Los recursos para frenar la 'ley de nietos' no se resolverán antes de las elecciones

La obtención de la nacionalidad por parte de descendientes de españoles que emigraron durante la Guerra Civil y la posguerra y el derecho a votar en este país aun cuando lo han pisado nunca reabre el debate cuatro años después de la aprobación de la ... llamada 'ley de nietos' (que es en realidad una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática) y de la polémica instrucción de Justicia que sirvió para aplicarla. Concluido el plazo de presentación de solicitudes por parte de los interesados el pasado mes de octubre, y una vez que se ha constatado que cerca de 2,5 millones de personas han pedido la nacionalidad, la oposición ha puesto el grito en el cielo, pues ve una clara y deliberada alteración del censo electoral que se pretende combatir en el tablero de los tribunales.Y es que mientras que la disposición de la ley aprobada en el Congreso exigía acreditar que el exilio se basaba en razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación de identidad sexual, la instrucción abrió la veda a cualquier circunstancia que hubiera motivado el exilio. Hay que recordar que el Congreso rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos que incluía motivos de índole económico como una de las razones del exilio. Noticia relacionada general No No Ayuso pide «observadores ya» ante la sospecha de fraude electoral con los nuevos votantes de la 'Ley de nietos' Joan GuiradoSin embargo, todo apunta a que ni la constitucionalidad de la ley, ni la denunciada extralimitación de la instrucción de Justicia sobre las solicitudes ni el eventual fraude en la composición del censo vayan a resolverse de forma inmediata. Tanto es así que fuentes jurídicas consultadas por este diario ven más probable que, en caso de que haya que deshacer el embrollo como consecuencia de algún pronunciamiento judicial, esto suceda 'a posteriori', es decir, revirtiendo nacionalidades ya adquiridas. La batalla se libra en estos momentos ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia y la Junta Electoral Central. Primer escenario, el TC En el órgano de garantías, que preside Cándido Conde-Pumpido, hay pendientes de resolución dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática. Los dos recursos llegaron al tribunal tras la aprobación de la ley en 2022: primero lo interpuso Vox y, después, el PP. Sin embargo, según ha podido confirmar ABC, solo el partido de Abascal impugnó esta disposición adicional octava. Es en el marco de este recurso donde el Pleno deberá dar una respuesta sobre la constitucionalidad de esa 'ley de nietos'. Y lo hará en primer lugar, pues precisamente el recurso de Vox, en manos de la magistrada del sector conservador Concepción Espejel, es el de cabecera, por lo que tiene que ser el primero en resolverse. Le seguirá el del PP, en manos del progresista Ramón Sáez. Transcurridos tres años desde la admisión de los recursos (en febrero y abril de 2023), no está previsto que este asunto sea abordado por el Pleno al menos hasta otoño.  Uno de los ejes de la impugnación de Vox es que considera inconstitucional el concepto de víctima al entender que la ley hace una clara diferenciación ideológica y que no establece además limitación de grado de parentesco para los descendientes en cuanto a los derechos reconocidos. Secretaría de Estado de JusticiaEl segundo frente «jurídico» está abierto en el Ministerio de Justicia, donde también Vox ha solicitado ante la Secretaría de Estado de este departamento que revise de oficio y suspenda la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (aprobada en 2022) alegando que amplía de forma ilegal el alcance de la 'ley de nietos'. Vox parte de que una instrucción administrativa no puede modificar el alcance de una ley aprobada por el Congreso, un extremo en el que coinciden constitucionalistas consultados por este diario, como Agustín Ruiz Robledo, para quien esa instrucción es «claramente ilegal», porque un órgano administrativo no puede ampliar requisitos y condiciones fijados por una norma con rango legal. Precisamente esta mañana, Hazte Oír presentó una querella contra Sofía Puente, autora de esa instrucción por presunta prevaricación administrativa. Recurso ante el TSJMAnte el previsible rechazo en la vía administrativa a la solicitud de Vox por parte del departamento de Bolaños, el asunto podría escalar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No sería la primera vez que el TSJM ve este asunto. Por las manos de la sección sexta de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal pasó en abril de 2023 un recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, pero fue inadmitido sin que los magistrados entraran a valorar el fondo del asunto por la falta de legitimación de esta asociación. Un año antes, también había rechazado la suspensión de la instrucción en cuestión al considerar, según el auto al que ha tenido acceso ABC, que no se daban los requisitos para su adopción. Si no se vieron entonces motivos para suspender la instrucción, fuentes jurídicas no ven viable que se vean ahora con el trámite de solicitudes concluido en octubre. Tampoco creen que el TSJM tumbe esta instrucción. Ante la Junta ElectoralPor último, otro de los frentes abiertos es ante la Junta Electoral Central por parte de Iustitia Europa y Vox, que ha pedido que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y el trámite de acceso y admisión al registro desde el extranjero por considerarlo «terriblemente opaco». A juicio de esta formación no puede garantizarse la identidad del elector ni la custodia del voto por lo que solicita que el voto se realice de forma presencial en el consulado correspondiente. En un segundo escrito, los de Abascal piden auditar y suspender las inscripciones «masivas» en el censo exterior y revisar los contratos de externalización con la empresa Neoris y el grupo estatal cubano Palco. Fuentes de Exteriores consultadas por ABC aseguran que a día de hoy las solicitudes de nacionalidad se tramitan en las oficinas consulares con su personal. Añaden que la posibilidad de encargo «está prevista expresamente en la Ley 9/2017, en los artículos 32 y siguientes», pero «en todo caso para actuaciones auxiliares, pues las solicitudes se resuelven exclusivamente por el personal funcionario consular».Fuentes jurídicas señalan que para lo único que tiene competencias la Junta es para el censo, con lo que hay solicitudes de Vox que no se podrán atender. No obstante, ante inscripciones censales fraudulentas la JEC sí puede dar indicaciones a la Oficina del Censo Electoral para que las revise. Las decisiones de la JEC son susceptibles de recurso ante el Supremo.