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La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si se registraron avisos previos de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

Resumen

A falta de explicaciones y responsabilidades políticas, el curso de las actuaciones judiciales sobre la entrada irregular la semana pasada a Ceuta de unas 72.000 personas , según las estimaciones oficiales, sigue su curso. Este miércoles, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón dictó ... una providencia para tratar de resolver una de las incógnitas clave que todavía quedan sobre esta crisis inédita en la democracia española: ¿tuvieron algún tipo de aviso o alerta anticipada las autoridades españolas sobre este asunto? Por ello, la magistrada, inquiere a la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre si cualquiera de las unidades del cuerpo recibió antes de los hechos del 30 y el 31 de julio «alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar» sobre los mismos.Pide así información sobre uno de los puntos candentes que planean sobre este suceso, que aún no ha sido conveniente y públicamente explicada: la de si el Gobierno español no tuvo noticia de que se citaban y congregaban tal volúmen de personas en su frontera o, si por el contrario, tuvo avisos y no actúo en previsión.

A falta de explicaciones y responsabilidades políticas, el curso de las actuaciones judiciales sobre la entrada irregular la semana pasada a Ceuta de unas 72.000 personas , según las estimaciones oficiales, sigue su curso. Este miércoles, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón dictó ... una providencia para tratar de resolver una de las incógnitas clave que todavía quedan sobre esta crisis inédita en la democracia española: ¿tuvieron algún tipo de aviso o alerta anticipada las autoridades españolas sobre este asunto? Por ello, la magistrada, inquiere a la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre si cualquiera de las unidades del cuerpo recibió antes de los hechos del 30 y el 31 de julio «alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar» sobre los mismos.Pide así información sobre uno de los puntos candentes que planean sobre este suceso, que aún no ha sido conveniente y públicamente explicada: la de si el Gobierno español no tuvo noticia de que se citaban y congregaban tal volúmen de personas en su frontera o, si por el contrario, tuvo avisos y no actúo en previsión. El ministro Grande-Marlaska, y casi todo el Gobierno, llevan una semana insistiendo en que no recibieron ninguna advertencia de algo así ni del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de otro organismo se seguridad o Inteligencia. Lo aseveran a pesar de que algunas informaciones apuntan a que sí hubo alertas y que tanto las asociaciones de Guardia Civil como de Policía Nacional aseguran que se alertó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estas circunstancias días antes, según relataron a este diario. «Lo sabían», aseguraban a ABC.Del mismo modo, el presidente de la ciudad autónoma aseguraba ayer en televisión que el pasado lunes 27 de agosto trasladó a Moncloa que durante la semana anterior habían accedido a Ceuta unas 1.500 personas migrantes de forma irregular y advirtió de que la situación podría agravarse rápidamente. Juan Jesús Vivas aseguró, como ya contará el secretario general de su partido, Miguel Tellado, un día antes que habló con el jefe de gabinete del presidente del Gobierno y le dijo que, si se mantenía el ritmo de llegadas, «si en un día entraban 500 personas, en 10 días entraban 5.000» y que «de seguir así, en poco tiempo nos veríamos en una situación como la de mayo».La juez pide información a la Guardia Civil sobre su despliegue, los rescate en aguas territoriales y los fallecidosMás allá de esta fundamental cuestión, la juez Tardón pide a la Guardia Civil otras informaciones, principalmente sobre el despliegue de la Benemérita en los días de los hechos, las operaciones de rescate en aguas territoriales y sobre los fallecidos. En estos dos últimos, requiere, si fuera posible datos como la causa, fecha y hora de la muerte, y de los que fueron rescatados con vida sus datos y situación.Estas peticiones se suman al informe que la magistrada ya solicitó el lunes a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif) de la Policía Nacional sobre esta masiva entrada irregular. Todo parte de una denuncia de Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.Desde este partido del que parte la denuncia, explicaban, mediante un comunicado, que la investigación que «la dirección que señalaban desde el principio» en estos hechos que no dudan en calificar como «invasión» y una «agresión concertada» procedente de Marruecos que atenta contra la seguridad nacional y la paz del Estado.Querella de HazteOír y denuncia de VoxEn este sentido, la magistrada también decidió ayer acumular en acumular a este procedimiento la querella de HazteOír y la denuncia presentada por Vox sobre los mismos hechos, pendiente aún de pendiente de «resolver» la «competencia penal» de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, más allá de los informes ya solicitados, ha decretado rechazar las peticiones de Vox, que calificaba de «urgentes» como el despliegue militar en la frontera o el naval de la Armada para salvamento y control marítimo.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Menores en condiciones insalubres, al raso en el polígono de El Tarajal: «Morimos aquí antes que volver» noticia Si Los 224 centros de protección de menores de Andalucía, al límite de su capacidad con más de 2.600 'Menas' acogidos noticia Si Jupol asegura que los primeros antidisturbios de refuerzo en Ceuta fueron para escoltar a SánchezEl mismo día que se conocían estas decisiones sobre este procedimiento, desde Marruecos llegaba la información de que la Fiscalía de Tánger procesaba a 25 personas por delitos relacionados con la organización de entradas irregulares a España o el transporte de pasajeros sin licencia en relación a los mismos hechos que investiga la Justicia española. Entre los cargos que les imputan también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos; permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado; insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad; desobediencia, así como destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicas.