La justicia ordena a la Comunidad de Madrid la creación del registro de objetores del aborto

El Ministerio de Sanidad acaba de ganar la primera batalla judicial al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en torno a la creación del registro de objetores de conciencia del aborto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado este lunes al Gobierno de la Comunidad que inicie “de inmediato” los trámites para elaborar el registro, en respuesta a una solicitud cautelar planteada por el departamento de Mónica García. No es una resolución definitiva, ni supone la creación inmediata del registro en sí, pero sí impone la “obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente”, algo a lo que la Comunidad de Madrid se venía negando desde hace meses. La consejería de Sanidad madrileña ya ha anunciado que recurrirá la decisión y, aunque acepta la medida cautelar, ha recordado que el auto “no entra aún en el fondo” de la cuestión principal. En su día, había alegado ante el tribunal que la creación del registro requería un desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar “podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal”. Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la resolución. “Victoria judicial por el derecho al aborto. La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99% a la privada. Se acabó”, ha publicado en X. La obligación de crear esta lista proviene de la ley del aborto de 2023 y se concretó en un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre de 2024, en el que todas las consejerías, incluida la de la Comunidad de Madrid, votaron a favor de la medida. No se trata de un registro público, sino de un documento interno de las administraciones que tiene fines organizativos “para garantizar la adecuada gestión de la prestación sanitaria” del aborto. Tal y como recoge el auto dictado por el TSJM, “este instrumento tiene como finalidad facilitar la planificación sanitaria y asegurar la correcta prestación del servicio dentro del Sistema Nacional de Salud, compatibilizando el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con el ejercicio del derecho de los profesionales a la objeción de conciencia”. Todas las comunidades autónomas —de todo signo político— comenzaron los trámites para la creación de los registros tras el acuerdo del Interterritorial. Excepto tres: Madrid, Baleares y Aragón, gobernadas por el Partido Popular. El Ministerio de Sanidad envió un requerimiento oficial el pasado octubre a estas autonomías para que se cumpliera la ley. Baleares y Aragón comenzaron los trámites. Madrid continuó negándose, alegando que se trataba de “una lista negra”. En un debate sobre el tema en la Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso llegó a decir: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Ayuso abanderó así otro enfrentamiento ideológico con el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que contrastaba con lo que había hecho con otro registro muy similar: el de la eutanasia, que la comunidad había creado sin rechistar ni generar polémica alguna. El presidente de su partido, Alberto Núñez Feijoó, recogió el guante y propuso crear un registro de médicos dispuestos a hacer abortos. Ante la negativa de Madrid, el Ministerio de Sanidad interpuso un recurso contencioso-administrativo en el TSJM en enero, pidiendo medidas cautelares para crear el registro. La resolución del TSJM está destinada a “combatir la pasividad” de la Comunidad de Madrid. La Sala concluye que concurre el riesgo de que la demora en la adopción de medidas permita prolongar indefinidamente el incumplimiento de una obligación legal expresamente establecida y considera que “el interés público asociado al cumplimiento de la normativa y a la coordinación del Sistema Nacional de Salud justifica la adopción de la medida cautelar solicitada”. La ministra de Sanidad, en declaraciones a los medios, ha recriminado a Ayuso su frase de hace unos meses: “Nos decía que nos teníamos que ir a abortar fuera. Bueno, pues resulta que no, que no nos vamos a ir a ninguna parte, que es ella la que va a tener que crear un registro de objetores como marca la ley”. “Le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades, de las que Madrid era la única que se había negado. Y la única comunidad también donde el 99% de los abortos se siguen derivando a clínicas privadas”, ha añadido. En realidad, la ley no estipula que los abortos se tengan que hacer en centros de titularidad pública: obliga a garantizar a las administraciones un acceso equitativo, pero que puede ser indistintamente en clínicas concertadas (como sucede mayoritariamente en Madrid). Es lo que la comunidad alegaba para justificar la no creación de los registros era que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se encuentra plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante “mecanismos organizativos propios”. Explicó que, cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio. Esto ha conllevado problemas, sobre todo en supuestos en los que el aborto se debe al riesgo que corre la vida del feto o de la madre. Se han dado casos en los que una mujer que quería tener a su bebé, durante el seguimiento en un hospital público, ha recibido la negativa de interrumpir el embarazo en ese mismo centro, y ha tenido que acudir a uno concertado, ajeno por completo a su caso. Fue paradigmático el caso de Marta Vigara, una geriatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que en diciembre de 2020 sufrió una rotura completa de la bolsa de líquido amniótico que puso en riesgo su vida e hizo prácticamente inviable que el embarazo llegase a término. Necesitaba un aborto terapéutico y sus propios colegas se negaron a hacerlo. El problema en muchos hospitales públicos es que los servicios de ginecología son, de facto, objetores. No es que haya una negativa individual de los médicos, pero por sistema no se hacen este tipo de procedimientos, que no solo necesitan ginecólogos, sino también anestesistas, enfermeras, auxiliares... Para garantizar que los centros públicos hagan abortos y que no sucedan casos como el de Vigara, son necesarias estas listas de objetores a la que obliga la ley y que reclama el ministerio, de forma que los servicios se puedan organizar para tener personal dispuesto a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Un ejemplo de esto es Ceuta. En la ciudad autónoma (tampoco en Melilla) no se practicaban hasta ahora abortos ―ni en la pública ni en concertadas―. Tras ordenar el servicio, el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo desde diciembre se han realizado en el Hospital Universitario. Para Mónica García, la resolución de este lunes es “un paso importante frente a quienes quieren mandar a las mujeres décadas atrás por su fanatismo ideológico”. “Esta victoria judicial es un aviso a los reaccionarios. No vamos a dar ni un paso atrás en derechos. Las leyes están para cumplirlas, también en la Comunidad de Madrid. Se acabó“, ha zanjado.