Moncloa cree que la vuelta de Puigdemont es un aval a su gestión y beneficia a Illa

Casi como un quiebro del destino. La legislatura que arrancó con la amnistía culmina con su aplicación efectiva. Solo 24 horas después de que Pedro Sánchez apretara el botón del adelanto electoral por el rechazo de Junts al decreto sobre vivienda, el Tribunal Supremo ... levantaba la orden de detención de Carles Puigdemont , allanando su regreso a España. Un retorno que supone el aval judicial a la amnistía y lleva aparejado su despliegue político paralelo. En Moncloa siempre han defendido la amnistía como «el hito de 2026» y este hito se ha alcanzado al filo del mandato.Para garantizar el apoyo de la formación independentista a su investidura, Pedro Sánchez adoptó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera política y la que más impacto electoral -perjudicial- ha tenido para el PSOE en algunos territorios. La capacidad de contorsión retórica de los portavoces oficiales fue total, respecto a la constitucionalidad de la norma que habían negado previamente, una vez se estableció como condición indispensable para prestar sus votos al candidato socialista.Desde que se aprobara en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha defendido la medida y su potencial apaciguador en la sociedad catalana. Ahora que culmina también su periplo judicial, la sensación es de satisfacción, según las fuentes gubernamentales consultadas. En Moncloa creen que la vuelta de Puigdemont a España supone un aval a su política de «normalización» en Cataluña, aunque no se adoptara por esta cuestión, sino por la necesidad del respaldo parlamentario de los posconvergentes. Así como los indultos sí estaban en la agenda catalana desde un inicio, la amnistía nunca formó parte de la hoja de ruta del PSOE, hasta que se formalizó como transacción sine qua non para la investidura. Durante todo el proceso de recursos, el Ejecutivo ha ido respirando aliviado a medida que otras instancias judiciales superiores, sobre todo la justicia europea, iban avalando un perdón que el Tribunal Supremo se ha resistido hasta el último momento a aplicar. «Era cuestión de tiempo», señala una fuente. El impacto político de la vuelta de Puigdemont es innegable y tiene un efecto desigual. Hay un parte del socialismo y federaciones como la extremaña, la andaluza o la castellanomanchega que son más permeables al discurso del agravio y que han sufrido con la desigualdad de una norma redactada al dictado de sus beneficiarios. Electoralmente ha sido un mazazo para lugares en los que el PSOE tenía una posición hegemónica que ha perdido. Sin embargo, esto no sucede en Cataluña, convertida en el pulmón electoral del partido en la actualidad.A nivel catalán, al PSC y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le beneficia que Puigdemont regrese para desactivar el sentimiento victimista de los posconvergentes y para poder «avanzar». En la formación le restan capacidad reactiva a su vuelta, a nivel de movilización social, porque consideran que la Cataluña de 2026 tiene poco que ver con la que dejó el líder independentista en 2017 cuando se fugó. En este sentido, creen que son más las ventajas para Illa que los potenciales riesgos electorales. Públicamente, Sánchez reivindicó la amnistía como una decisión que «no hacíamos pensando en un partido político, sino en los catalanes». Negó cualquier tipo de arrepentimiento -pese a no haber suscitado el compromiso de Junts con la legislatura- y lo defendió como una respuesta «a un problema político que teníamos que resolver desde la política». «Lo importante es el mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes. Estamos defendiendo la cohesión de España que se puso en riesgo en el año 2017 por la impericia de quienes gobernaban este país», señaló el presidente, para calificar de «trascendente» el paso judicial que se ha dado este martes y que llega después de 10 años.No habrá foto«Tenemos que respetar la resolución del Tribunal Constitucional y celebrar que con ello también ayudamos a la sociedad catalana», insistió. Mientras se reivindica el poder antiinflamatorio de la amnistía, Sánchez reniega de la foto con Puigdemont. El presidente del Gobierno confirmó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no habrá reunión con el líder posconvergente como se había comprometido en numerosas ocasiones anteriormente. En la carrera hacia las urnas, la imagen de ambos no es oportuna.El jefe del Ejecutivo adujo el «tiempo electoral» y que «los candidatos estamos defendiendo nuestras opciones políticas» para asegurar que «no contempla» reunirse con ningún candidato político de un partido u otro y que mantendrá la interlocución que su cargo le «habilita a tener» por razones estrictamente institucionales. «Nada más allá de eso», dijo, para justificar su rechazo a una cita que en Moncloa se defendió en otro tiempo como el broche para cerrar un pacto importante con Junts. Un pacto que no se ha producido y siempre se pensó que sería el de unos nuevos presupuestos que garantizaran la viabilidad de la legislatura. Ahora que esta está ya sentenciada, Sánchez no hará ningún gesto, nada que pueda desmovilizar a un solo votante socialista y, entre sus bases, Puigdemont generar demasiados anticuerpos. Tienen un efecto corrosivo para sus expectativas en las urnas.Mientras se reniega del líder de Junts, el presidente evita cargar con dureza contra su partido, responsable de haber hecho caer los dos decretos de vivienda que han desembocado en la convocatoria electoral. «Cayeron los decretos y las caretas», dijo, como tímido reproche. Sánchez también trató de desvincular la aprobación de la amnistía de un apoyo que no ha sido tal durante estos tres años de mandato y se limitó a encuadrar el boicot sistemático de los posconvergentes en el Congreso a diferencias ideológicas. Sin embargo, otros portavoces socialistas sí son más vehementes contra Junts, a quien integran en las «derechas buitres» que «han dado la espalda a la ciudadanía en el Parlamento».