El puerto más polémico de Canarias se presenta al mundo para el desembarque del crucero

El Puerto de Granadilla es el emplazamiento escogido por el Gobierno para que este domingo fondee el crucero antártico MV Hondius y, desde ahí, desembarcar el pasaje para llevarlo al aeropuerto de Tenerife Sur. Su nombre lleva varios días sonando en toda España; en Canarias, sin embargo, estas infraestructuras llevan décadas en el centro de la polémica: sobre ellas pesan las acusaciones de despilfarro (costó más de 200 millones de euros), destrozos medioambientales —a principios de la década, su construcción suscitó una de las mayores protestas ciudadanas de la historia de Tenerife— y un grave problema de infrautilización, que sus responsables achacan a que es una obra inacabada. Su uso actual es exclusivamente industrial, y sus responsables fían su desarrollo a la ampliación de uno de sus muelles, que costará 39,7 millones de euros. Con todo, el Ministerio de Transportes califica Granadilla de “infraestructura portuaria estratégica del Atlántico”; la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife lo ve como “nodo logístico clave”. El portavoz de la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN), Eustaquio Villalba, es más crítico: “Casi diez años después, no hay ninguna perspectiva de futuro de que ese puerto sirva para algo”. La idea del puerto de Granadilla nació en los años setenta, cuando la construcción de industrias pesadas —acero, cemento— estaba en pleno auge y el puerto de Santa Cruz carecía de espacio para albergarlas. La crisis del petróleo de 1973 y la posterior debacle industrial y la competencia del Puerto de Las Palmas y de Marruecos suscitaron las dudas sobre la viabilidad, si bien el proyecto no fue abandonado. De hecho, cobró impulso con el cambio de siglo. La justificación del Ejecutivo central, entonces, fue doble: “Descongestionar el puerto santacrucero, trasladando ahí parte de sus tráficos, y captar los nuevos que potencialmente puedan desarrollarse en la isla”. Los planes de las obras de abrigo (el dique principal) fueron aprobados en 2005 y adjudicados en 2007. Estos dos pasos se dieron en plena contestación social. En noviembre de 2004, una manifestación en Santa Cruz de Tenerife congregó a 50.000 personas según la Policía —el doble según la plataforma convocante—, que bautizó a Coalición Canaria, PP y PSOE como “los trillizos” por su apoyo unánime al proyecto. Los motivos de la movilización fueron varios. Según recuerda el portavoz de ATAN, la obra iba a afectar a ecosistemas protegidos por la Red Natura 2000 y a diversas especies en peligro. Esta denuncia condujo a que el Gobierno autonómico y el central desregulasen leyes ambientales, redujesen los límites de las reservas protegidas y rebajasen el nivel de protección de especies amenazadas, como los sebadales de la zona. Además, sostiene Villalba, la zona está sometida a vientos alisios (el viento norte que azota las islas) muy intensos, que dificultan la operación de los grandes portacontenedores. El Gobierno central argumenta que el proyecto solo se pudo llevar a cabo gracias a “un exigente programa de medidas compensatorias”, entre las que destacó la creación de la Fundación Observatorio Ambiental Granadilla (OAG), constituida en 2008 y financiada por la Autoridad Portuaria, “con un patronato plural que incluye universidades, el Instituto Español de Oceanografía y las propias asociaciones de defensa ambiental de Canarias”. Además, asegura que se crearon tres nuevas Zonas Especiales de Conservación y se trasladó el escarabajo endémico Pimelia canariensis a la ZEC de Montaña Roja. A su vez, sostiene que se prohibió el fondeo de buques en diversas zonas y se lanzó un programa permanente de seguimiento de la tortuga boba. Las obras se iniciaron en 2010 y concluyeron en 2017. El resultado fue un puerto enteramente dedicado al sector industrial y al tráfico de mercancías. Es la segunda mayor infraestructura de la provincia, con 2.496 metros de línea de atraque (el de Santa Cruz de Tenerife cuenta con más de 11.700 metros) y calados de hasta 24 metros, además de una zona de agua de 75,5 hectáreas y un área exterior de 3.480 hectáreas. Es el único puerto de la provincia por el que no transitan pasajeros. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró el puerto el 2 de marzo de 2018. “Canarias debe aprovechar su ventaja competitiva como nodo de referencia mundial para el tráfico de mercancías”, declaró entonces el líder popular, poco menos de tres meses antes de que una moción de censura lo desalojara del poder. Desde entonces, Granadilla registra datos exiguos; su actividad se limita al movimiento de chatarra, piezas de aerogeneradores y gas propano y a acoger a plataformas petrolíferas. Ni rastro de contenedores. También cuenta con unas 15 autorizaciones y concesiones activas, repartidas entre hidrocarburos, renovables, I+D o logística industrial. Sus responsables achacan esta falta de actividad a que, en realidad, es una obra sin concluir. “La falta de finalización del puerto condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad”, aseguró recientemente el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez. Por ello, hace tres meses, en febrero, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera, en el puerto de Granadilla, por 39,7 millones de euros. La inversión total supera los 500 millones. Con todo, la presión social ha logrado obtener alguna que otra victoria. La Autoridad Portuaria renunció en 2021 a su aspiración de instalar una regasificadora. Esta instalación —“la primera gasinera de Canarias”, como pretendían sus promotores— fue defendida por la Autoridad Portuaria y el Cabildo incluso después de haber sido rechazada dos veces por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y anulada por el Tribunal Supremo. El caso acabó archivado en 2021, pero el alto tribunal decretó una indemnización de 18,6 millones a Enagás. El proyecto sigue parcialmente vivo a través de una posible planta regasificadora flotante. “El puerto de Granadilla será clave en el mix energético del futuro, mantuvo recientemente Pedro Suárez a un diario local. Este domingo, el puerto estará bajo la mirada atenta de todo el mundo. A partir de la próxima semana, su futuro volverá a ser una incógnita. “Todo se ha hecho al revés de cualquier planificación constructiva sensata”, concluye al respecto Villalba. “Primero se hace el puerto y después se busca qué poner en él”.