← Volver
ABC ·

La UCO avisa al juez Peinado de que dos contratos con la cátedra se hicieron para «dar apariencia de legalidad»

Resumen

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha advertido al juez del caso Begoña Gómez de que los dos contratos que se suscribieron con Deloitte para la cátedra que dirigió la esposa del presidente del Gobierno se elaboraron «a los únicos efectos de ... dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios», que se «habría llevado al margen del procedimiento establecido en la normativa».Así se desprende del informe de 158 páginas que los investigadores han entregado al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía en la UCM, la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa.Los agentes del Instituto Armado dicen que los pagos a Deloitte «se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado». «Sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato y la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos», revelan.Extracto del informe de la UCO ABCY es que, añaden, «los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos en su invitación a ofertar y en los pliegos se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio, e incluso se deduce que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte». Discordancias entre «desempeño y contratos»Los investigadores afirman que se «producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha advertido al juez del caso Begoña Gómez de que los dos contratos que se suscribieron con Deloitte para la cátedra que dirigió la esposa del presidente del Gobierno se elaboraron «a los únicos efectos de ... dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios», que se «habría llevado al margen del procedimiento establecido en la normativa».Así se desprende del informe de 158 páginas que los investigadores han entregado al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía en la UCM, la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa.Los agentes del Instituto Armado dicen que los pagos a Deloitte «se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado». «Sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato y la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos», revelan.Extracto del informe de la UCO ABCY es que, añaden, «los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos en su invitación a ofertar y en los pliegos se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio, e incluso se deduce que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte». Discordancias entre «desempeño y contratos»Los investigadores afirman que se «producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados». Los agentes, además, no «identifican elementos de los que se desprenda que durante el plazo formal de ejecución del segundo de los expedientes Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratado». El informe también llama la atención sobre otro contrato, en concreto el suscrito con Making Science Group, por el hecho de «haberse llevado a cabo su contratación sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe: 20.000 euros sin IVA». «Sin embargo, dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM, según lo expresado en el informe de Autorización, Disposición y Obligación reconocida», añade la UCO. Gómez asumió gastos personalmenteDel análisis de la Guardia Civil se recoge que Gómez asumió «determinados gastos desde su esfera personal que juegan en favor de la plataforma» Transforma TSC, la relacionada con su cátedra y de la que ella figuraba como administradora única. Pagos que, según destacan los agentes, «difieren de lo observado con respecto a otros de cuantía similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la Cátedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la Universidad Complutense de Madrid». Adicionalmente, el Instituto Armado también identifica dos pagos que Gómez emitió desde sus cuentas personales, en este caso en favor de Sandra Anfaiha, «la cual adquiere un importante rol en la fase final del desarrollo de la herramienta». Pero la UCO asegura que «se desconoce el motivo último de esos pagos». Lo que los investigadores dejan claro es que, «a pesar del corto periodo de vida de la mercantil» de Begoña Gómez, y «más allá de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente con la fundación de la mismas» y que «se vieron frustradas de manera temprana, esta efectivamente llegó a mantener una actividad comercial». Sin actitvidad tras su imputaciónTransforma TSC, en concreto, recibió dos pagos de la sociedad Innovación Hexagonal por un valor total de 6.687,85 euros, aunque el informe detalla que «no resulta posible determinar el objeto de esta facturación ni la posible vinculación que pudiera tener con la actividad que se podría haber desarrollado como consecuencia de su registro en la plataforma». Los agentes no conocen «el motivo por el cual la sociedad entró en inactividad» en junio de 2024. «Sin embargo, es de reseñar que unido al corto periodo en el que se encontró activa, la apertura del presente procedimiento judicial se produjo a partir de la denuncia inicial fechada el día 9 de abril de 2024», recuerda la UCO, que incide en que, además, la querella se amplió en junio de ese mismo año. MÁS INFORMACIÓN noticia Si La exmujer de un hombre fuerte de Sánchez aparece relacionada con el 'think tank' de Zapatero noticia Si La SEPI eliminó documentos del rescate de Plus Ultra tras el comienzo de la investigación noticia Si «Si Zapatero se fugara sería un solemne error porque arrastraría a su familia; se fugan los gañanes» noticia Opinión Si «Esto solo acaba de empezar»: el PSOE rompe filas con ZapateroLa UCO también ha remitido al instructor un análisis de los movimientos bancarios de Gómez. En ese informe, concluye que «la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales» que la esposa de Sánchez «ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente». Los movimientos, por tanto, «se corresponden con los principales pagadores que se identifican».