que este aumento de las transferencias y de la participación en los ingresos tributarios se ha pactado previamente con ERC para beneficiar a Cataluña y se ha trasladado posteriormente al resto de las comunidades autónomas, lo que complica las negociaciones a partir de septiembre.