El Gobierno solo ha aprobado el 30% de su plan legislativo

Ana Sánchez

Madrid

La aprobación de las leyes y decretos que el Gobierno promete para cada año volvió a hundirse en 2025 perforando el suelo al que ya había caído en 2024. Según los datos a los que ha tenido acceso ABC, a fecha del pasado 4 de ... marzo, el Ejecutivo solo había logrado sacar adelante el 30% de las 199 normas contenidas en el Plan Anual Normativo presentado para el ejercicio pasado. Es decir, solo 60.

En 2024, con la mayoría parlamentaria y la gobernabilidad ya seriamente tocadas, el Gobierno aprobó un 45% de las normas incluidas en su planificación anual extendiendo el cómputo hasta marzo. La diferencia no se explica con esos tres meses extra y por lo que la cifra de 2025 demuestra que el Ejecutivo tiene cada vez menos capacidad para llevar a término su programa.

Y es que el porcentaje de cumplimiento del Plan Normativo Anual osciló entre el 79% y el 90% en la legislatura anterior, entre los años 2020 y 2022 de la coalición PSOE-Podemos. En 2023 la cifra se hundió pero no es comparable dado que fue el ejercicio del adelanto electoral, la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y las largas negociaciones entre el PSOE y Junts hasta lograr la investidura de Pedro Sánchez.

Noticia relacionada

Opinión Sánchez quiere su «efecto Carney»

El Plan Anual Normativo incluye leyes y decretos. Profundizando en los datos de 2025 e incluyendo hasta el mes de marzo, el Gobierno solo remitió al Congreso un 29% de las leyes prometidas: 17 de 59. En el caso de los segundos, el Consejo de Ministros aprobó un 31%: 43 de 140.

A ello se añade que la remisión a la Cámara Baja ni siquiera asegura la aprobación final del texto por la ausencia de una mayoría parlamentaria. De hecho, según la web del Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha remitido solo 87 leyes desde el inicio de la legislatura, y 50 de ellas se encuentran bloqueadas en el trámite de enmiendas.

La fotografía aún empeora si nos detenemos en el trabajo que no está hecho, ya que el Ejecutivo ni siquiera ha superado la primera fase de la tramitación en el 44% de las leyes (un total de 26) y el 33% de los decretos prometidos (hasta 47). Es decir, de ninguno de ellos se ha dado a conocer el primer borrador que debe someterse a exposición pública.

Noticia relacionada

Opinión Sánchez quiere su «efecto Carney»

De cara a 2026, Moncloa todavía no ha presentado su Plan Anual Normativo ni su Evaluación del cumplimiento de 2025. Según una repuesta parlamentaria remitida a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, Presidencia lo está ultimando con el objetivo de que el Consejo de Ministros lo apruebe «próximamente».

En esta contestación, el Gobierno intenta justificar su bajo porcentaje de cumplimiento señalando la existencia de una «sucesión de acontecimientos imponderables e imprevisibles que han venido condicionando la actividad de planificación normativa del Gobierno».

En esta línea, también subraya que «las circunstancias políticas, económicas o sociales pueden cambiar, por lo que la programación prevista está siempre sujeta a la posibilidad de aprobar iniciativas no previstas inicialmente en el Plan».

Sin embargo, estos argumentos no dan cobertura a un nivel de cumplimiento tan bajo como el 30% sino que refuerzan la idea de que el Ejecutivo no tiene el control de su agenda legislativa, que su mayor parte acaba quedando supeditada a los imprevistos.

Dicho de otra manera, implica reconocer que el Plan Anual Normativo ha dejado de ser un instrumento de planificación para quedar rebajado a una guía meramente orientativa o propagandística.

Además, Moncloa señala que «en muchas ocasiones, el propio procedimiento» puede retrasarse «por distintas razones, como es la elevada cantidad de propuestas o alegaciones que se reciben en los trámites de consulta pública o audiencia, la necesidad de recabar informes no previstos inicialmente, o la complejidad técnica de la regulación proyectada».

Pero este argumento también queda debilitado al ponerlo en relación no solo con los porcentajes de cumplimiento de la legislatura anterior, sino también con el elevado número de normas para las que ni siquiera se ha aprobó un primer borrador en 2025.

Noticia relacionada

El PSOE frena otra vez la reforma para obligar a Sánchez a debatir sobre el estado de la nación

Por último, el Gobierno subraya en su contestación que «debe ponerse en valor» que está aprobando consecutivamente desde 2020 tanto el Informe Anual de Evaluación Normativa como el Plan Anual Normativo cada año.

Para Moncloa, este hecho «es una clara muestra de su compromiso no solo con la buena regulación, sino con un modelo de Gobierno Abierto en el que la actuación de las administraciones públicas sea cada día más transparente y más exigente en la rendición de cuentas, a fin de garantizar la mayor previsibilidad de su acción normativa a todos los operadores e intereses afectados». Y eso aunque luego lo presentado solo se cumpla al 30%.

Para los populares ya el resultado del Plan Anual Normativo de 2024 demostró que la «planificación normativa de este Gobierno ha demostrado ser manifiestamente deficiente» así como una «incapacidad a la hora de evaluar sus prioridades o las circunstancias políticas, económicas y sociales de nuestro país».

Muñoz registró en el Congreso una tanda de preguntas escritas dirigidas al Gobierno con los datos de aprobación de normas a cierre del 2025 denunciando que solo 46 de las 199 «es decir, un ridículo 23%» habían salido adelante.

«Sólo están enviadas al Congreso 15 de las 59 leyes comprometidas (un 25%) y sólo están publicados en el BOE 31 de los 140 decretos proyectados (un 22%)», señaló en el escrito. «Para agravar aún más la situación, ni siquiera ese más de 80% de normas que ha quedado sin aprobar está en un grado avanzado de tramitación».

A partir de aquí preguntó las causas de un porcentaje tan bajo de leyes aprobadas, del elevado número de normas que ni siquiera echaron a andar, pidió conocer si en marzo de 2026 se superará la cuota del 45%, las medidas a adoptar para resolver «su problema endémico a la hora de ejecutar los Planes Anuales Normativos que aprueba el Consejo de Ministros», y si el Gobierno considera «sostenible» una legislatura en la que aprueba «cada año menos de la mitad de las normas que él mismo fija como prioritarias».

En su respuesta, Moncloa eludió responder a estas dos últimas preguntas.