Moncloa plantea aprobar dos decretos de vivienda para salvar las medidas con acuerdo

Lo excelente es enemigo de lo bueno. Horas de máxima tensión y negociaciones contra el reloj entre el PSOE y sus socios, dentro y fuera de la coalición de gobierno. Todas las fuentes consultadas asumen que este martes «sí o sí» el Consejo de Ministros ... tendrá que aprobar un real decreto-ley que dé salida a medidas para paliar la crisis de vivienda. El desahucio de Maricarmen ha sido el catalizador de un malestar muy asentado en la sociedad —apreciado como el principal problema para la mayoría de los españoles— que amenaza con arrollar a un Ejecutivo que se dice progresista y que ha sido incapaz de embridar una emergencia habitacional desbocada. Todos coinciden en que este martes será una jornada decisiva; sin embargo, las fórmulas para aterrizarlo difieren de manera considerable.Al cierre de esta edición, todavía no se había alcanzado un acuerdo sobre cómo dar forma al real decreto. En la parte socialista del Gobierno piden «responsabilidad» y ofrecen priorizar en un primer texto las medidas sobre las que existe acuerdo parlamentario para que el texto que alumbre el Consejo de Ministros pueda ser convalidado después en el Congreso de los Diputados. «De nada sirve, señalan, que pongamos sobre la mesa medidas estupendas si luego no tienen el respaldo suficiente para aprobarse en el Parlamento», sentencian, recordando que esto no solo se decide en el Consejo de Ministros. De este modo, ofrecen desgajar las iniciativas de «máximos» que piden los partidos de la izquierda para poder integrarlas en otro decreto, que se negocie en paralelo. De este modo, al menos, se garantiza que las iniciativas que cuentan con el apoyo de Junts y PNV puedan prosperar, para pelear después las que no tienen su aval. Si todas —las que concitan acuerdo y las que no— se integran en el mismo real decreto, dicen, decaerán en su totalidad. Los partidos que negocian están muy atentos a la redacción final del texto precisamente para que no existan trampas introducidas por la puerta de atrás y que condenarían el texto a su naufragio en el Congreso. En la parte socialista del Gobierno defienden que lo que se está negociando es «valiente» y «ambicioso», pero ofrecen aprobar futuros textos para dar salida a todas las pretensiones de los partidos de izquierda.El primer filtro a superar será el de Sumar. Sus exigencias, sostienen los de Yolanda Díaz —quien este mismo domingo llamaba a la «movilización» contra el mismo Ejecutivo del que lleva casi siete años formando parte— son «irrenunciables» y deben ir recogidas en un único texto. Congelación y prórroga automática de los alquileres hasta finales de 2028, una solución «integral» a los desahucios y restricción del uso especulativo de la vivienda como los alquileres turísticos y habitacionales. «No nos vamos a bajar de un decreto lo suficientemente exigente», trasladan fuentes conocedoras de la negociación con los socialistas, que, según la versión de Sumar, estarían encalladas en la prórroga de los arrendamientos (el PSOE querría solo un año en vez de dos), el alquiler vacacional y de temporada, y la toma de medidas «integrales» antidesahucios. «Están regateando», comentan molestos, a este respecto. También lo están por el hecho de que el PSOE esté priorizando en el diálogo a aliados de derechas como Junts y PNV.«Salir fuertes»«Hemos tenido que salir fuertes», confesaban otras voces de la coalición en alusión a su amago de plante en el Consejo de Ministros de este martes, que están dispuestos a llevar a término como ya hicieron en marzo. En esta idea ha insistido, precisamente, este lunes la ministra Mónica García. En representación de los cuatro partidos de Sumar en el Ejecutivo, la responsable de Sanidad ha salido a escenificar a las puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid la «presión» que su coalición está ejerciendo sobre el PSOE pese a la cual, tanto en público como en privado, distintos dirigentes salieron en tromba desde primera hora de mañana alejando la posibilidad de acuerdo antes de la reunión. Confían, eso sí, en que esta vez la voz de la calle y el clamor social remen a su favor. Actualmente se trabaja sobre un borrador en el aparecerían cuestiones de máxima actualidad como la protección ante los desahucios y la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre o la estabilización de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de temporada. Con las competencias transferidas en vivienda, el Ejecutivo puede moverse con mayor margen en el ámbito de la fiscalidad —dependiente de Hacienda— con medidas sobre el IVA a los pisos turísticos, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que bajen el precio del alquiler, ayudas en la compra de la primera vivienda, blindaje del parque estatal de vivienda y bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. En cambio, quedan aparcadas cuestiones como la problemática reforma de ley del suelo —en este caso, línea roja de Podemos—.Junts pide un «mínimo común denominador»Por parte de Junts, la posición que se proyecta hacia fuera es de cierta confianza -el Ejecutivo «ve con buenas ojos» sus propuestas, aseguran-, aunque se reconoce a la vez que la propuesta de máximos que llega desde la izquierda del PSOE dificulta el acuerdo. El principal temor es que desde la izquierda no se salga de la «trinchera», reconocen en el partido de Puigdemont, y se acaben incluyendo en el decreto medidas incompatibles con un partido que, de cara al ciclo electoral que se abre, quiere volver a recuperar las hechuras de partido centrado.Por ello, desde el partido se aboga por alcanzar «un mínimo común denominador», una expresión que podría ser compatible con la pretensión del Gobierno de amarrar un primer decreto asumible por todos para luego pelear por medidas más ambiciosas. En este sentido, parecería infundado el temor trasladado ayer por Junts, que advirtió al Gobierno de que no trate de colar asuntos ajenos a la vivienda, como ya intentó con el decreto de pensiones o «escudo social» a principios de año.Bajo el impacto del caso de Maricarmen y en una posición que trata de compatibilizar tanto la defensa de los pequeños propietarios como el de los inquilinos que vayan a ser desahuciados, Junts resume sus propuestas mirando a ambos lados. «No puede haber más casos como el de Maricarmen», tal y como advirtió el portavoz del partido, Josep Rius, que añadió que la problemática social por contra no puede recaer sobre las espaldas de los pequeños propietarios.Para el partido de Puigdemont es posible «hacer compatible» la suspensión de los desahucios promovidos por grandes fondos con la protección de quienes poseen una o unas pocas viviendas, que representan, se recuerda, el 95% del total. Así, Junts distingue entre estos arrendadores y los grandes operadores financieros e inmobiliarios.Junts plantea «dar aire directamente a quienes están sufriendo la crisis habitacional» con un paquete de medidas que combina rebajas fiscales para las familias con restricciones, temporales, a bancos y fondos para la adquisición de viviendas, una propuesta esta última que, aunque limitada en el tiempo, se acerca bastante a la intención del Govern de Salvador Illa, arrastrado en su caso por los Comunes, de limitar la compra especulativa, es decir, aquella no destinada a primera vivienda.Como informó ABC, los ocho puntos con las propuestas de Junts, incluyen suspender los desahucios por impago del alquiler de la vivienda habitual cuando los promuevan entidades financieras, fondos de inversión y otros grandes operadores inmobiliarios. También quiere impedir temporalmente que estos actores compren viviendas, salvo que las destinen al alquiler asequible. Esta última limitación se evaluaría al cabo de dos años.En el terreno fiscal, Junts reclama deducciones en el IRPF por el alquiler, la compra de la vivienda habitual y el pago de la hipoteca. Añade incentivos al ahorro y una reducción del IVA aplicable a la vivienda, aunque el documento no concreta porcentajes ni cuantías.La propuesta incluye asimismo una protección para los hipotecados cuyos préstamos sean vendidos a fondos u otros inversores: podrían cancelar la deuda pagando el precio por el que se transmitió su crédito, más los intereses y gastos correspondientes. Por último, plantea que las personas mayores que deban mudarse a una residencia o al domicilio de un familiar por necesidades de cuidados conserven los beneficios fiscales asociados a su vivienda habitual si posteriormente la venden.