El PSOE eleva ahora de 15.000 a 45.000 euros el importe que pagó a Leire Díez por labores de comunicación

El PSOE ha elevado de 15.000 a casi 45.000 euros el importe que pagó a la exmilitante socialista Leire Díez por labores de comunicación en Cantabria hace casi una década. La formación ha aclarado al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que hubo distintos periodos en los que ella estuvo a sueldo del partido cántabro, si bien estos años (de 2015 a 2017) no guardan relación con las pesquisas sobre la presunta actividad delictiva que, supuestamente, Díez desplegó entre 2024 y 2025 para entorpecer causas judiciales que afectaban a miembros del Gobierno o de la formación política en la que militaba. Este escrito se ha presentado en el juzgado de Madrid que acusa a Díez de delitos de cohecho y tráfico de influencias, en un asunto distinto al que llevó a la Audiencia Nacional a enviar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a requerir información en la sede de Ferraz el pasado miércoles. La formación ha ampliado así los datos que aportó en diciembre, cuando detalló, a petición del juez Zamarriego, su relación laboral con Díez, con el ex secretario de Organización Santos Cerdán y con el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. En aquel momento, el partido explicó que ella nunca ha ocupado ningún cargo orgánico en el PSOE, pero que se le había abonado 15.612 euros como periodista en el año 2017. El escrito presentado ahora —y al que ha tenido acceso EL PAÍS— tiene fecha de 15 de mayo, por lo que es anterior a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de enviar a la Guardia Civil a la sede federal del PSOE en la calle madrileña de Ferraz para requerir datos del partido. La causa que dirige el juez Pedraz investiga una operativa idéntica a la que tenía en el foco el juez Zamarriego desde antes del verano de 2025, por lo que las fuentes jurídicas consultadas explican que ambos casos van a terminar confluyendo en uno de los dos magistrados. El PSOE apunta que, “revisada y verificada” su documentación contable, ha comprobado que Díez prestó “servicios profesionales” como “asesora técnica en comunicación”. Fuentes de Ferraz relatan que inicialmente dieron la cantidad que constaba en las bases de datos del PSOE federal y que, para ampliar la información que se ha entregado al juez, requirieron más detalles al PSOE cántabro, que es la suma que han desmenuzado en este nuevo escrito. Según precisa el partido, Leire Díez trabajó “en calidad de trabajadora autónoma dependiente” para el PSOE de Cantabria entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, así como durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 7 de septiembre de 2017. En concreto, desglosa que desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2017 el partido le abonó 32.903 euros en 18 facturas que el PSOE también ha entregado al juez “en aras de la completa colaboración”. Posteriormente, hubo un segundo contrato vigente entre marzo y septiembre de 2017. En ese periodo hubo una “indemnización por la rescisión unilateral del contrato”; la cantidad bruta de todo fue 11.956 euros. Por tanto, el PSOE eleva la cifra de los pagos a Díez (en concepto de sueldo e indemnizaciones) a un total de 44.859,40 euros brutos. El juez Zamarriego había accedido a la petición de la asociación ultracatólica Hazte Oír que instaba a un requerimiento a los socialistas para que desglosaran exactamente las facturas y los pagos a Díez. El magistrado investiga si ella junto al empresario Javier Pérez-Dolset buscaron información de funcionarios de la lucha contra la corrupción para “malbaratar” causas que afectaban “a políticos y empresarios”, ofreciendo a cambio beneficios con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El magistrado Pedraz ha ampliado el foco de estas pesquisas y coloca a Cerdán como el motor de las actuaciones que Díez y Pérez-Dolset llevaron a cabo para, supuestamente, torpedear la acción de la justicia. Por ello, sospecha que el PSOE los últimos años pagó a Díez a través de terceras personas, por ejemplo, con la consultora del exsenador Gaspar Zarrías, que tuvo a sueldo a la exmilitante durante cuatro meses en 2024. El instructor de la Audiencia Nacional acordó la imputación de este exdirigente socialista el pasado 27 de mayo, aunque él ya había declarado en calidad de testigo el pasado 16 abril ante el juez Zamarriego y había explicado que contrató a Leire Díez para descubrir si el comisario José Manuel Villarejo estuvo en el germen de la causa de los ERE de Andalucía. Ese mismo día, el instructor pidió a la Policía Judicial que analizaran el pendrive de 32 gigabytes que había “aportado” y que determinaran si su contenido pudo haber sido objeto de “manipulación”. Los agentes le contestan ahora, en un oficio al que también ha tenido acceso este periódico, que —“debido a su naturaleza de almacenamiento y de no disponer de más elementos con los que cotejar”— “no se ha podido determinar” si la memoria USB sufrió o no “manipulaciones”.