El juez cita a Begoña Gómez a una “audiencia preliminar” el 9 de junio

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a comparecer en una “audiencia preliminar” el próximo 9 de junio, a las 11.00, en el juzgado. También ha citado a los otros dos investigados, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Deberán comparecer personalmente los tres”, ha subrayado el instructor para luego advertirles de que en caso de que no acudan al llamamiento serán “conducidos por la fuerza pública”. Así consta en un auto dictado el lunes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que avisa a su vez de que en dicha vista “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de las penas de cárcel a las que se enfrentan. El instructor ha dado este paso después de recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como los escritos de conclusiones presentados por las defensas y la Fiscalía —que piden la absolución— y por las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír —que reclaman 24 años de prisión para Gómez—. Y comunica a los acusados que, tras tomar declaración a un testigo el pasado 14 de mayo por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, ya “no existen” diligencias de investigación pendientes de practicar. Así, el juez se acerca al final de la polémica causa que ha dirigido durante dos años y tras la que, el pasado abril, propuso que la esposa de Pedro Sánchez fuera juzgada por un jurado popular por cuatro delitos. Este procedimiento nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, a la que luego se sumó una de Hazte Oír y otra de Vox. Peinado empezó investigando la actividad profesional de Gómez con empresarios y su relación laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como el desarrollo de un software para dicho centro de estudios a través de una cátedra extraordinaria. En estos hechos, el instructor centra los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Luego, sin embargo, amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que esta terminara colaborando en su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya la presunta malversación. Ahora, Peinado explica que llegó el momento de celebrar una “audiencia preliminar” con todas las partes involucradas en la causa para abordar la procedencia de la apertura del juicio oral. Y advierte de que —a raíz de los delitos que se atribuyen a los investigados y la “extensión de la pena que pudiera serles impuesta”, que podría impulsarles a “eludir la acción de la justicia”— es pertinente citar a los acusados a comparecer “personalmente” ante el juzgado “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública” si no acuden. En este punto, el instructor también avisa de que en la audiencia del 9 de junio “podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados”. En el marco de la resolución, el juez aprovecha para contestar a varias de las peticiones que realizaron las defensas en sus respectivos escritos de conclusiones. Rechaza citar a declarar en calidad de testigo en la audiencia preliminar al exdirector de la cátedra de la UCM que codirigía Gómez, José Manuel Ruano, como pedía el abogado de la esposa del presidente del Gobierno. Y, en lo que respecta a las peticiones de Barrabés, descarta citar a declarar a 23 testigos. Pero avisa de que ello “no impide” que pueda solicitar al presidente del jurado. El juez también desestima la petición de las acusaciones populares de reproducir en la audiencia preliminar la declaración que dio Barrabés en la fase de investigación en 2024. Peinado sostiene que, “si bien es cierto que en su momento el estado de salud” del empresario no le permitió acudir a la sede judicial, no consta ningún “informe médico actualizado al día de hoy o cercano en el tiempo” sobre la evolución del estado de salud del empresario que le “impida” acudir al acto.