Los mensajes de Leire Díez en el auto: “Me ha mandado Santos ir. Hay información que ayudaría al presidente”

Santiago Pedraz, juez instructor de la Audiencia Nacional, sostiene que hay indicios de que desde el PSOE o su entorno se realizaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez y a otros investigados por una trama dedicada a desbaratar procedimientos judiciales después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que se tomaría unos días de reflexión a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias. Según apunta Pedraz en su resolución del caso Leire, a la que tuvo acceso EL PAÍS, dichos abonos se hicieron presuntamente bajo el liderazgo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización de la formación, a quien atribuye la “unidad de acción y dirección” de la supuesta red de corrupción que ahora pone bajo el foco. Los investigadores incardinan a Díez bajo las órdenes de Cerdán tras haber encontrado mensajes de ella, como: “Ya tenemos una estrategia [...] llevamos meses trabajando en ella”; o “me voy de urgencia a Madrid”. “Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, dijo el 24 de abril de 2024. Según el juez, existen indicios de que Díez cobró 4.000 euros mensuales —en cuatro pagos— a través de la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y formó parte de una “estructura” “coordinada” para “obstaculizar de forma sistemática cualquier procedimiento judicial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del gobierno o del PSOE”. Pedraz apunta a este pago y a otros más. Fuentes jurídicas afirman que aún no existe un cálculo total de los desembolsos que están bajo sospecha. Según subrayan, dependerá de la información que se obtenga con los requerimientos realizados al partido este miércoles. No obstante, a lo largo de 50 páginas, el juez hace referencia a varios supuestos abonos: los mencionados 16.000 euros a Díez a través de Zarrías; 27.225 euros del PSOE a una sociedad administrada por el abogado Ismael Oliver, pero que presuntamente acabaron en manos de Díez a través de otra sociedad; y 125.000 euros de Ferraz al abogado Jacobo Teijelo, a cargo de la defensa de Cerdán en la causa que arrastra por el presunto amaño de contratos de obra pública. El juez también menciona en su resolución 20.000 euros que “el partido le habría hecho llegar” a la periodista fallecida Patricia López. En el marco de la investigación abierta en los juzgados de Madrid por los primeros audios que implicaron a Díez en presuntas irregularidades, Santos Cerdán manifestó que había sido esta reportera la que le había presentado a la exmilitante socialista. Al margen de estos desembolsos, Pedraz recoge otros pagos que supuestamente no se materializaron. Según la investigación, la trama hizo al menos un ofrecimiento directo a la empresaria Carmen Pano, mujer imputada por el caso hidrocarburos, que ha asegurado en reiteradas ocasiones en sede judicial que llevó dinero en efectivo a Ferraz. Según el auto, le propusieron 50.000 euros para que cambiara su versión. De igual forma, la resolución expone que los investigados barajaron pagar 300.000 euros a José Grinda, fiscal de Anticorrupción, para que pidiera el archivo de investigaciones que afectaban a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela. Este fiscal denunció el intento de soborno. Todo empezó supuestamente en 2024. El juez explica que las actuaciones que ahora investiga comenzaron a desarrollarse en los primeros meses de ese año. Para entonces Díez y Cerdán “no solo mantenían una relación previa, sino que ambos ya formaban parte” de un “grupo organizado” que tenía como objetivo cobrar comisiones a través de “orientar procedimientos administrativos”. Con ese punto de partida —y tras la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, así como del envío por parte de Pedro Sánchez de la “carta a la ciudadanía”—, Cerdán supuestamente organizó una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Fue entonces cuando, según la resolución, Leire Díez le dijo al que fuera vicepresidente de la SEPI Vicente Fernández que viajaría a la capital “de urgencia” porque la había convocado el ex secretario de Organización. Según las pesquisas, en esa cita participaron Cerdán, Díez, el empresario Javier Pérez Dolset; el que había sido jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE antes de llegar a La Moncloa, Juan Manuel Serrano; y el entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. “Esa reunión se considera un punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada”, dice el juez. Ahí, supuestamente, se confabularon para “desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron en las notas de Leire Díez una que decía: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. También encontraron mensajes en los que la exmilitante socialista hablaba de “destruir el procedimiento” contra el hermano del presidente del Gobierno que se sigue en un juzgado de Badajoz. “Está todo perfectamente coordinado”, llegó a decir Díez. Más allá de esa primera reunión, los agentes cuantifican al menos otras 22 en Ferraz entre Cerdán y Díez (además de otras 17 en otras ubicaciones), que sirvieron de “coordinación” y “dación de cuentas”. La última, según aseveran, se produjo el 21 de mayo de 2025. Pedraz sostiene que el exdiputado socialista puso a disposición de la “estructura criminal” la propia “estructura del partido”, que desde el inicio “soportó el coste de la actividad investigada”. Así, asegura que existen “serios indicios incriminatorios” que evidencian que, a través de Cerdán y con “cargo” al partido, se habría sostenido la actividad de la presunta trama, “tanto desde el punto de vista de su financiación, como de diversas cuestiones de índole logística”. El juez también señala presuntas irregularidades en la gestión de pagos dentro del partido. Describe episodios como que una empleada del PSOE remitió a Díez la reserva de billete de avión para volver a su residencia habitual. Para el magistrado, esto pone de manifiesto que los costes de este tipo los sufragaba la formación política. Pero, según el instructor, no solo le pagaban los viajes, sino que ya desde mayo de 2024 la exmilitante manifiesta que Cerdán quiere sufragarle los gastos de su trabajo: “Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, ¿no? [...] No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”. La sociedad de Zarrías llegó a contratar a Díez a través de su consultora (Zaño Sociedad Consultora) el 26 de junio de 2024. Percibió, según el auto, cuatro abonos de 4.000 euros. Tras el cese de estos pagos, el juez dice que se articuló “un segundo procedimiento”. En este caso, se utilizó presuntamente la intermediación de dos sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver. La gerente del partido Ana Fuentes, que también ha sido imputada, falseó supuestamente una nota de encargo por importe de 27.225 euros para el estudio de Oliver, quien presuntamente pagó a Díez esa cantidad a través de otra sociedad de su propiedad. Los investigadores sospechan que el dinero que salió de las cuentas del PSOE acabó en manos de los investigados, que se integraron supuestamente en esa “organización criminal”. Otro ejemplo que recoge Pedraz es un pago de 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo. Por este desembolso también señala a la gerente del partido, a la que menciona “como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces”, así como posible “cómplice” del resto de delitos. En el marco de la resolución, Pedraz transcribe los mensajes de Leire Díez que hacen referencia a Pedro Sánchez. Destaca una conversación del 29 de abril de 2024, cuando la exmilitante le expone a Vicente Fernández: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”. Según el magistrado, las maniobras sobre las causas de hidrocarburos fueron consideradas una “línea prioritaria” de la organización, “tal y como se desprende de numerosos elementos, entre los que destaca que, en palabras de Leire, esta línea habría sido la prioridad de Santos Cerdán ‘por orden del one”. A raíz de los indicios recabados en la investigación, Pedraz reclama al PSOE “toda la información disponible” respecto a la “agenda institucional” de Cerdán, incluidos los documentos, archivos o agendas interesantes para la causa que hubieran sido “gestionados por terceras personas dentro del partido”. También pide que se le informe sobre las personas que hayan ejercido algún tipo de relación de secretaría o asesoría al exdirigente socialista, así como de sus cuentas de correo y sus carpetas de almacenamiento. Además, exige que se le informe sobre “el procedimiento que el partido tiene establecido para el abono de los gastos de naturaleza institucional, como comidas, desplazamientos en taxi u otros de similar índole”. El juez pregunta al PSOE cuál es la forma que tiene para “auditar o justificar esos gastos” y cómo se recogen los datos de estos gastos. De igual forma, reclama a Ferraz que le aporte los gastos de este tipo realizados por Cerdán, Díez y Pérez-Dolset entre 2024 y 2025. El juez también requiere al partido “una relación de las direcciones de correo electrónico” de las “cuentas corporativas” del PSOE asociadas a Cerdán; a la gerente Ana María Fuentes; a Covadonga San Pedro, empleada con funciones administrativas en el partido; a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización; a Ion Antolín, exdirector de Comunicación del PSOE; y a las direcciones de correo “asociadas a la Gerencia”. En el caso de Cerdán, reclama los emails desde 2021 hasta la “actualidad”, mientras que los del resto solo se interesa por los registrados desde 2024. Así, ordena a la UCO el “volcado íntegro” del contenido de dichos buzones, incluidos mensajes leídos o no leídos, cuentas activas, inactivas o deshabilitadas. De la misma forma, Pedraz exige a Ferraz información “detallada” del almacenamiento en red asociada al PSOE a la que pueden acceder todos sus trabajadores. También pide al partido que le entregue un informe sobre las personas que han sido responsables de la estructura informática del PSOE desde 2024.