Defensa anula los permisos de los militares desplegados en Ceuta ante los rumores de otro intento de entrada
ResumenEl Gobierno mueve ficha ante el temor de una nueva intentona de entrada masiva ilegal en Ceuta . El Ministerio de Defensa y el del Interior han decidido anular los permisos de los militares y agentes del Instituto Armado desplegados en Ceuta en paralelo ... a las advertencias y anuncios que manan en redes sociales que difunden la posibilidad de un nuevo movimiento migratorio que afecte a la frontera con Marruecos en los próximos días. «Nuestra última oportunidad», dice alguno de los mensajes.En un escrito al que ha accedido ABC a través de la Asociación Unificada de Guardia Civil ( AUGC ), el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha ordenado anular los permisos de los guardias civiles que se encuentren «destinados o en comisión de servicio» en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla , con el fin de «garantizar» las condiciones de seguridad ante la «presión migratoria irregular registrada».«A los efectos de contribuir a lo indicado anteriormente, y hasta nueva orden por parte de la superioridad, no se concederán vacaciones, permisos ni licencias al personal comprendido en el ámbito de aplicación definido en el párrafo anterior», reza el comunicado.
El Gobierno mueve ficha ante el temor de una nueva intentona de entrada masiva ilegal en Ceuta . El Ministerio de Defensa y el del Interior han decidido anular los permisos de los militares y agentes del Instituto Armado desplegados en Ceuta en paralelo ... a las advertencias y anuncios que manan en redes sociales que difunden la posibilidad de un nuevo movimiento migratorio que afecte a la frontera con Marruecos en los próximos días. «Nuestra última oportunidad», dice alguno de los mensajes.En un escrito al que ha accedido ABC a través de la Asociación Unificada de Guardia Civil ( AUGC ), el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha ordenado anular los permisos de los guardias civiles que se encuentren «destinados o en comisión de servicio» en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla , con el fin de «garantizar» las condiciones de seguridad ante la «presión migratoria irregular registrada».«A los efectos de contribuir a lo indicado anteriormente, y hasta nueva orden por parte de la superioridad, no se concederán vacaciones, permisos ni licencias al personal comprendido en el ámbito de aplicación definido en el párrafo anterior», reza el comunicado. En ese sentido, obliga a los agentes a que ante una situación de alteración grave de la seguridad ciudadana, emergencia grave, situación de urgente riesgo o calamidad pública, tendrán que presentarse en su dependencia de destino o en la más próxima, y se pondrán «a disposición inmediata de las autoridades correspondientes».Una instrucción que, sin embargo, no afectará a los guardias civiles que «previamente» hayan recibido autorización para el disfrute de estos permisos con anterioridad a la orden mencionada, fechada el 7 de agosto de este mes como se indica en el documento recogido por este diario.Robles toma la misma decisión que MarlaskaPese a las visibles diferencias entre ambos ministerios en la crisis de Ceuta, Defensa no se ha quedado atrás, y ha adoptado la misma decisión. La Asociación de Tropa y Marinería Española ha confirmado a ABC la información adelantada este lunes por la Cadena Ser con la orden de Margarita Robles de también anular los permisos en el mes de agosto a los militares desplegados en la ciudad autónoma.El escrito en manos de la asociación y recogido por este diario apunta que antes del día 13 de este mes los soldados tienen que estar en su plaza, y que salvo excepciones muy concretas, todos los militares desplegados en Ceuta deben acatar la instrucción de Defensa . «Se cancelarán los permisos del personal desde el 13 de agosto de 2026 hasta nueva orden. Solo en casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados por el jefe de la unidad, se podrá conceder autorización para continuar con el permiso», se lee en la orden fechada dos días después de la de Interior.La instrucción tanto de Defensa como de Interior llega en un momento de incertidumbre ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada, cuando la crisis iniciada el 30 de julio no ha terminado, como defienden desde el Gobierno ceutí a diferencia de la Moncloa. Como ya publicó ABC, perfiles con miles de seguidores en redes sociales han estado avivando la idea de volver a entrar ilegalmente en Ceuta tras lo acaecido hace más de una semana, cuando 72.000 inmigrantes, aunque este mismo lunes el ministro Ángel Víctor Torres elevaba la horquilla hasta los 80.000, cruzaron a nado y a pie la frontera que separa Marruecos de España en menos de 24 horas.Quejas de las asociaciones que defienden a las tropasPese a este primer movimiento desde el Gobierno respecto a las tropas y agentes dispuestos en Ceuta, soldados, guardias civiles y policías siguen insistiendo en la necesidad de reforzar los medios y el número de agentes. Ante la posibilidad de un nuevo movimiento migratorio alertan de que no existen las «garantías» de poder parar un intento de entrada ilegal de las dimensiones de las del pasado 30 de julio. Y algunos, incluso, dudan de la legalidad de la línea de boyas instaurada en el espigón del Tarajal para frenar a los inmigrantes que buscan colarse a nado.En ese sentido, desde la Asociación de Tropa y Marinería española insisten en la necesidad de reforzar con más tropas y medios el operativo desplegado , y cuestionan quién y cómo se hará cargo del dinero y costes que estos militares habían destinado a utilizar en los permisos que tenían en el mes de agosto tras la instrucción de Defensa. «La preocupación es enorme. No eludimos la responsabilidad que tenemos, pero hay militares que han tenido que cancelar todo y han desembolsado un dinero. ¿Y ahora qué?», cuestionan desde el grupo de representación en declaraciones a este periódico.Bajo los mismos términos se mueve AUGC. El grupo acata la orden de Interior, pero critica que la instrucción no haya incluido el refuerzo de efectivos en la ciudad. La asociación señala al Gobierno y defiende que trazar esta línea es «reconocer» que existe un problema de seguridad pública de «tal magnitud que justifica suspender los derechos a dos comandancias enteras». Asimismo, exigen que se aclare quién queda exento de esta obligación. «Lo que no puede ser es que ese esfuerzo se convierta en la solución permanente a un problema estructural que llevamos años denunciando, y que la factura la paguen quienes menos han tenido que ver con la falta de previsión», dicen, y adelantan a este periódico que lo llevarán al Consejo de la Guardia Civil.