Los cambios en rojo en el informe final de Luzón revelan la orden de la fiscal general que limita la colaboración contra la corrupción del PSOE

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha hecho valer su superioridad jerárquica para evitar que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitara una rebaja de pena mayor para el empresario Víctor de Aldama pese a que su confesión ha sido determinante tanto en el juicio de las mascarillas como en la causa de los presuntos amaños de obras públicas. Además, el testimonio prestado por el empresario, junto con las evidencias aportadas en la pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PSOE, también está ayudando a la Audiencia Nacional a avanzar en la investigación sobre el efectivo en Ferraz. Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, la idea de Luzón, a medida que ha ido avanzando el juicio en el Tribunal Supremo, era la de solicitar en el trámite de conclusiones definitivas que se aplicara la atenuante muy cualificada al comisionista Aldama. Sin embargo, en una reunión que tuvo lugar días atrás en la sede de la Fiscalía General, a la que la Peramato acudió con parte de su equipo, se le trasladó a Luzón que no se consideraba procedente solicitar una rebaja mayor de pena al empresario que ha ayudado a destapar la corrupción en el Gobierno y el PSOE. En este contexto, el fiscal jefe Anticorrupción decidió ayer elevar a definitiva su petición de siete años de prisión para Aldama por un delito de organización criminal y otro delito continuado de cohecho. Asimismo, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, el Ministerio Público pidió en su escrito de acusación la imposición de una multa de 3.713.981 euros para el comisionista. El jefe de Anticorrupción asumió la decisión de Peramato porque considera que hay «margen legal» y no la percibió como «una orden improcedente». No obstante, Luzón tiene vía libre para defender en su informe final que el comisionista merece una atenuante muy cualificada tras su confesión. El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que «el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia». En rojo, cambios que conducen a la orden de Peramato. Fuentes fiscales consultadas indican que Luzón tiene previsto defender este miércoles que se podía haber calificado perfectamente con una atenuante muy cualificada la colaboración de Aldama. La realidad es que la legislación europea, en política criminal, ha ido evolucionando en el sentido inequívoco de premiar a aquellos delincuentes que deciden colaborar con la justicia y estos cambios son conocidos de sobra por el jefe de la Fiscalía especializada en luchar contra el crimen organizado y la corrupción. Sin embargo, ayer en el trámite de las conclusiones, el fiscal jefe mantuvo la calificación de atenuante simple. El Ministerio Público ha pedido el mínimo de la mitad inferior de la pena para el comisionista. Sin embargo, si hubiese solicitado la atenuante muy cualificada esta habría implicado una rebaja automática de los años de prisión en un grado y de forma potestativa en dos grados. Es decir, esta postura habría permitido incluso al empresario no volver a ingresar en prisión. La prueba más clara de que Luzón iba a solicitar una pena menor de prisión para Víctor de Aldama se visionó ayer en el Salón de Plenos del Alto Tribunal cuando se expusieron las imágenes con los cambios en su escrito de conclusiones definitivas. El fiscal de Sala anunció que había modificado datos de su escrito inicial tras la celebración del juicio, aportando su nuevo escrito al tribunal. Víctor de Aldama. Todos los cambios introducidos en el mismo iban en letra roja, tal y como explicó el acusador público. En ese documento nuevo, al que ha tenido acceso este periódico, se ve claramente como la petición de cuatro años por organización criminal y la de tres años por el cohecho se encuentran en rojo. Sin embargo, las penas son las mismas que las inicialmente solicitadas. En el escrito definitivo del fiscal Luzón, también se ha añadido en color rojo que «el reconocimiento de los hechos» de Aldama «ha sido mantenido y completado en su declaración prestada en calidad de acusado el pasado día 29 de abril de 2026 en este juicio oral». Sobre los amaños de obra pública, Luzón también destaca que la confesión del empresario ayudó a llegar a «lo que era del todo desconocido para la investigación [en rojo]». Asimismo, el fiscal de Sala ha añadido que «algunos documentos de esa pieza han sido traídos al presente juicio, señaladamente las grabaciones intervenidas a Koldo García, sobre las que se ha practicado la oportuna prueba pericial acústica y electrónica el pasado 23 de abril y que encajan plenamente con lo inicialmente declarado por Víctor de Aldama [en rojo]». Enfado en el Gobierno Según ha podido constatar EL MUNDO, en el Gobierno han sentado muy mal dos cuestiones: por un lado, que Aldama haya situado al presidente Pedro Sánchez como el líder de la organización criminal y, por otro, que Luzón permitiera al acusado cargar contra el jefe del Ejecutivo y su esposa Begoña Gómez, sin cortarle durante el interrogatorio. Por otro lado, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han solicitado una rebaja de penas para el comisionista «como consecuencia de la colaboración prestada en el procedimiento». Las acusaciones sí pidieron que la atenuante de confesión se considere como muy cualificada y que las penas a imponer se bajen en dos grados, hasta el mínimo legal. El resultado es que por ninguno de los delitos concretos piden más de dos años de cárcel. Eso permitiría al tribunal suspender la ejecución de las penas y que Aldama no tuviera que ingresar en prisión de manera efectiva. Sin embargo, las acusaciones populares han mantenido para el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García la petición de pena de 30 años de cárcel. El juicio se retomará este miércoles con la exposición de los informes finales de las acusaciones y las defensas. El tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta accedió ayer a retrasar la sesión final de la vista oral un día para que las defensas de Ábalos y Koldo puedan preparar su intervención final a la luz de los cambios introducidos por el fiscal en su escrito de acusación final. Los abogados alegaron que sus clientes están en prisión y, de ahí, la dificultad para poder abordar con ellos con premura las modificaciones del Ministerio Público.