El Tribunal Constitucional tiene que frenar la anomalía presupuestaria

La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Senado contra el Gobierno de Sánchez por incumplir de forma reiterada la obligación constitucional de remitir a las Cortes cada año un proyecto de Presupuestos Generales del Estado convierte al órgano de garantías en árbitro de una disputa institucional de hondo alcance. No se trata solo de dilucidar si el Ejecutivo de PSOE y Sumar está incumpliendo de manera reiterada la Carta Magna por llevar desde 2022 sin presentar unas Cuentas Públicas, abusando de la posibilidad de la prórroga presupuestaria y manteniendo la ficción de que se está trabajando en ello mediante el recurso tramposo de ir anunciando sucesivamente plazos cada vez más amplios para su presentación. La semana pasada volvió a hacerlo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al prometer que antes de final de marzo se aprobaría el proyecto presupuestario de 2026, que debía haberse presentado en septiembre de 2025 y para el que los distintos miembros del Gabinete han ido anunciado sucesivas fechas que no se han cumplido. Lo que sobre todo debe dilucidar el Constitucional es si con este proceder el poder ejecutivo está birlando al Legislativo la potestad conferida por la ley de leyes para analizar, debatir y enmendar las Cuentas Públicas de cada ejercicio, algo que ha sucedido en los años 2023, 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026. El manido recurso de la vicepresidenta María Jesús Montero de modificar los Presupuestos de 2023 mediante ampliaciones de crédito y reasignaciones de partidas le ha permitido gestionar las finanzas del Estado sin someterse a control parlamentario alguno. Una anomalía inadmisible en cualquier democracia occidental. Por eso, cabe exigir al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido que no haga lo mismo que ha hecho con la mayoría de las normas polémicas aprobadas por Moncloa, como la Ley de Amnistía elaborada a la medida de Puigdemont, la Ley de Vivienda que se arrogó las competencias autonómicas sobre la materia, o las normativas de Hacienda claramente abusivas con los contribuyentes. Esto es, aplicar el rodillo de la mayoría "progresista" que controla el Constitucional para resolver toda controversia jurídica en favor de los intereses de Sánchez. Esta vez no está en juego algo coyuntural, sino uno de los pilares de la estructura institucional de nuestro país como es el control parlamentario del uso que hace el Gobierno de los recursos aportados a las arcas públicas por todos los españoles mediante el pago regular de los impuestos que fija a su criterio el poder político.