Retiran la orden de detención de Vito Quiles al presentarse en el juzgado tras 48 horas prófugo en una urbanización junto a la Sareb

La jueza que ordenó la detención de Vito Quiles por no comparecer en dos ocasiones ante el juzgado ha levantado este viernes la medida después de que el querellado se presentara acompañado de su abogado y se pusiera a disposición judicial. Durante los dos días en los que permaneció activa la orden, Quiles estuvo en una urbanización con piscina del exclusivo barrio de Mirasierra, situada junto a la sede de la Sareb. «Le hemos ganado el pulso al Gobierno. Pedro Sánchez quería la foto mía encarcelado y le hemos dicho que no. No aceptamos esta persecución», celebró a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla. Según ha podido comprobar GRAN MADRID a través de fuentes abiertas, el querellado permaneció en este complejo residencial mientras la Policía trataba de localizarlo para ejecutar la orden dictada por la titular de la plaza 32 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Desde allí, Quiles compartió en sus redes sociales una fotografía en la que podía verse al fondo el edificio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb o Banco Malo, situada en el número 12 de la calle Costa Brava. La imagen estaba acompañada de un desafío dirigido a quienes trataban de detenerlo: «Se ha quedado un día calentito para el Gobierno. ¡Dos más que van pa'lanteeee! Si quieren venir a mi piscina a refrescarse, invitados están». Foto compartida por Vito Quiles desde su escondite. Al fondo, el edificio de la Sareb.E.M. La magistrada ha cancelado finalmente la orden después de que Quiles acudiera este viernes al juzgado junto a su letrado y solicitara formalmente que se dejara sin efecto. La jueza le ha citado para que preste declaración como querellado el próximo 20 de julio, según han informado a la agencia EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La orden había sido dictada después de que Quiles no compareciera a las citaciones señaladas para los días 9 y 25 de junio dentro de un procedimiento de protección del derecho al honor. En el auto, la magistrada justificó la detención al considerar que el querellado se estaba «sustrayendo a la acción de la Justicia». Un razonamiento idéntico al emitido por el juez Arturo Zamarriego contra Elisa Mouliaá. La causa se inició a raíz de la querella presentada por un funcionario del Ministerio de Hacienda al que Quiles identificó en sus redes sociales como asesor de María Jesús Montero. También afirmó que el trabajador público había estado en prisión y que había sido puesto en libertad gracias a la intervención de la entonces ministra, que posteriormente lo habría «encubierto y contratado» en el Ministerio. El miércoles, agentes de la Policía Nacional acudieron a la sede del medio Estado de Alarma —EDATV—, donde trabaja Quiles, para ejecutar la orden de detención, pero no lo encontraron. El querellado respondió posteriormente mediante varios mensajes y vídeos en los que mostró su desacuerdo con la resolución judicial y animó a los agentes a que continuaran buscándolo. Ese mismo día, el despacho Ospina Abogados aseguró a EL MUNDO que Quiles se presentaría el jueves en una comisaría. Sin embargo, pasadas las diez de la noche, publicó un vídeo titulado «No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin.», en el que vinculó la actuación policial con su actividad política y sus preguntas a Begoña Gómez. Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, acudió el jueves hasta en tres ocasiones al juzgado para comunicar que su cliente quería comparecer de forma «inmediata y voluntaria». Según explicó el despacho en un comunicado, los funcionarios le indicaron que, al encontrarse el juzgado de guardia, Quiles sería detenido por la Policía si acudía durante esa jornada. Fuentes jurídicas precisaron a EFE que el órgano judicial estaba de guardia de detenidos y que la magistrada pasó el día tomando declaraciones en los calabozos, por lo que no podía tramitar con normalidad asuntos ordinarios. Este viernes, una vez finalizado ese servicio, sí atendió personalmente la comparecencia de Quiles. El querellante, funcionario de Hacienda desde hace 41 años, sostiene que la información difundida por Quiles era «absolutamente falsa» y que dañó «gravemente» su reputación personal y profesional. La querella recoge además que el investigado difundió su nombre completo y su fotografía, lo que habría provocado «una persecución pública» acompañada de cientos de comentarios con «insultos, vejaciones y amenazas». La representación legal del funcionario atribuye a Quiles un delito continuado de calumnias y reclama una indemnización de 50.000 euros por los daños morales y profesionales causados. Tras el levantamiento de la orden de detención, el procedimiento continuará con su declaración como querellado el próximo 20 de julio.