Abelardo de la Espriella encomienda su política migratoria de mano dura a un policía retirado

Pese a no haber sido un tema central en la campaña, el presidente Abelardo de la Espriella decidió, a pocos días de cumplir un mes en el poder, que la política migratoria se convertiría en uno de los ejes centrales de su mandato. La orden, en línea con su mano dura en seguridad, es que se deporten inmediatamente a los “inmigrantes ilegales” de Colombia, comenzando con los que hayan cometido algún delito, para luego pasar a quienes no tengan los papeles en regla. La tarea estará a cargo de José Luis Castañeda Tiria, un coronel retirado de la Policía, que ha sido nombrado director de Migración Colombia, la entidad que ejecutará estas expulsiones. Castañeda tuvo una carrera en la Policía Nacional enfocada en las operaciones de inteligencia, de seguridad ciudadana y en contra de la delincuencia común. El último cargo que ocupó durante el servicio activo fue en 2018, con el grado de teniente coronel, como comandante de la entidad en el departamento del Cesar, ubicado en la Costa Caribe. Ahora releva a Gloria Arriero, nombrada hace poco más de un año para liderar la entidad y quien renunció con el cambio de Gobierno. La Cancillería, el ministerio del que depende Migración Colombia, detalló que la tarea de Castañeda será la de “transformar la entidad en un organismo moderno, eficiente y alineado con las políticas del Gobierno nacional y los convenios internacionales suscritos por el Estado”. A su vez, destacó en un comunicado que el perfil del nuevo director responde “directamente al panorama actual de la región”, que requiere de “respuestas institucionales rápidas y un blindaje seguro de los límites nacionales”. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa”, dijo De la Espriella en el anuncio de su nueva política, que afectará desproporcionadamente a los migrantes venezolanos. En la actualidad, son 2,8 millones los que viven en Colombia, un 90% del total de inmigrantes en el país. De acuerdo con datos de Migración, 848.000 tienen un estatus irregular. Las expulsiones comenzaron de manera muy discreta. Un día después de ser investido, el 28 de agosto, la entidad ahora liderada por Castañeda anunció el primer operativo de deportación en el marco de la campaña lanzada por el presidente. Cinco personas, todas ellas de nacionalidad venezolana según confirmó Migración, fueron expulsadas. Cuatro de ellos representaban “un riesgo para la seguridad nacional” al tener antecedentes de comparendos por porte de armas, irrespeto a la autoridad o consumo de drogas en lugares no habilitados. El otro había cumplido una pena en Colombia por el delito de extorsión. Las organizaciones civiles ya han manifestado su preocupación. Una treintena de ellas, incluida la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron este martes un comunicado en el que alertan de la criminalización de la migración y rechazan las devoluciones cuando “las condiciones estructurales que originaron la salida de millones de venezolanos no solo persisten, sino que se han agravado”. “Las experiencias de otros países de la región ya han demostrado que estos anuncios de persecución agresiva de personas migrantes y los correspondientes operativos de captura, detención y deportación tienen efectos adversos en la población, que experimenta barreras para acceder a derechos como salud, educación y trabajo por miedo a salir de su hogar”, señala el comunicado, que, al tiempo, sostiene que el nombramiento de Castañeda refuerza “un viraje hacia el enfoque securitista de la migración” y que supone un “detrimento del carácter civil que debe regir a la institución”. Los gobiernos en Colombia —de centro, de derecha y de izquierda— habían sido, con sus propios matices, garantes de la migración venezolana tras el éxodo masivo de 2015. Ahora, una década después, el país da un giro total en su política con un discurso nacionalista: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, recalcó De la Espriella. Su postura coincide con el avance de la ola ultraderechista en el continente de la mano del estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el chileno José Antonio Kast. Todos han conducido expulsiones masivas y el colombiano planea seguirles el paso. El principal obstáculo del presidente es la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El alto tribunal prohíbe las deportaciones masivas y exige que cada caso sea evaluado de manera individual para cumplir con el debido proceso. Toda orden de expulsión debe estar motivada, lo que supondría un esfuerzo mayor para una entidad que promete ser cada vez más eficiente. Por ahora, Migración Colombia publicó una nueva “ruta de regularización” para los venezolanos que ofrece tres vías. Una es para los menores de edad, de los que, según el organismo, 193.000 tienen un estatus irregular. Otro es para sus tutores, con un permiso de permanencia que, por si solo, no tiene mayor utilidad práctica. El tercero es una visa de visitante especial, que permite trabajar y vivir en Colombia durante dos años. No parecen ser suficientes, señala Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. “Muchos no tienen acceso ni a los documentos ni al dinero que requiere el trámite”, explica, por lo que cientos quedarán desprotegidos. Otra preocupación del experto es el alto número de niños y adolescentes que están sin escolarizar: “Hay casi 200.000 niños [venezolanos] fuera de instituciones educativas y hay un alto riesgo de reclutamiento o instrumentalización por parte de los grupos criminales”, añade. Las ONG también piden al Gobierno el cese de la retórica xenófoba y la instauración de mecanismos para la regularización.