Catorce CCAA votan a favor de transferir 25 millones a Ceuta para atender a los menores migrantes

Las 14 comunidades autónomas reunidas este jueves con el Ministerio de Juventud e Infancia han votado a favor de enviar a Ceuta 25 millones de euros para la acogida de los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 de julio. Han rechazado esta medida por escrito Castilla y León, Extremadura y Aragón, que se han ausentado -como ya hicieron en la reunión preparatoria de este encuentro- y que son regiones presididas por el PP donde las políticas de Infancia están en manos de Vox. El resto de autonomías populares ha apoyado la transferencia financiera, aunque la ha considerado "insuficiente" para atender todas las necesidades que tienen más de 1.500 niños y adolescentes. "25 millones sólo va a dar para dos meses de atención", ha apuntado la consejera madrileña de Familia, Ana Dávila-Ponce de León. La ministra Sira Rego ha explicado que el cálculo de ese dinero se hizo el 30 de julio, nada más producirse la "entrada masiva", cuando no habían cuantificado aún el volumen de llegadas, y se ha mostrado abierta a ampliarlo. El Ministerio de Juventud e Infancia y la mayoría de gobiernos autonómicos se han reunido este jueves en la Conferencia Sectorial, máximo órgano de interlocución en materia de menores entre el Estado y las autonomías. Dos puntos constaban en el orden del día: la transferencia de 25 millones de euros y la situación de los menores la ciudad autónoma, una cuestión que las regiones del PP se oponían a debatir porque consideraban que se había incluido "de forma irregular" y que finalmente ha sido retirada por el Ministerio. Las cuatro posturas En el encuentro han estado, de forma presencial, las socialistas Navarra y Cataluña y, de forma virtual, País Vasco (PNV), Asturias (PSOE) y Castilla-La Mancha (PSOE). Por parte del PP, han acudido presencialmente Madrid y Canarias (cogobierno de CC y PP), mientras que Andalucía (cogobierno con Vox pero consejero del PP), Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla lo han hecho de forma telemática. Las siglas son importantes porque definen las cuatro posturas en este asunto: plantón de Vox, presencia a regañadientes en el caso del PP y colaboración con el Gobierno en las cinco regiones restantes, aunque eso no significa que se hayan ofrecido a acoger a menores. Un grupo aparte está formado por las populares Ceuta, Melilla y Canarias, que buscan compartir la responsabilidad con el resto de territorios porque sufren directamente las consecuencias de las crisis migratorias. El reparto El Gobierno trabaja con la "prioridad" de devolver los menores a sus familias en Marruecos. Es "la primera opción". Pero la repatriación no va a poder hacerse "en muchos casos", según Rego, porque no se encuentra a los padres o las vinculación familiar no está clara o son niños que viven en la calle. En cualquier caso, el Ministerio dice que estos trámites, si se hacen en Ceuta, van a tardar mucho, y propone que se repartan de forma inmediata por las comunidades autónomas y que sea en los distintos territorios donde se lleven a cabo las identificaciones y las entrevistas. Y, desde allí, decidir si se envían de vuelta a casa, se quedan en esa región o se acogen en otra. "El proceso se puede hacer igual en Ceuta que en Albacete", señalan fuentes de este departamento. La ministra también ha propuesto que se trasladen de forma urgente 500 niñas a recursos privados de ONG en la Península, una decisión que, han recordado fuentes de su Ministerio, "debe tomar Ceuta, que es quien tiene la tutela de los menores". Eso permitiría dejar libres 500 plazas para otros niños. El traslado se haría inmediatamente porque el Ministerio ya ha hablado con las ONG implicadas (no ha querido decir cuáles son). Las cuatro propuestas El reparto de los niños entre todas CCAA no se ha votado este jueves y los consejeros se han emplazado a mantener otra sectorial en el futuro donde se debatirán las cuatro vías planteadas por Rego a los consejeros: aplicar el real decreto que obliga a las CCAA a aceptar a los menores, establecer convenios bilaterales entre regiones, que las entidades sociales privadas se hagan cargo o que los menores sean acogidos por familias españolas. La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, ha planteado, por su parte, que se trasladen a otros estados miembros de la UE, una posibilidad que permite el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Rego no ha dicho ni que sí ni que no, pero ha coincidido en que la UE debe responder "de manera solidaria y vinculante". Baile de cifras Según fuentes presentes en la reunión, el Ministerio no ha precisado el número de menores que hay en Ceuta. Las ONG hablaban de 4.000, mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que existían más de 2.900. Fuentes del equipo de Sira Rego dicen que estas cifras no eran correctas porque aludían a "expedientes que en varios casos se encontraban duplicados" y que, "una vez depuradas estas cifras", el resultado es que hay 1.500 menores filiados. No obstante, aún quedan niños y adolescentes sin identificar y sin registrar que no se incluyen dentro de estos 1.500. Hay discrepancias también en las cifras de las niñas. El Gobierno ha estado hablando estos días de 500, pero el lehendakari,Imanol Pradales, ha asegurado que hay 800 en Ceuta. El PNV ha votado a favor de la transferencia de 25 millones, pero Pradales ha denunciado la "falta de eficacia", la tardanza y la "sensación de descoordinación" del Gobierno. Ha mostrado su "solidaridad" ante un posible reparto. pero ha eludido cualquier compromiso sobre el número de niñas que estaría dispuesto a acoger. De hecho, ha advertido que tienen casi 1.000 menores tutelados. ¿Quiénes se ofrecen a acoger? Igualmente esquivo se ha mostrado Raúl Moreno, consejero de Asuntos Sociales de Cataluña, preguntado al término de la Sectorial si se había ofrecido al Gobierno a acoger a menores. "Cataluña ya acoge a más de 2.000, nuestro sistema está equilibrado. La respuesta no puede ser de una comunidad, sino de todas las comunidades autónomas", ha respondido. Sí se ha ofrecido Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales de Navarra: "Nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir la ley y a ser solidarios con Ceuta", ha dicho con contundencia. Las regiones gobernadas por el PP, mientras tanto, dicen que lo que tiene que hacer el Gobierno es devolver a estos menores con sus padres a Marruecos. No quieren que se produzca el traslado a la Península ni el reparto por sus territorios y consideran que "es el Gobierno el que tiene que resolver este problema". La consellera de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Elena Albalat, ha exigido al Gobierno que "ponga orden antes de repartir las consecuencias de su mala gestión a las comunidades". "Nuestra posición desde el primer momento es el retorno, siempre de acuerdo con la ley. La solidaridad de la Comunidad Valenciana está fuera de toda duda, pero nunca puede sustituir la responsabilidad del Estado. Los menores necesitan protección, sus familias deben ser localizadas y esa es una obligación única del Gobierno", advirtió Albalat. Los centros de menores en esta región se encuentran al 200% de su ocupación. Por su lado, la consejera andaluza de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha querido dejar constancia del "apoyo y solidaridad" de Andalucía con Ceuta si bien ha advertido que la Junta "no va a contribuir a que el Gobierno vuelva a utilizar a los menores como mercancía política". El Gobierno andaluz hace equilibrios para no incurrir en declaraciones que supongan un incumplimiento de la ley que le obliga a atender a los menores que le sean asignados en el reparto, aunque sin concesiones al Gobierno. Andalucía -ha afirmado la consejera- "es una tierra solidaria" y exige al Gobierno de España que "cumpla con sus competencias y con la ley en aras de la protección de los menores y la reagrupación familiar". "Andalucía cumplirá, como siempre, con sus obligaciones legales en materia de protección de menores pero no va a contribuir a que el Gobierno de España eluda sus responsabilidades en materia migratoria usando a los menores como mercancía política", ha añadido.