La inhabilitación de Holaluz destapa un caos de mil eléctricas en España

El proceso de inhabilitación iniciado por el Gobierno para retirar a Holaluz el permiso para la comercialización de electricidad ha puesto en evidencia el descontrol que existe en estos momentos en España en ese negocio. Holaluz es, con diferencia, el caso más conocido de una nueva comercializadora de luz surgida a raíz de la liberalización del sector para competir con las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Su inhabilitación es muy notoria. Pero no es la única. Coincide con otros procesos similares por parte del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poner freno al descontrol que se ha creado en el negocio de venta de electricidad. Para entender la situación hay que remontarse a hace tres décadas, cuando se inició la liberalización de la venta de luz en España. 23 más este año Para favorecer el lanzamiento de nuevas eléctricas que compitieran con los antiguos monopolios de Iberdrola, Endesa y Naturgy, los sucesivos gobiernos dejaron hacer, con una regulación muy laxa en cuanto a requisitos para convertirse en comercializadora de luz. Por ejemplo, bastaba con un capital social de 3.000 euros para lanzar una comercializadora. El resultado es que España es, con diferencia, el país europeo con más comercializadoras. Hasta la fecha, han surgido 933, y la lista sigue aumentando. Solo en lo que va de año han surgido otras 23. El problema es que hay cientos sin actividad o con una actividad testimonial. Es lo que ha venido a denominarse comercializadoras pirata o fantasma. Amparadas en requisitos mínimos, muchas comercializadoras consiguen un puñado de clientes a los que cobran por la luz que les suministra un proveedor, pero esquivando o retrasando los pagos por esos suministros y los correspondientes peajes por el uso de redes de distribución. Vuelta a empezar Tras un tiempo, cuando se detecta esa operativa y se les cancela la licencia, muchas vuelven a empezar con otro nombre. De las 933 comercializadoras que se han dado de alta desde 2001, 384 se han dado ya de baja. El resto, es decir, 549, teóricamente siguen en activo, aunque muchas solo tienen un cliente (mínimo imprescindible para no ser dadas de baja automáticamente). Esas 549 son una cifra descomunal comparada con otros países, como Alemania (210) o Italia (140). La CNMC alertaba hace una semana de la situación y proponía endurecer los requisitos a las comercializadoras, planteando medidas para que demuestren suficiente capacidad técnica y económica. Por ejemplo, entre otras medidas, el regulador propone que a las comercializadoras se les pida un capital social mínimo de 60.000 euros. Pagos por anticipado Otro requisito es que se obligue a las comercializadoras a adquirir de antemano la energía que van a revender a sus clientes como mínimo, con seis meses de antelación, con suficientes garantías y avales de pago. La CNMC también plantea restaurar un régimen de autorización administrativa previa para las comercializadoras de electricidad, sustituyendo el actual modelo de declaración responsable para frenar el aumento de los impagos. Igualmente, la CNMC también reclama que se incremente la vigilancia sobre la venta de cartera de clientes. El regulador ha detectado que "actualmente existe la práctica de crear empresas comercializadoras para su posterior venta". Aunque las autoridades sepan de la existencia de este tipo de operaciones de compraventa, la normativa actual no permite disponer de información sobre si la nueva empresa que asumirá la actividad cumple con los requisitos de la actividad, por mínimos que sean. Según el recuento de la CNMC, 39 comercializadoras fueron inhabilitadas entre 2022 y 2025 por incumplir los requisitos legales actuales, ya de por sí muy elementales. Impagos y peajes Según datos de la CNMC, los impagos acumulados por compras de energía no cubiertas por garantías superan los 243 millones, a lo que se suman unos 14 millones de deuda por peajes y hasta 40 millones de euros adicionales de deuda fallida. Esta situación daña tanto a otras empresas y usuarios como a la reputación del mercado. 10 díasHolaluz tiene diez días hábiles para alegar desde que le fue comunicado el procedimiento para su posible inhabilitación.En declaraciones a EXPANSIÓN, la presidenta de Holaluz, Carlota Pi, ha explicado que la situación se resolverá porque todo arranca de un mero trámite administrativo.Al margen del procedimiento, Pi dice que el 'establishment' de las grandes eléctricas lleva años queriendo hacer desaparecer a Holaluz, pero no "lo van a conseguir". "Ya lo intentaron hace dos años".