Hacienda informa al juez de que tiene una inspección fiscal contra Zapatero y su familia

La Agencia Tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de que el pasado junio abrió inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y la empresa de estas (What The Fav), así como a su amigo Julio Martínez y varias de sus empresas, si bien al mismo tiempo le ha pedido que ordene paralizar estas pesquisas tributarias para dar prioridad a la investigación penal, donde el instructor trata de dilucidar la existencia de una organización criminal dedicada a vender la influencia del exdirigente socialista. En sendas comunicaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Hacienda informa al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de que sus delegaciones de Madrid y Valencia han iniciado “actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general”, respecto a Zapatero y su familia y a Martínez, así como sobre las mercantiles indicadas. En el caso de Zapatero, el fisco precisa que las abrió el pasado 15 de junio, casi un mes después de que trascendiera su imputación, en relación con los impuestos del IRPF (2021-2024), IVA (2022-2024), Patrimonio (2021-2024) y Grandes Fortunas (2002-2024). En cuanto a su mujer, Sonsoles Espinosa, se trata de la misma actuación, a excepción del IVA. En lo tocante a las hijas del matrimonio, Alba y Laura, la Agencia Tributaria especifica que inició sus actuaciones el 22 de junio por el IRPF de 2021 a 2024 y, sobre su empresa, el 26 de junio por el Impuesto de Sociedades (2021-2024) y el IVA (2022-2024). En lo que respecta a Martínez, al que la investigación judicial señala como el lugarteniente de Zapatero en estas presuntas ilegalidades, es la rama valenciana de Hacienda la que le investiga. A él desde el 23 de junio por IRPF (2021-2024) y a once empresas suyas desde unos días antes, el 19, por el Impuesto de Sociedades y el IVA en distintos periodos que abarcan desde 2021 a 2025. Destaca Idella Consulenza Strategica, porque es la empresa offshore que Calama cree que la trama constituyó en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para ocultar allí el 1% de la comisión estipulada por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el supuesto tráfico de influencias en el que se centra el caso. La ayuda financiera se concedió en marzo de 2021 por 53 millones de euros. En el listado de mercantiles controladas por Martínez que investiga Hacienda figuran otras que el juez sitúa en el entramado empresarial con el que sospecha que la presunta trama intentó ocultar las comisiones ilegales, un enjambre societario al que algunos investigados se referían como “boutique financiera”. Se trata de Voli Analítica, a la que el instructor concede un “papel relevante” en la circulación del dinero. Así, por ejemplo, indica que recibió 141.772 euros de Plus Ultra pero que también realizó pagos a otras empresas de Martínez. Constan asimismo Agropecuaria Lucena y Pickashop, que pagaron 20.993 y 18.150 euros, respectivamente, a Whathefav. El fisco indaga igualmente en Zenzap y Afitta, de las que Calama dice que, “si bien están inactivas”, muestran “un importante movimiento en cuentas bancarias”. No obstante, en esas comunicaciones Hacienda se muestra consciente de que estas personas y empresas están siendo investigadas por la vía judicial por conductas que “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa” y que “la determinación o imputación de las obligaciones tributarias de los distintos contribuyentes en sus procedimientos administrativos podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados en el marco de dichas actuaciones judiciales en el ámbito penal”. Por eso, Hacienda reclama a Calama que ordene “la paralización de los procedimientos inspectores” contra estas personas físicas y jurídicas, a la espera de que concluya la vía judicial. Y recuerda que, en caso de que el instructor acceda, su orden de suspensión interrumpirá también los plazos de prescripción para que el fisco pueda ejercer su “derecho” a “determinar la deuda tributaria” de todas ellas mediante “la oportuna liquidación”. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA ha reaccionado en un comunicado subrayando que es “la primera vez” que la Agencia Tributaria “abre una inspección a personas mientras son investigadas por delitos fiscales”. De la misma forma, destaca que ha pedido paralizarlas “nada más abrirlas, incluso sin que se haya cumplido el plazo mínimo legal para acudir a la primera visita de la inspección”, que dice que hicieron Zapatero y su mujer el pasado lunes, 29 de junio. GESTHA explica, sin embargo, que la posibilidad de iniciar una inspección fiscal en paralelo a una investigación penal es algo que “los técnicos siempre han reclamado, en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública”. De hecho, recuerda que en su día denunciaron que “esa inacción y el trato de favor de anteriores direcciones de la Agencia Tributaria permitieron a los investigados presentar declaraciones complementarias evitando la imputación de los delitos fiscales”. El sindicato reivindica ahora que, a pesar de que entonces esa propuesta suscitó un encedido debate, “hoy la Agencia Tributaria ha demostrado que es posible”. La ley lo permite expresamente desde 2015, puntualiza. Aterrizando ya en el caso concreto, GESTHA cree que el fisco da este paso para que se interrumpan los plazos de prescripción para liquidar los impuestos que no hayan sido cumplimentados desde 2021, sin que sea necesario proseguir con las inspecciones, que anticipa que se remitirán a los hechos que se declaren probados en una eventual sentencia. El juez comenzó sus pesquisas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, pero poco después abrió una línea de investigación por posibles delitos fiscales y de contrabando por las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló en la caja fuerte que había en la oficina de Zapatero durante el registro del pasado 19 de mayo. La tasación encargada por el instructor las ha valorado en 1,3 millones de euros. El mismo día del registro, la secretaria del exlíder socialista, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes que se trataba de regalos y de una herencia familiar de la mujer del exjefe del Ejecutivo. Este es el único punto sobre el que el antiguo mandatario se acogió a su derecho a no declarar, en su comparecencia como imputado ante Calama del pasado 17 de junio. Su defensa intentó retrasar esta cita, alegando que necesitaba más tiempo para poder explicar el origen de las joyas, pero el juez lo denegó. Así las cosas, Zapatero optó por guardar silencio sobre este extremo hasta que pueda dar las explicaciones oportunas.