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El Mundo ·

El Consejo de Ministros aprueba un escudo de ayudas económicas de 30 millones de euros para las víctimas del accidente de Urda

Resumen

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 30 millones de euros en ayudas directas e inmediatas, complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos por responsabilidad civil para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde hasta el momento se contabilizan 69 fallecidos. Este escudo económico se ejecutará "sin grandes novedades", según ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, porque seguirá el mismo esquema que el establecido para el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado enero. Entonces se contempló que en el caso de los fallecidos se entregaran a sus beneficiarios 72.121,46 euros en ayudas no reembolsables, aunque según el portal de Moncloa donde se informa de este escudo económico en el caso de Adamuz y Gelida (Barcelona), si se le añaden los adelantos de indemnizaciones el importe conjunto de las ayudas es de 144.242,92 euros por víctima mortal. Para los heridos se establece una compensación de un mínimo de 2.404,04 euros a un máximo de 84.141,70 euros en función del baremo recogido en el Real Decreto 1575/1989 que se aplica en estos casos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 30 millones de euros en ayudas directas e inmediatas, complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos por responsabilidad civil para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde hasta el momento se contabilizan 69 fallecidos. Este escudo económico se ejecutará "sin grandes novedades", según ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, porque seguirá el mismo esquema que el establecido para el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado enero. Entonces se contempló que en el caso de los fallecidos se entregaran a sus beneficiarios 72.121,46 euros en ayudas no reembolsables, aunque según el portal de Moncloa donde se informa de este escudo económico en el caso de Adamuz y Gelida (Barcelona), si se le añaden los adelantos de indemnizaciones el importe conjunto de las ayudas es de 144.242,92 euros por víctima mortal. Para los heridos se establece una compensación de un mínimo de 2.404,04 euros a un máximo de 84.141,70 euros en función del baremo recogido en el Real Decreto 1575/1989 que se aplica en estos casos. Los 30 millones de euros comprometidos este martes se desglosan a partes iguales en 15 millones para las ayudas urgentes y otros 15 millones correspondientes a los anticipos, ha seguido detallando el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde estaba presente también la ministra portavoz, Elma Saiz. Ella ha expresado, para la intencionalidad del programa, que los afectados "se sientan acompañados por el Gobierno" en el duelo. Puente ha añadido, entre los detalles del escudo económico, que las bajas laborales de los trabajadores afectados por el accidente tendrán la consideración de "accidente de trabajo" desde el día del suceso, de modo que podrán percibir las prestaciones correspondientes. Además, con la posibilidad de que sea por una cuantía superior a la que correspondería por contingencias comunes si es más beneficioso, ha detallado Puente. Por otro lado, en el caso del personal adscrito al Régimen de Clases Pasivas del Estado que a causa del accidente perciba una pensión de jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de los padres, podrá percibir una pensión de importe superior mediante la aplicación del régimen de pensiones extraordinarias, siempre que le sea más favorable, ha seguido detallando el ministro. Y en la que ha sido su tercera comparecencia con motivo del accidente ferroviario del pasado miércoles, Puente ha recalcado que los precios de los transportes alternativos se han disparado a raíz del accidente (unas tarifas que se han vsito "multiplicadas por 8 o 9") motivo por el que se incluyen mecanismos de control de precios en el Real Decreto-Ley aprobado este martes, que "permite limitar los precios y los servicios durante una situación de emergencia con el objetivo de evitar subidas abusivas que perjudiquen a los consumidores". Puente ha denunciado que llevaron al Congreso esta medida hace meses, pero que el Parlamento la rechazó con los votos de PP, Junts y Vox, según ha recordado. Tal y como sucedió en Adamuz, el ministro ha insistido en que las víctimas "no pueden esperar a que tramiten los procedimientos judiciales", por lo que ha comunicado que estas ayudas tienen un carácter urgente, no serán reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas. El ministro ha detallado que todo este esquema de cobertura se aplicará de oficio, sin necesidad de que los afectados tramiten una solicitud previa, y contará con efectos retroactivos, incluso en aquellos supuestos en los que la baja o la prestación ya se hubieran reconocido o extinguido. En el despliegue de medidas se incluye la creación de oficinas de atención integral a las víctimas del accidente ferroviario en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, para la gestión de solicitudes de las ayudas. Las personas que no puedan desplazarse hasta estas oficinas serán atendidas en su propio domicilio por personal de las subdelegaciones del Gobierno a través del programa La administración cerca de ti. Las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida Ayer Pedro Sánchez adelantó que el "escudo de ayudas" económica tendría "cuatro ejes", basado en el que se activó tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Estos cuatro puntos principales serían "un esquema de ayudas que dobla la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros", "un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones", "un procedimiento de incapacidad temporal específico para dar cobertura mejorada a las víctimas del accidente" y "la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y en las subdelegaciones de las comunidades autónomas de residencia de las personas afectadas". En aquella ocasión, Moncloa aprobó un paquete económico dotado de 20 millones de euros: 10 millones para las ayudas urgentes y otros 10 para los anticipos. Nueve días después del primer descarrilamiento y sin perjuicio del avance de las investigaciones, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas. Recoge Efe que de la cifra destinada entonces para los familiares de cada fallecido, 72.000 euros correspondían a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio. Dado que hubo 46 fallecidos, el total prometido por Moncloa superaría los 9,66 millones de euros en este concepto. En paralelo, para los casos de lesiones corporales se estableció un baremo de indemnizaciones por categorías: desde un mínimo de 2.404,04 euros a un máximo de 84.141,70 euros en función de los 14 niveles de gravedad de heridas como la tetraplejía espástica, la pérdida completa de la visión o reducción de la vista -entre los pagos más elevados- hasta facturas, perjuicios en las articulaciones, hernia discal o fractura de la nariz, de acuerdo con el texto del Real Decreto 1575/1989. Puente explicó entonces que se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación. Y como ha hecho este martes, el ministro recalcó la urgencia de la decisión porque los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de una tragedia.