Esto es lo que dice el reglamento de la Guardia Civil sobre la situación laboral del DAO tras su imputación

El artículo 92 del reglamento interno de la Guardia Civil es claro: «la situación de suspensión de funciones se acuerda ante la imputación de un delito o por la existencia de faltas muy graves». Es decir, que si un juez, como este jueves hizo ... Santiago Pedraz, acuerda citar como investigado a un agente del Instituto Armado, el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo tendrá que estudiar su suspensión temporal de funciones. Una propuesta que elevará al ministro del Interior que tendrá la decisión final.En este caso el investigado, citado a declarar el próximo 16 de julio en la Audiencia Nacional, es el mismo DAO. Es decir, que con el reglamento en la mano, Manuel Llamas tendría que estudiar si se autoabre un expediente para analizar si los hechos que se le imputan son compatibles con seguir en el cargo. Una decisión que, además de él, en casos extremos también pueden tomar sus superiores, sea la directora general, la secretaria de Estado de Seguridad o el ministro del Interior.La realidad, por eso, es que ni Manuel Llamas tiene intención de aplicarse a sí mismo el reglamento ni Mercedes González, también imputada, ni Aina Calvo ni Fernando Grande - Marlaska, prevén apartarle temporalmente de sus funciones. De hecho, según fuentes del Ministerio del Interior, los principales mandos políticos del departamento no solo no condenan la investigación si no que le defienden y le respaldan.Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazEl reglamento indica que «la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave».Prosigue añadiendo que «el Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados , la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones». En este caso tanto el delito de prevaricación administrativa y el de contra la administración de justicia, infieren en el régimen del cuerpo y generan alarma social. El reglamento también indica que «el Ministro del Interior determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino».