Miguel (38 años) ha pagado religiosamente su alquiler en el barrio de Moncloa (Madrid) desde 2007. Apenas era un estudiante cuando entró a través de la extinta Sociedad Pública del Alquiler (SPA), la medida estrella de vivienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dinamizar el mercado del alquiler. Pero casi 20 años después las cosas han cambiado. Su casero ahora es la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y una carta de desalojo llegó a su puerta justo cuando había sido despedido del empleo en una multinacional donde llevaba 11 años. «No es que no quisiéramos devolverles el piso, es que no podemos porque no tenemos en este momento una alternativa», reconoce. «O compramos el piso a casi 700.000 euros o nos tenemos que ir. Incluso está por encima del rango de precios de mercado en la zona».
Se trata de una vivienda de tres habitaciones donde vive con su pareja, también de 38 años, y por la que paga una renta de más de 900 euros mensuales, que ha estado sujeta a las subidas anuales del IPC. «Hemos calculado que llevamos pagados más de 180.000 euros en todos estos años», asegura, aunque su contrato finalizó el pasado 31 de enero. «Nos ha pillado en un momento muy complicado», cuenta Miguel. Además de su despido, su pareja está estudiando oposiciones, «con lo cual no tenemos ingresos y es difícil alquilar un piso o mucho menos comprarlo». Por esto, aprovechando la última medida en materia de vivienda aprobada en el Consejo de Ministros a finales de marzo -y finalmente cayó en el Congreso la semana pasada-, solicitó la prórroga extraordinaria por dos años más. No tuvo éxito.
«Es frustrante que ellos estén sacando adelante legislación que obliga a los propietarios a extender los contratos y que en nuestro caso no apliquen el decreto», acusa Miguel. De hecho, el Ministerio de Consumo presionó con una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 50 propiedades para exigirles que cumplan con la norma. Según sus datos, el 61%del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores, en los que incluye las entidades públicas.
La justificación de Seguridad Social para no renovar estos contratos y que traslada en la negativa enviada a los vecinos es que, al extinguirse la SPA en 2012, las viviendas pasaron a manos de TGSS y el contrato suscrito originalmente se encuentra terminado. En su lugar, un nuevo contrato pasó a regirse por el Código Civil bajo la figura de la «tácita reconducción», en lugar de estar sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que deja a los inquilinos sin las protecciones de esta legislación. Por esto, Miguel y el resto de inquilinos afectados cuestionan que el Gobierno «olvida su propio discurso que nunca se aplica a sí mismo».
Para ellos, no es solo que no se conceda la prórroga, sino que «los pisos en los que hemos vivido más de 20 años se están vendiendo a entidades que buscan lucrarse con ellos», mientras se mantienen inmuebles vacíos de titularidad pública. La última inspección en 2019 a los bienes inmuebles de la Seguridad Social realizada por el Tribunal de Cuentas reveló que tenía 4.115 inmuebles en toda España, entre los que habitaban al menos 580 contratos y se encontraban 874 inmuebles vacíos (21,24%). De los activos ociosos a nombre de la TGSS y en potencial uso, Seguridad Social asume más de 135 millones de euros en gastos e inversiones, como el mantenimiento, pago de tributos y proyectos obsoletos. «Ellos se han excusado diciendo que tienen que compensar las cuentas públicas con el dinero de la venta de nuestras casas», señala Gema (53 años), una autónoma que vive desde hace 14 años con su marido Óscar (53 años), quien es técnico de sonido, en una vivienda del TGSS en el barrio de Lavapiés. «En nuestro portal son 60 casas, la mitad son públicas y, de esas, 24 están cerradas», cuentan.
Precisamente, fuentes de Seguridad Social hacen referencia a este informe y explican a este periódico que «se informaba de que se debía proceder a la enajenación de los inmuebles y a corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener a inquilinos en situación jurídica irregular». El informe explica que hay inmuebles ocupados «sin que exista documento acreditativo que permita calificarla de cesión, adscripción u otra figura jurídica que justifique el uso del inmueble por terceros». A lo que los inquilinos replican que tienen contratos y pagan alquileres mensuales sin falta.
Sin embargo, el análisis del Tribunal de Cuentas es sobre todo crítico con la «actuación poco eficiente» de la TGSS al no haber dado cumplimiento al Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración General del Estado «cuyos objetivos son la optimización y puesta en valor de los mismos procurando la movilización de los inmuebles ociosos». Esto quiere decir que apunta especialmente a la existencia de propiedades vacías e insta a procurar su movilización a través de su explotación, utilización por otra entidad o a un procedimiento de enajenación.
Los datos del Tribunal de Cuentas indican que entre 2000 y 2010 los inmuebles de la TGSS pasaban principalmente por un proceso de adjudicación directa, a través de políticas de acceso a la vivienda. A partir de 2011, la tendencia se invirtió y la subasta pública pasó a ser el método más numeroso, sin especificar si se trata de viviendas vacías o con inquilinos. «Están haciendo un negocio con la vivienda pública», denuncian Gema y Óscar, que recuerdan la intervención de miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid en una subasta donde revelaron actores privados interesados en esta oferta pública. «Hemos visto cómo la especulación se ha comido los barrios».
De pública a privada
En junio de 2024, Óscar y Gema recibieron una carta que «recuperaba» su contrato de un vacío jurídico para forzar su salida o la compra. Al igual que a Miguel, los precios que les ofrecen son de mercado, pero de un mercado que se encuentra en un grave desequilibrio y tensionado, sobre todo, en los barrios céntricos en la capital. «Yo no tengo 400.000 euros. Mi sueldo y el de mi marido no da para comprar una casa a ese precio», reconoce. «No estamos hablando de que no estuviéramos pagando 300 euros por una vivienda social... pagamos casi 900 euros sin gastos, se lleva casi uno de nuestros sueldos». «Se subastan casas que están ocupadas por personas mientras tienen casas cerradas. Estamos completamente despojados de nuestros derechos», denuncia la pareja. También en junio, pero de 2025, 29 familias ya fueron desalojadas de sus viviendas.
Esta es la misma sensación de Álvaro (51 años), que reside en el barrio de Ventas desde 2006 y prefiere mantener el anonimato: «De pública pasan a mano privada que trocea los apartamentos y los explota». Afirma que han visto cómo se han subastado los pisos a sociedades mercantiles e inmobiliarias, aunque los inmuebles ociosos permanecen vacíos todavía. «En lugar de concentrarse en vender y hacer que sean rentables estas 800 viviendas vacías, se concentran en las nuestras que estamos pagando y las estamos manteniendo». La semana pasada, la TGSS anunció la salida a subasta pública de tres activos en el centro de Madrid por un importe total de licitación de más de 3,4 millones de euros. Se trata de un local de oficinas -con un precio de salida de 2,13 millones en Salamanca-, una vivienda de 98 metros cuadrados útiles -tasada en 645.976 euros en Chamberí- y otro piso de 117 metros cuadrados -de 678.086 euros- cerca de la Plaza Mayor.
Frente a esto, fuentes de Seguridad Social aseguran que la institución «se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes», además de habilitar «un canal preferente de compra de los inmuebles y abrió un canal de contacto abierto permanentemente donde se les ha convocado a diversas reuniones».
Los inquilinos de la TGSS, incluidos estos tres casos, niegan que la institución les haya dado alguna explicación o alternativa para desalojar sus viviendas. «Hemos hecho muchos intentos de hablar con ellos y nunca nadie nos ha recibido. Nunca», insiste Álvaro. «Están siguiendo su protocolo sin tener ningún tipo de flexibilidad ni nada y sobre todo sin tener la educación y la decencia de recibirnos». Lamenta que han pedido reuniones, tanto de forma individual como colectiva con la plataforma de afectados, sin respuesta. Ni siquiera de parte del Ministerio de Vivienda. Fuentes de este Ministerio aclaran a este periódico que estas casas no forman parte de Casa 47 «ni se pueden adscribir de la forma que se ha hecho, por ejemplo, con las viviendas de la Sareb porque legalmente presentan singularidades que lo impiden». Sin embargo, ya se encuentran estudiando la forma para incorporarlas a su oferta pública.
En el caso de Álvaro, este año se cumplen dos décadas en su piso. «Mis niños prácticamente han nacido en esta casa», menciona. Aunque se ha actualizado su alquiler a cerca de 1.000 euros al mes, su contrato termina en mayo y hace un año recibió la carta de desalojo. «Si fueran precios razonables podría llegar, pero los precios son muy altos... con sueldos normales o incluso buenos, no da». Según Asval, el 38,4% de los hogares destina más del 30% de su renta al pago de alquiler, una cantidad que supera el umbral recomendado.
Actualmente, los inquilinos están resignados a la espera de una denuncia de parte de Seguridad Social para iniciar un proceso judicial. "Empieza la lucha en el juzgado y en función de lo que tarden tardemos en ir a juicio... pero ya han ganado. Es decir, nos van a echar", lamenta Gema. Y el mercado del alquiler fuera del régimen público no es nada alentador. Según un informe de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), el 38,4% de los hogares destina más del 30% de su renta al pago de alquiler, una cantidad que supera el umbral recomendado por los expertos. De hecho, revela que España presenta una de las peores accesibilidades de Europa; un 28% de su población en alquiler gasta más del 40% de sus ingresos en vivienda, frente al 19% de media en la Unión Europea. Y este esfuerzo financiero se vuelve más inasumible en los grupos más vulnerables. Los datos indican que el 20% más pobre (el primer quintil) dedica más del 47% de sus ingresos a este gasto.