Joshua Wong, rostro de las protestas prodemocráticas, condenado a 10 años de prisión

Joshua Wong tenía apenas 17 años cuando apareció en la portada de la revista Time convertido en el símbolo de una generación que se había atrevido a desafiar al todopoderoso Partido Comunista chino (PCCh). Era un adolescente delgado, con grandes gafas de pasta negra, que dirigía multitudes armadas con paraguas para exigir democracia en Hong Kong. Doce años después, Wong ya no habla desde una tribuna rodeado de estudiantes, sino que escucha desde el banquillo a un juez que acaba de condenarlo a pasar otra década entre rejas. El Tribunal Superior de Hong Kong ha sentenciado este jueves a 10 años de prisión al que fuera el rostro más reconocible de las protestas prodemocráticas de la antigua colonia británica. Wong, que acaba de cumplir 30 años, se declaró culpable en septiembre de conspirar con fuerzas extranjeras para promover sanciones internacionales contra Pekín y las autoridades locales, un delito contemplado en la estricta ley de seguridad nacional que China impuso en 2020 para sofocar la disidencia. Vestido con una camisa azul oscuro y sus características gafas, el activista apareció ante el juez más delgado que en sus anteriores comparecencias. Su defensa había solicitado clemencia argumentando que Wong había reflexionado sobre sus actos durante su largo encarcelamiento y que deseaba recuperar la libertad para cuidar de sus padres. Fuera del tribunal, decenas de hongkoneses hicieron cola durante horas para acompañarlo en medio de un amplio despliegue policial y gran atención mediática. Wong lleva prácticamente seis años encarcelado. Ya cumplía una anterior condena de cuatro años y ocho meses por participar en unas elecciones primarias organizadas por la oposición en julio de 2020, apenas dos semanas después de que Pekín impusiera la ley de seguridad nacional. Las autoridades declararon no oficiales aquellos comicios al tratarse, según su criterio, de una "conspiración para subvertir el poder del Estado". La nueva condena ha provocado una nueva oleada de críticas internacionales. Human Rights Watch (HRW) la ha calificado de "cruel e injusta". Su directora para Asia, Elaine Pearson, denuncia que las autoridades hongkonesas parecen haber adoptado una estrategia de acumulación de cargos contra destacados dirigentes prodemocráticos para prolongar su encarcelamiento y evitar que vuelvan a movilizar a la sociedad. Amnistía Internacional también ha rechazado el fallo. Sarah Brooks, responsable regional de la organización, sostiene que la ley de seguridad nacional "se ha convertido en un instrumento para castigar la disidencia" en lugar de proteger realmente la seguridad del territorio. Esta organización ya había denunciado que las autoridades estaban utilizando delitos formulados de manera imprecisa para mantener encarcelados a sus críticos más influyentes. Líder de la movilización juvenil La historia de Wong arranca en una familia cristiana de Hong Kong. Nació nueve meses antes de que el Reino Unido transfiriera la soberanía de la ciudad a China. Con apenas 14 años fundó Scholarism, un movimiento estudiantil que se rebeló contra los planes gubernamentales de introducir una asignatura de educación patriótica que omitía episodios como la matanza de Tiananmen. En 2012, la movilización llegó a reunir a unas 100.000 personas y obligó al Ejecutivo local a retirar el proyecto. Fue la primera gran victoria de aquel adolescente que parecía tímido hasta que cogía un micrófono. Dos años después, Wong volvió a llenar las calles durante la popular Revolución de los Paraguas, bautizada así porque los manifestantes utilizaban paraguas para protegerse de los gases lacrimógenos de la Policía. Aquellas manifestaciones reclamaban elecciones verdaderamente libres. No consiguieron sus objetivos, pero transformaron a Wong en una celebridad internacional. Para Pekín, en cambio, se había convertido en uno de los rostros de una peligrosa corriente separatista que amenazaba la soberanía china. En 2016 cofundó el partido Demosisto, que defendía una mayor autonomía y la autodeterminación política de Hong Kong. Cuando las protestas regresaron con fuerza en 2019, esta vez contra una ley que habría permitido extraditar sospechosos a China continental, Wong volvió a situarse en primera línea. También buscó apoyos internacionales y se reunió con dirigentes estadounidenses. Después de meses de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías, y con las calles vaciadas por la pandemia, Pekín impuso en junio de 2020 una ley de seguridad nacional que castigaba la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras con penas que podían alcanzar la cadena perpetua. En su fallo del jueves, el juez declaró que Wong había visitado Estados Unidos para "buscar injerencia extranjera" antes de la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional, y que continuó compartiendo en las redes sociales publicaciones que pedían sanciones después de su promulgación. El papel de Wong, según el juez, consistía en "proporcionar apoyo clandestino" y "llamar la atención de países extranjeros para reforzar la causa". El magistrado describió las acciones de Wong como parte de un plan para conspirar con gobiernos extranjeros. Tras la nueva legislación, la formación Demosisto terminó disolviéndose y Wong fue encarcelado. Su nombre figuró después entre los 47 activistas procesados por organizar unas primarias opositoras en 2020, en el mayor juicio celebrado bajo la nueva legislación. En noviembre de 2024, Wong, junto con decenas de antiguos diputados, sindicalistas y activistas, recibieron penas de entre cuatro y diez años. Al escuchar aquella sentencia, se levantó y gritó: "Amo a Hong Kong". El fin del modelo "un país, dos sistemas" Hong Kong nunca fue una democracia plena, pero durante décadas disfrutó de un Parlamento plural, una prensa independiente y una sociedad civil con libertades impensables en China continental. Bajo la fórmula de "un país, dos sistemas", Pekín había prometido conservar aquel ecosistema durante 50 años después de la devolución británica de 1997. La ley de seguridad nacional aceleró su desmantelamiento: desaparecieron partidos políticos de la oposición, sindicatos independientes y medios críticos, mientras destacados activistas acabaron encarcelados o exiliados. El caso más emblemático es el del magnate de la prensa Jimmy Lai, fundador del desaparecido diario Apple Daily, condenado el pasado febrero a 20 años de cárcel por conspiración con fuerzas extranjeras y delitos de sedición. A sus 78 años, la pena equivale prácticamente a una cadena perpetua. Su periódico, una de las voces más incómodas para Pekín, cerró en 2021 después de que las autoridades congelaran sus activos y detuvieran a varios responsables. Algunos de sus antiguos directivos también han recibido condenas de hasta 10 años. Las autoridades locales y el Gobierno chino defienden que la vigente legislación ha permitido restablecer el orden después de los disturbios de 2019, que los tribunales actúan con independencia y que las libertades individuales no amparan conductas que amenacen la seguridad del Estado. La represión ha alcanzado incluso a quienes mantenían viva la memoria de Tiananmen. El pasado 11 de septiembre, un tribunal condenó a siete años y tres meses a la abogada Chow Hang-tung, a siete años al histórico sindicalista Lee Cheuk-yan y a cinco años y dos meses al veterano dirigente Albert Ho. Los tres habían encabezado la organización que durante tres décadas convocó las vigilias multitudinarias del 4 de junio en el Parque Victoria, donde miles de hongkoneses encendían velas para recordar a los muertos de la masacre de 1989 en Pekín.