Dos decretos de vivienda casi idénticos: así quedan las medidas del Gobierno para intervenir el mercado del alquiler

Después del fracaso parlamentario del viernes pasado, tras el cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió ayer disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha vuelto hoy a aprobar los dos decretos de vivienda que decayeron en el Congreso. Según ha afirmado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada en el Palacio de la Moncloa, "si la mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía" en una cuestión como la vivienda, "la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento" mientras "el Gobierno continúa legislando". Sánchez ha mostrado la "indignación" del Gobierno por la decisión de la mayoría parlamentaria y ha mostrado sus esperanzas en que la Diputación Permanente termine dando luz verde, al menos, al primero de ellos, donde se recoge el grueso de las medidas aprobadas la semana pasada. Ahora, será la Diputación Permanente del Congreso quien deba convalidar o derogar los decretos en un plazo de 30 días, a contar desde mañana, miércoles, cuando ambos textos se publicarán en el BOE. El Gobierno no necesitaría aquí el apoyo de Junts -sí el del PNV-, lo que ha sido considerado una argucia que bordea el reglamento de la Cámara Baja tras haber decidido él mismo concluir la legislatura. Los dos decretos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros son prácticamente idénticos a los que el Congreso tumbó el pasado viernes, si bien el primero recoge algunos matices y consideraciones adicionales en algunas de sus medidas. Una de las novedades es la cuantificación de los préstamos a tipo cero para adquirir primera vivienda, con cantidades de hasta 50.000 euros. Esta línea, ha anunciado el presidente del Gobierno, estará dotada con 10.000 millones de euros y estará gestionada por el ICO. Según señalan fuentes del Ministerio de Vivienda que lidera Isabel Rodríguez, el objetivo de esta medida "es ayudar a las personas con ingresos estables, pero sin ahorro, a acceder a su primera vivienda en propiedad". Según señalan desde Moncloa, esta dotación iba a ser incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2027 que el Ministerio de Hacienda ya se encontraba preparando. Sin embargo, ante la convocatoria electoral "lo que hace el Gobierno es garantizar el crédito para que el Ministerio de Vivienda pueda poner en marcha cuanto antes este programa", explican. Asimismo, se dota al Fondo de impacto social con 400 millones de euros adicionales para "impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales y que permitirá financiar miles de viviendas con impacto social". Otra de las grandes novedades respecto al texto publicado en el BOE el pasado miércoles podría encontrarse en la definición de fondo buitre que hace el Gobierno para prohibirles -finalmente hasta 2030- la compra de vivienda por debajo del 70% de su valor de tasación. Según apuntan fuentes gubernamentales, el nuevo decreto "endurece las condiciones para la compra de vivienda por parte de fondos buitre, ampliando su definición y condiciones a las excepciones". A falta de conocer la definición exacta, todo apunta a que esta podría ir en el sentido que Junts propuso al Gobierno la semana pasada, donde se extendía a todos los grandes tenedores -según la definición de la Ley de Vivienda-, así como las entidades de crédito y las sociedades de su grupo cuyo objeto sea la tenencia, gestión o comercialización de activos inmobiliarios; las instituciones de inversión colectiva y demás fondos de inversión; las entidades de capital riesgo y demás entidades de inversión colectiva de tipo cerrado; los fondos de titulización, y las entidades de gestión de activos, incluidas las procedentes de la reestructuración bancaria, cualquiera que sea su nacionalidad o domicilio. El Gobierno también ha vuelto a aprobar el segundo decreto, donde se recogía la renovación automática de los alquileres, so pena de duras sanciones a los caseros que decidan no extender los contratos tras el periodo de vigencia de estos. Deberían abonar a sus inquilinos indemnizaciones de un mínimo de 12 meses de renta "de una vivienda de análogas características". En este caso, la minoría del Gobierno en la Diputación Permanente ha obligado al Ejecutivo a dejar su entrada en vigor para después de la votación, que tiene pocos visos de salir adelante, según ha reconocido el propio presidente del Ejecutivo. El resto de las medidas son las mismas que el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado martes.