El precio de las urnas: la inflación pasa factura

El resultado de las elecciones de mitad de mandato ha supuesto un duro castigo para Donald Trump y el Partido Republicano, que pierden el control del Congreso en favor de los demócratas. Más allá de otras motivaciones políticas, hay un denominador común que ha pesado especialmente en las urnas: la economía y, más concretamente, el coste de la vida. La célebre It’s the economy, stupid, que Bill Clinton convirtió en uno de los lemas de su campaña de 1992, vuelve a cobrar actualidad. Esta vez, sin embargo, el debate no gira tanto en torno a los grandes desequilibrios macroeconómicos como a una cuestión mucho más tangible para los hogares: cuánto cuesta llegar a final de mes. Si preguntamos a un economista por los principales problemas estructurales de Estados Unidos, señalaría el déficit público, el endeudamiento o los desequilibrios comerciales; pero para el votante estas cuestiones tienen una incidencia menos inmediata que la evolución de los precios. La Administración de Trump se enfrenta por tanto a una paradoja: el elevado coste de la vida fue uno de los factores que contribuyó a su victoria frente a Biden y vuelve ahora a convertirse en uno de sus principales puntos débiles. La presión de los aranceles y el encarecimiento energético asociado al conflicto con Irán han reavivado la inflación hasta el 3,7% y un bien de primera necesidad como la gasolina alcanza los 4,15 dólares por galón, lo que supone un incremento del 38% en el último año. Además, el problema no es exclusivamente la inflación, sino el encarecimiento acumulado del coste de la vida. El malestar económico de muchos hogares persiste porque los precios de bienes esenciales, vivienda, alimentación o energía se mantienen muy por encima de los niveles de hace años, mientras que los ingresos no han evolucionado al mismo ritmo. ¿Y ahora qué? ¿Cambiará el resultado electoral el escenario económico? El resultado electoral supone un cambio importante en el equilibrio institucional, pero probablemente sería un error interpretarlo como un cambio de régimen económico o de mercado. Estados Unidos deberá convivir los próximos dos años con un Gobierno dividido: una Casa Blanca republicana y un Congreso demócrata capaz de bloquear buena parte de su agenda legislativa, pero que no alterará automáticamente la política económica. Los primeros efectos del nuevo equilibrio político se deberían notar en el ámbito fiscal. El control demócrata del Congreso reduce considerablemente la capacidad de la Administración para aprobar nuevas rebajas fiscales o programas de gasto que requieran respaldo legislativo. Por su parte, los demócratas tratarán previsiblemente de frenar nuevos recortes en áreas como Medicaid e impulsar iniciativas relacionadas con el coste de la vida. Sin embargo, cualquier nueva propuesta deberá enfrentarse al veto presidencial, cuya superación requiere mayorías de dos tercios en ambas cámaras. El nuevo equilibrio institucional permitirá bloquear y condicionar, no tanto imponer una agenda económica propia. Sería prematuro anticipar una consolidación fiscal significativa: el déficit estructural, el creciente coste del servicio de la deuda y los compromisos presupuestarios existentes seguirán condicionando la financiación del Tesoro. Para la renta fija, el balance es ambiguo: una menor expectativa de estímulo fiscal podría reducir las rentabilidades de los treasuries, aunque los enfrentamientos presupuestarios y las negociaciones sobre la financiación del Gobierno pueden introducir nuevos episodios de volatilidad. El control del Senado es relevante al permitir a los demócratas controlar el proceso de confirmación de numerosos cargos públicos propuestos por el presidente. Esto afecta a instituciones con incidencia directa sobre los mercados, incluida la Reserva Federal. La Casa Blanca conservará la capacidad de realizar nominaciones, pero necesitará candidatos capaces de obtener suficiente respaldo político. En renta variable, el impacto debería ser más visible a nivel sectorial que sobre los índices generales. El ciclo económico, los tipos de interés y, sobre todo, la evolución de los beneficios empresariales seguirán siendo los principales determinantes de las Bolsas. No obstante, una mayor presencia demócrata en el Congreso podría reducir determinados riesgos regulatorios para el sector sanitario y las energías renovables, mientras que las entidades financieras podrían enfrentarse a un mayor escrutinio normativo. Uno de los puntos más delicados será la inteligencia artificial, cuya dimensión ya no es únicamente tecnológica, sino también energética, regulatoria y geopolítica. El desarrollo de centros de datos eleva las necesidades de electricidad, agua e infraestructuras, y con ellas el control político, aunque buena parte del riesgo regulatorio se concentra en los ámbitos estatal y local. Por último, un Congreso más restrictivo en el ámbito legislativo podría incentivar a Trump a concentrar sus esfuerzos en los terrenos donde conserva mayor autonomía. Esto incluye la política exterior y, especialmente, la comercial. El proteccionismo, la rivalidad tecnológica con China y la preocupación por las cadenas de suministro son tendencias que trascienden las diferencias partidistas y que difícilmente desaparecerán como consecuencia del resultado electoral. Estas midterm reflejan que la economía también se mide desde el bolsillo de los ciudadanos. Los votantes han castigado al Gobierno por no aliviar una de sus principales preocupaciones: el coste de la vida. Sin embargo, ese correctivo difícilmente cambiará sustancialmente el escenario económico estadounidense. Para los mercados, el resultado introduce nuevos focos de incertidumbre, aunque los verdaderos catalizadores seguirán siendo la evolución de los precios energéticos, el impacto de los aranceles, la fortaleza del consumo y las decisiones de la Reserva Federal. Los votantes han enviado un mensaje político claro, pero la economía estadounidense seguirá respondiendo, ante todo, a sus propios fundamentos. Iratxe Oria, Directora de inversiones en CBNK Gestión de Activos