Perelló se planta ante Marlaska por sus quejas sobre Tardón: le recuerda que no puede censurar a los jueces

El informe policial de Ceuta que revela la participación activa de los gendarmería marroquí en la invasión del pasado 30 y 31 de julio ha protagonizado un nuevo choque institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por la actuación de la magistrada de la ... Audiencia Nacional María Tardón, quien solicitó ese informe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El hecho de que la instructora, en el ejercicio de su función jurisdiccional, prohibiera a la Policía reportar a sus superiores sobre el contenido de ese informe, ha causado tal malestar en el Ejecutivo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha remitido una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, expresándole sus quejas sobre la juez, algo que no ha tardado en ser contestado con firmeza por la propia presidenta del Poder Judicial este mismo jueves. Perelló ha exigido a Grande-Marlasla el «máximo respeto» a la labor jurisdiccional. La relación epistolar entre el titular de Interior, quien antes de dar el salto a la política era magistrado en la Audiencia Nacional, y Perelló comenzó con la carta del primero a la presidenta del CGPJ y del Supremo quejándose sobre Tardón. En ella aseguraba que, «como ministro y también como magistrado», respeta «escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales (...) así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales».Sin embargo, el ministro justifica su queja amparándose en la gravedad de la situación en la frontera. Al haberse declarado la crisis de interés para la seguridad nacional (bajo el amparo de la Ley 36/2015), Marlaska defiende que «no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud».Para Interior, los datos que manejan los agentes son «de gran interés» para que el Ejecutivo pueda ejercer «con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado». Por ello, Marlaska concluye su carta solicitando que, «sin que se resienta la independencia judicial», se permita a la Policía informar a los tribunales a la vez que se facilita al Gobierno «cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general».La réplica desde el Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar. En la respuesta, Isabel Perelló defendió, en su calidad de presidenta, que los magistrados tienen «constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales», tal y como dictan de forma expresa los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).Pero no solo eso: Perelló recuerda a Marlaska que la Constitución Española establece un deber general de colaboración con los juzgados para todos los ciudadanos (art. 118 CE), que es «especial para la policía judicial» (art. 126 CE). Asimismo, subraya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dictan que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad, «cualquiera que sea su naturaleza y dependencia».Perelló despide su carta tendiendo un puente sobre la gravedad de la crisis migratoria, pero cerrando filas con la magistrada de la Audiencia Nacional: «En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto».No es la primera vez que Grande-Marlaska se queja ante el CGPJ por la actuación de un magistrado. El pasado junio ya lo hizo con Peinado por su «grave cuestionamiento» a los agentes de Policía Nacional y, en concreto, a la escolta de Begoña Gómez, en el auto de apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno.